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Esta mañana, la Fundación Apolo, a través del Equipo de Activismo Judicial que lidera José Magioncalda, presentó una denuncia ante la Oficina Anticorrupción contra el ministro de Desarrollo Social de la Nación, el licenciado Daniel Arroyo, y contra otros funcionarios por la presunta violación de las normas de ética pública y la posible malversación de caudales públicos.
En el escrito, que lleva las firmas de los abogados José Magioncalda, Juan Martín Fazio, Romina Torre y Esteban Sojae, se sostiene que el Estado Nacional, a través del Ministerio de Desarrollo Social, otorgó a la organización Federación de Cooperativas de Trabajo Trabajadores de la Economía Social Limitada (FeTraes) más de cuarenta y nueve millones de pesos en concepto de «programas sociales».
En la denuncia, se cuestiona que la FeTraes se dedicó a producir y a comercializar (por un valor de ARS 300), cerca de las Fiestas 2020/2021, el autodenominado «pan dulce peronista», que incluye en su envase de presentación una foto de distintas personalidades partidarias del peronismo, algunas de las cuales hoy permanecen en actividad.
La Fundación Apolo recabó los datos del caso a través de un pedido de acceso a la información pública y advirtió que el Ministerio y sus funcionarios competentes debieran estar al tanto de los productos que generan las organizaciones subsidiadas y, en este caso, de lo que produce la organización FeTraes. Asimismo, se desprende de la investigación realizada que, claramente, el presidente de FeTraes, Eduardo Montes, ha utilizado la producción y venta de este alimento para hacer propaganda política partidaria.
De hecho, la organización que él lidera ha adherido a diferentes convocatorias, como la del pasado 16 de enero en el Palacio de Justicia, donde se arrojó basura sobre la vía pública en repudio a uno de los poderes de la República Argentina. Incluso, los mencionados productos no solo se comercializaron a través de la entidad beneficiaria del subsidio (que se presenta como una «cooperativa»), sino también a través de diferentes agrupaciones partidarias peronistas, como lo es La Cámpora, y al mismo precio.
Así entonces, la Fundación Apolo sostiene en el escrito que existen serios indicios para afirmar que, mediante una confusión antirrepublicana de Estado y partido político, se ha utilizado un programa oficial del Gobierno para promocionar no solo a una facción política que no representa a toda la sociedad en su conjunto, sino también a personajes peronistas del pasado y a algunos dirigentes y funcionarios actualmente en actividad, como lo es el propio Presidente de la Nación, la Vicepresidenta y el Gobernador de la Provincia de Buenos Aires. Por lo expuesto, se denuncia la norma vulnerada (Ley de Ética en el Ejercicio de la Función Pública), pues «los sujetos comprendidos en esta ley se encuentran obligados a […] velar en todos sus actos por los intereses del Estado, orientados a la satisfacción del bienestar general, privilegiando de esa manera el interés público sobre el particular».
La destinación de fondos públicos —otorgados originalmente con una finalidad social— a una actividad claramente proselitista de notoriedad pública torna imprescindible que se investigue a las autoridades correspondientes y a quienes debieron controlar las actividades productivas que, evidentemente, se desnaturalizaron ante la pasividad cómplice del Estado Nacional.
La Fundación Apolo solicitó a la OA que iniciara la investigación de los hechos denunciados y que se impulsaran sanciones a los funcionarios responsables de los ilícitos denunciados.