Según las encuestas una mayoría social opina que el gobierno aplica un ajuste feroz e inoportuno, y está cada vez más enojada por ese motivo. Los aumentos de salarios por debajo de la inflación para el año que se inicia promovidos desde el Ejecutivo, y la eliminación de los principales programas de ayuda por la pandemia, el IFE y el ATP, son dos datos fuertes que fundamentan esta impresión.

Pero si uno consulta a empresarios y economistas, están más bien preocupados por lo contrario; porque se sigue gastando demasiado, se lo financia con emisión y no se hace nada contundente contra la inflación: no se aumentaron tarifas así que suben los subsidios y se abandona la meta de reducir el déficit fiscal, y tampoco se hacen otros cambios necesarios para arreglar bien y rápido con el Fondo, como para volver a los mercados de deuda, atraer inversiones y empujar el crecimiento.

Una de las dos visiones tiene que estar equivocada. O tal vez no. Tal vez lo que sucede es que tanto la opinión pública como los economistas ven una de las dos caras contradictorias que componen la política de gobierno, y que se corresponden con sus delicados equilibrios internos, y su incapacidad para decidirse por un rumbo más definido.

Ahora que, además de una inconsistencia económica, esta indefinición puede ser una fórmula política: un modo de encarar el año electoral, que tal vez no sea tan contradictoria como parece, y pueda funcionar, al menos en lo inmediato. Veamos.

El presidente y su ministro Guzmán parecieran decididos a hacer las veces de barrera contra la presión social, y la de la porción mayoritaria de su propia coalición, por más gasto público. Con lo que se presentan ante los pagadores de impuestos como su tabla de salvación contra medidas potencialmente muy dañinas para sus intereses: con esa idea en mente se esfuerzan por no perder contacto con los empresarios, los organismos internacionales de crédito y mostrarse flexibles ante sus reclamos. Como hicieron días atrás apenas se inició la protesta de los productores agropecuarios por el cierre de las exportaciones de maíz.

Todo eso lo hacen, conviene aclarar, al mismo tiempo que siguen subiendo impuestos, sumando nuevos tributos y elevando el peso de los ya existentes (como se está haciendo con ganancias, bienes personales, etc.). Su argumento es que, de no ser por el freno que ellos le ponen, ese curso de acción sería mucho más contundente y perjudicial para las empresas y las clases medias y altas. Y hay que creerles.

Porque del otro lado tenemos al kirchnerismo duro que reclama aumentar los gastos, como manda su manual de siempre, y manda con más fundamento y sentido de la oportunidad el criterio en uso a todos los gobiernos del mundo, reflejado en paquetes de ayuda monstruosos dirigidos a superar lo antes posible la recesión. Impedido por su propio enfoque ideológico de la cuestión de la deuda de financiar algo parecido, igual el kirchnerismo trata de empujar el carro en esa dirección: juntamente con más impuestos, presiona por más subsidios y más compromisos presupuestarios. Marco en el que se entienden los cambios introducidos por sus legisladores al proyecto de ley sobre la actualización previsional, con los que eliminaron parte del ahorro que el Ejecutivo planeaba hacer a costa de la clase pasiva. Y lo sucedido con la postergación sine die de los aumentos de tarifas, el freno al alza de los combustibles y la dilación y moderación del alza de las cuotas de las prepagas.

Todas esas decisiones tienen un claro sentido electoral: se pretende acelerar y fortalecer la recuperación del nivel de actividad en la primera mitad del año, sobre todo en el conurbano bonaerense, donde se vuelven a concentrar los subsidios (igual que se hiciera durante el anterior ciclo k) y reside el grueso del electorado del sector.

Los candidatos K podrían hacer campaña con un lema opuesto al de Alberto, presentarse como los que impiden que se practique un ajuste salvaje, como sucedería si se impusieran en la interna oficial otros sectores peronistas, incluido el que entorna al presidente y quiere seducir a los empresarios, o triunfara la oposición. No es una mala idea, y tan es así que no es nueva: muchas veces en el pasado candidatos peronistas han hecho campaña diferenciándose y hasta oponiéndose, más o menos abiertamente, a gobiernos ejercidos por, o a medidas atribuidas a, otros sectores de su propio partido. Los duhaldistas se cansaron de hacerlo marcando diferencias con Menem en los años noventa, y mal no les fue.

