El Ministro de Salud de la Nación fue despedido cuando se hizo público que tenía una sala de vacunación para el Covid-19 donde atendía allegados. Quienes contaban con la anuencia del entorno del funcionario podían acceder, sin turno ni espera, a la vacuna. Dada la acuciante escasez de vacunas y las dificultades de la población para acceder a ellas, esta conducta causó mucha irritación lo que terminó con el pedido de renuncia. 

El hecho no se hizo público por una investigación sino porque uno de los beneficiarios, un reconocido periodista de investigación, manifestó que por ser amigo del ministro accedió de manera simple y rápida a la vacuna. El rasgo más notable de la anécdota es la naturalidad con la que el periodista, que siempre buscó identificarse con los principios de igualdad ante la ley, aceptó el trato privilegiado por tener una relación personal con el funcionario.  

Más allá de que las vacunas generan una especial sensibilidad, cabe preguntarse cuán natural es la distribución de favores en el sector público. Si bien no se dispone de información certera, hay indicios muy sugerentes. Por ejemplo, el Instituto para el Desarrollo Social Argentino (IDESA), tomando datos del Ministerio de Trabajo para los años 2012 y 2020, pudo observar que:     

• El empleo registrado en relación de dependencia en empresas privadas pasó de 6,0 a 5,8 millones de personas.

• El empleo público de planta pasó de 2,6 a 3,2 millones de personas. 

• Es decir que, mientras el empleo formal en empresas privadas cayó en -200 mil personas, el empleo público de planta aumentó en 600 mil personas.

Estos datos muestran que mientras en el sector privado los buenos empleos escasean, en el sector público se multiplican. Dado que la entrada al empleo público no se hace a través de concursos ni métodos rigurosos de selección, es un claro indicio de que en la gestión de los recursos humanos del Estado prevalece el mismo favoritismo que con las vacunas. Ante la escasez de empleos privados, los funcionarios distribuyen favores designando discrecionalmente miles de empleados públicos.

Esta naturalizada la idea de que el funcionario tiene derecho al uso discrecional de los recursos públicos. Lo que pasa con las vacunas se viene dando desde hace mucho tiempo en los tres niveles de gobierno con la designación y ascenso de los empleados públicos. En un contexto donde escasean los empleos privados de calidad, se potencia la presión para que el funcionario “generosamente” designe al amigo o al conocido del amigo. Como consecuencia, se pierde el horizonte de la función pública. En lugar de trabajar para multiplicar los empleos privados de calidad, las energías se colocan en atender los pedidos de los conocidos. En el caso del COVID, en lugar de movilizarse para conseguir más vacunas y hacer más eficiente el plan de vacunación, las energías se usan para vacunar a los amigos del poder.

El favoritismo con las vacunas es altamente sensible por los sufrimientos y los temores que produce la pandemia. Pero hacer favores designando empleados públicos produce mucho más daño a la sociedad. En no más de un par de años se masificarán las vacunas contra el Covid con lo cual el acceso dejará de ser un problema. La designación de empleados públicos tiene consecuencias por décadas ya que están protegidos por la estabilidad. Un empleado público joven cobrará 30 años de sueldos, 20 años de jubilaciones y su cónyuge 10 años de pensión por sobrevivencia. De manera aproximada, un empleado público con un salario promedio ($70.000) le implica al Estado un gasto de $50 millones de salarios y jubilaciones que el Estado se compromete a pagar. 

El caso de las vacunas es apenas un botón de muestra de una práctica muy arraigada y aceptada, no sólo por los dirigentes, sino también por gran parte de la sociedad. Se declama por un Estado presente, pero se actúa por un Estado al servicio de los intereses personales.