El gobierno está usando la excusa del coronavirus para manipular el cronograma electoral. Faltan todavía casi siete meses para las elecciones Paso, en agosto, pero al gobierno no le importa absolutamente nada más que las elecciones.

Se entiende. Tiene dos motivos para evitar a toda costa perder las elecciones. Uno, es que si pierde va a ser más difícil copar la Justicia y hacer que mueran las causas que afectan a Cristina Fernández y los suyos. Y, además, si las pierde, se le complicará la reelección a Alberto o la aspiración presidencial a Máximo Kirchner o Axel Kicillof.

Por eso la apuesta central del gobierno es que los argentinos votemos lo más tarde posible. Quieren alejar la elección todo lo posible de la crisis económica. Suponen que lo peor se va a dar el próximo semestre y que lo mejor del rebote económico se va a ver en el segundo semestre. Cuanto más cerca del fin de año se vote, mejor para el Gobierno.

Por eso, no dudan en manipular la ley electoral -una ley que debería ser sagrada y que las democracias respetables no andan zangoloteando cada año para acomodarla al gusto de un partido que quiere ser único, como es el caso del kirchnerismo-.

Para lograrlo, proponen cosas que parecen engañosamente distintas. Por ejemplo:

1- Los gobernadores PJ quieren suspender las Paso de agosto y directamente votar la general en octubre (lo mismo quieren gobernadores de Cambiemos que también creen que se van a beneficiar cuanto más tarde se voto).

2-Alberto Fernández necesita que las Paso se hagan para obedecer la orden de Máximo, que necesita las internas abiertas para ganarles a los intendentes del conurbano y evitar que luego estos lo traicionen yendo por fuera del PJ con otros sellos. Por eso la Casa Rosada ha sugerido aplazar las dos elecciones: las Paso y las Generales.

3- El kirchnerismo duro sugiere que al mismo tiempo se vote la interna abierta y la general. La forma de concretar el absurdo de hacer la interna y la general al mismo tiempo se llama ley de Lemas. Es el vergonzoso sistema que usaba por ejemplo Tucumán para transformar las elecciones en un campeonato de demagogia, punteros y clientelismo.

Las tres parecen cosas distintas. Pero no lo son. Lo que tienen en común es que, en cualquier caso, implican postergar la elección general, atrasarla, para “despegarla” del momento en que se llegará a lo peor de la crisis, según el gobierno.

El problema es que ese cálculo tal vez no sea correcto. El gobierno también decidió que va a postergar cualquier ajuste hasta las elecciones. Por eso al mismo tiempo están también pateando para adelante el acuerdo con el FMI. No quieren nada que les ate las manos en el festival de los subsidios con billetes de mentirita.

Pero eso puede ser un error. Porque, cuánto más posterguen el ajuste, más pesos sin respaldo van a tener que emitir, más inflación van a generar y más medidas policiales van a tener que tomar contra quienes trabajan e invierten para reprimir la suba de los precios.

En definitiva: el gobierno puede forzar que se vote en diciembre, si quiere. Pero en diciembre el riesgo de que la bomba le estalle en las manos va a ser mayor que en agosto. Y la bomba va a ser más grande.

La desesperación por suprimir la posibilidad de alternancia que implica la democracia y por garantizar la impunidad judicial lleva al gobierno a duplicar los riesgos. Pero eso no les importa. Parecen preferir que estallemos antes que respetar las reglas de juego democrático.