La necesidad y conveniencia de hacerlo es para los K particularmente intensa porque, con buen ojo, dudan de que la recuperación vaya a ser todo lo acelerada y extendida que hace falta, y porque esa falencia puede influir negativamente con particular fuerza en su coto de caza electoral, el conurbano.

Este año el kirchnerismo se juega su suerte, una vez más, en ese espacio. Donde las preferencias de los votantes suelen ser más volátiles que en los territorios controlados por el peronismo del interior.

Sobre todo el de provincias pequeñas y pobres del norte, donde sus caudillos de siempre suelen ganar llueve o truene, esté creciendo o achicándose la economía. Porque la influencia pluralista de los grandes medios es menor y los votantes no tienen muchas alternativas efectivas a las que dar su apoyo, porque igual la mayoría de ellos sigue dependiendo del presupuesto público para sobrevivir y a los candidatos de los gobernadores les es más fácil descargar culpas por los problemas económicos en la lejana gestión nacional.

Dada esta diferencia en el “riesgo electoral” que enfrentan las distintas facciones del oficialismo, y la influencia que puede ejercer en un eventual cambio de los equilibrios internos para lo que queda del mandato de Alberto, se entiende que el kirchnerismo esté haciendo lo imposible por nacionalizar las elecciones y por ampliar y concentrar todos los recursos de libre disponibilidad en manos del gobierno nacional, y también lo que se pueda manotear de los coparticipables, en su territorio, a costa de los demás gobernadores, propios y ajenos. Y se entiende también que estos gobernadores traten de frenar esa ofensiva e inclinar la balanza en su favor.

Para “desnacionalizar” las elecciones estos tienen varios recursos a la mano: uno es suspender las PASO y desdoblar los comicios para cargos provinciales y locales. De esa manera podrían concentrar su esfuerzo en hacer buenas elecciones distritales, y desentenderse de la suerte de las listas de diputados y senadores nacionales. El riesgo de que a estas les fuera mucho peor que a las suyas se volvería un exclusivo problema de Alberto y Cristina, y los caudillos locales tendrían más margen para negociar por recursos, y por candidaturas, su colaboración para evitarlo.

Una disputa similar se está produciendo en el propio territorio bonaerense, entre La Cámpora y los jefes tradicionales de los municipios. E involucra la ley que limita la reelección de los intendentes y el control de la conducción del PJ distrital. El kirchnerismo no tiene todas las de ganar en esa pelea, pero avanza.

Como los diputados nacionales que se renuevan son los que se eligieron en 2017, cuando al kirchnerismo bonaerense, compitiendo con una parte del aparato partidario, le fue muy mal, la posibilidad de que él sume bancas este año, en que van todos juntos, es alta. Aunque podría suceder que no tan alta si reaparece el peronismo disidente, que siempre en elecciones legislativas tiene más fácil competir. Y es un arma que sutilmente los jefes municipales se reservan para usar por debajo de la mesa. ¿Qué pasa entonces se los K ganan, pero no por mucho, con porcentajes bastante menores que los que el oficialismo obtendría en Tucumán, en La Rioja o Chaco? Su control del Congreso se resentiría, y también el control de la nominación de candidatos para 2023, cuando se disputará el poder, todo el poder, dentro y fuera del peronismo.

En conclusión, y volviendo a nuestro problema inicial, ¿existe alguna posibilidad de una política económica más consistente en el marco de las disputas políticas que atraviesan a la coalición gobernante? No. Y aunque esto tenga cierta lógica, y hasta utilidad en relación a su competitividad electoral, no las tiene para los fines que persigue la propia gestión de la economía. Porque la inconsistencia de sus medidas vuelve estéril todo esfuerzo por mostrar responsabilidad y prudencia, “tranquilizar” como pretende Guzmán. La desconfianza continúa signando las conductas de los demás actores, internos y externos, el acuerdo por la deuda se dilata, o se degrada a un eventual “entendimiento provisorio”, las inversiones se demoran y el empleo sigue planchado. Mientras, la inflación se acelera, con cierto retardo, todo lo que la emisión la alimentó desde el inicio de la cuarentena.

Obviamente Cristina y los suyos podrán hacer de todos modos un buen papel electoral, “defendiendo” a los sectores bajos, incluso de su propio gobierno. Pero de lograrlo recrearán, en muy malas condiciones, la paradoja que su proyecto nos ofrece desde hace años: indiscutibles éxitos políticos acompañados de cada vez peores resultados económicos.