Los acuerdos de precios y salarios no son una respuesta eficaz y suficiente a la inflación. La experiencia histórica lo acredita.

Pueden resultar útiles durante un tiempo para moderar la inercia de los precios. Las remarcaciones en función de mayores costos de reposición esperados y la indexación de la economía.

Los ensayos exitosos fueron un complemento de planes antiinflacionarios integrales, orientados a poner en caja el déficit del Estado y la emisión monetaria. Y a conseguir una estabilidad cambiaria, con reservas suficientes para sostenerla y cierta flexibilidad para absorber el impacto de las crisis externas.

Nada de eso funciona sin inversiones que eleven la competitividad de la economía. Para exportar más y proveer esas divisas. Para competir con importaciones que contengan los precios y suban la cara de la calidad. Y para incrementar la productividad. O sea, aumentar la producción con la misma dotación de recursos. Sin este requisito, todo aumento de salarios es ilusorio, porque sólo puede solventarse trasladándolo a precios.

Israel es un ejemplo exitoso de cómo desarmar la inercia en la suba de precios, mediante acuerdos transitorios entre empresarios y trabajadores. Pero se edificó sobre los cimientos de un programa de fondo para corregir los desequilibrios estructurales que generan la inflación.

La agenda que el gobierno argentino propone a empresarios y trabajadores es menos ambiciosa: administrar una coyuntura compleja en lo económico y lo político.

El ministro Guzmán dijo que los sueldos deberían aumentar más que la inflación. Tal la fórmula que prescribió Cristina desde la tribuna de La Plata, vinculándola de manera explícita con las urgencias electorales del oficialismo.

Más allá de los números que se discutan, el objetivo no es sostenible en el tiempo si persiste la desinversión privada, que acentúa la caída en la productividad. Y si, como adelantó el ministro Kulfas, se atrasa el dólar para anclar los precios resignando competitividad.

Tampoco existe un compromiso de reducción del déficit del Estado y de la emisión de pesos para financiarlo, consistente con una baja de la inflación.

Bajo estas condiciones, el pacto que se propone a empresarios y sindicalistas promete, en el mejor de los casos, un alivio efímero. El gobierno aspira a estirarlo por lo menos hasta las elecciones de medio término.

Octubre es una escala crucial para la consolidación del proyecto que lidera Cristina Kirchner. Necesita más diputados y senadores para su intento de revertir las desventuras judiciales. Y precisa un triunfo electoral, para legitimar el sueño de una sucesión que asegure el legado hegemónico del kirchnerismo.