El plan de colonización judicial sigue viento en popa. Ahora el cristino-chavismo logró convalidar el nombramiento de Alejo Ramos Padilla (sí, sí, el mismo juez que sirvió de ariete para el Operativo Puf con sede en Dolores desde el cual se intentó, con el armado de una causa que pretendió involucrar al fiscal Carlos Stornelli, voltear la causa “Cuadernos” que había tramitado en su etapa de instrucción en el juzgado del fallecido juez Bonadío) como titular del principal juzgado electoral del país -el 1 de La plata- con jurisdicción sobre el territorio electoral más extenso de la Argentina.

Cualquier denuncia, irregularidad o sospecha sobre una cuestión electoral en la provincia de Buenos Aires será decidida de ahora en más por un soldado de Cristina Fernández.

Alejo Ramos Padilla es hijo de Juan maría Ramos Padilla que integró, como voluntario, junto a José Pérez Villalobos y Alicia Nodi, el tribunal Oral Federal de Santiago del Estero para juzgar delitos de lesa humanidad ocurridos en los años ’70 en esa provincia.

Nodi fue miembro de una organización guerrillera y su pareja figura como desaparecido. Los tres son miembros de Justicia Legítima y fueron denunciados por varios delitos en el desempeño de sus funciones, entre ellos la revocación de la detención domiciliaria de militares enfermos que fallecieron luego de que fueron obligados a volver a la cárcel. También fueron llamados a prestar declaración indagatoria por graves delitos, pero la Cámara Federal de Tucumán anularía estos llamados haciendo lugar a una apelación ilegal, toda vez que no estaba prevista en la ley procesal.

También fueron archivados los pedidos de juicio político por haber transcurrido tres años desde su presentación sin que el Consejo de la Magistratura -de mayoría automática kirchnerista- se expidiera.

Ramos Padilla es el mismo juez que en aquella causa inventada por Eduardo Valdez y Roberto Baratta, procesó al periodista Daniel Santoro por considerarlo integrante de una organización ilícita de espías.

La causa se cayó porque no tenían una sola prueba que la justificara, pero, en el mientras tanto, sirvió para introducir una cuña de dudas sobre la integridad del fiscal que había reunido una apabullante evidencia testimonial y documental contra Cristina Fernández.

El caso de Ramos Padilla no es más que la continuidad del plan de copamiento de los estrados judiciales y de las fiscalías que componen el Ministerio Público como en todos los organismos que resulten vitales a los fines de la subversión de la historia y de los valores tradicionales de la Argentina.

Un caso curioso en ese sentido los constituye otro nombramiento, en este caso en el Ministerio de Defensa, de nada más y nada menos que una ciudadana inglesa, Natalia Federman.

Federman llega a ese lugar de la mano de Nilda Garré, actual funcionaria de dicho ministerio a cargo del Centro de Estudios Estratégicos para la Defensa y la Seguridad Manuel Belgrano.

Federman es hija de Andrés Federman y Diana Tussie que, como consecuencia de sus actividades terroristas en los ’70 se habían exiliado en Inglaterra (sí, sí, leyeron bien: Inglaterra… O sea, “seremos socialistas y revolucionarios pero no somos pelotudos para elegir adónde ir a vivir”). Natalia nació allí y ahora se desempeña como Directora de Programas de la Dirección Nacional de Derechos Humanos y del Derecho Internacional Humanitario de la Secretaría de estrategia y Asuntos Militares del Ministerio de Defensa, nombramiento que requirió la firma de dos decretos de excepción en los que se invocaron sus “conocimientos, experiencia e idoneidad” para superar el obstáculo de ser ella una ciudadana británica (también, muy revolucionaria pero mi “British Passport” no lo renuncio ni a palos).

El padre de Federman había militado en las Fuerzas Armadas peronistas y al regresar al país, fue durante 20 años jefe de prensa de la Embajada Británica en Buenos Aires. La madre fue investigadora de la FLACSO (facultad Latino Americana de Ciencias Sociales) donde hizo publicaciones en conjunto con Carmen María Wagner, la segunda esposa de Horacio Verbitsky.

El plan de infiltrar el poder judicial con soldados de Justicia Legítima, el CELS y La Cámpora sigue adelante.

En otro de esos pasos el presidente lacayo remitió al Senado el pliego de Roberto Boico, que fue abogado de Cristina Fernández y de Oscar Parrilli, para ocupar un lugar en la Cámara Federal de la Ciudad de Buenos Aires que es la instancia donde se revisan la principales investigaciones de corrupción que involucran a funcionarios del kirchnerismo en varios delitos.

A ese mismo tribunal regresó esta semana, con ansias de revancha, el juez Eduardo Farah que había sido trasladado durante el gobierno de Mauricio Macri.

Por otro lado, el Consejo de la Magistratura acelera los trámites para reemplazar a los jueces Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi que habían emitido fallos intermedios contrarios a los intereses de Cristina Fernández.

Cuando queramos darnos cuenta, tendrán todo en sus manos: la maquinaria para seguir robando y la que se precisa para mantenerse impune. A eso vinieron. No ahora, sino desde el 2003. Y como la rana hervida de a poco, nosotros se lo hemos permitido.