En medio de una fuerte ofensiva del Gobierno sobre la Justicia, a través de distintas designaciones de jueces afines al kirchnerismo en puestos claves y hasta de una avanzada sobre la propia Corte Suprema, trascendió en las últimas horas que la poderosa ANSES (Administración Nacional de la Seguridad Social) comenzó a enviar una resolución a cerca de 200 jueces y fiscales con el trámite de jubilación ya iniciado para que presenten su renuncia en 30 días y dejen el cargo, o de lo contrario se iba a rever la situación de cada uno de ellos.

Resulta paradójica esta exigencia cuando el organismo previsional aún tiene aproximadamente 80.000 expedientes de reajustes de jubilaciones y pensiones con sentencia firme pendientes de ser liquidados. Y más de 250.000 juicios de jubilados y pensionados permanecen sin sentencia. A pesar de este incumplimiento, la ANSES es utilizada desde los tiempos de Amado Boudou como una caja para hacer política, un botín muy preciado por el kirchnerismo. Para confirmarlo, basta con repasar la Ley de Presupuesto para el ejercicio 2021: mientras que Educación tiene previsto partidas por $397.164.639.932, y Salud por $158.355.610.587, el Instituto de la Seguridad Social posee un presupuesto de $3.995.695.414.354.  

La intimación mencionada a los funcionarios judiciales es consecuencia de la nueva Ley que regula el régimen previsional de los funcionarios judiciales, que despertó mucha polémica al momento de su sanción. La misma eleva del 11 al 18 por ciento el aporte de jueces y fiscales al sistema previsional general, y si bien mantiene como tasa de sustitución el 82 por ciento móvil, el haber inicial de la jubilación se calculará sobre el promedio de las últimas 120 remuneraciones y no sobre el último sueldo, como era antes.

Además, la norma eleva la edad jubilatoria para los hombres que pasará de 60 a 65 años con una escala gradual que se completará en 2025, mientras que las mujeres del Poder Judicial mantendrán la edad jubilatoria de 60 años equiparada con el régimen general. Vale recordar un dato no menor: la Ley fue sancionada por el Senado el 12 de marzo de 2020, un día después que la OMS declarara pandemia al coronavirus y cuando el país sólo hablaba de la nueva enfermedad.

Aunque no son pocos los que estiman que en verdad la notificación de la ANSES, que nadie asegura haber recibido, se trató de una operación política de intimidación, un globo de ensayo, lo cierto es que la titular del organismo previsional, Fernanda Raverta, confirmó la noticia al señalar que “a partir de una nueva ley que está vigente en Argentina, por primera vez el ANSES va a empezar a liquidar a los jueces (SIC), por lo tanto había que generar una cantidad de instrumentos para poder generar hacer normas, resoluciones y demás para poder hacer eso posible”.

En este contexto, la designación de Raverta en un puesto tan estratégico y tan caro a los intereses kirchneristas, no parece casual. Luego de la salida de Alejandro Vanoli, por la mala organización del cobro de jubilaciones y asignaciones sociales en plena cuarentena, el Presidente Alberto Fernández designó a la ex candidata a Intendenta de Mar del Plata el 30 de abril, 45 días después de la aprobación de la cuestionada ley.

Raverta, tras recibirse de licenciada en trabajo social en la universidad pública de Mar del Plata, comenzó su carrera profesional en la Delegación de Menores de la ciudad, para luego recalar en la Secretaría de Desarrollo Social del municipio de General Alvarado, y por la Subsecretaria de Minoridad del Ministerio de Desarrollo Humano bonaerense. También se desempeñó en la subsecretaria de Niñez y Adolescencia del Ministerio de Desarrollo Social de la provincia (Delegación Región V). Entre 2011 y 2015 fue legisladora provincial y entre 2015 y 2019, diputada nacional. En 2010, fue jefa de la Unidad De Atención Integral (UDAI) de la Anses Mar del Plata, cargo que en la actualidad, casualmente, ocupa su marido, Pablo Obeid.

Hija de los militantes montoneros Mario Montoto, hoy devenido en empresario de la seguridad, y María Inés Raverta (desaparecida), Fernanda Raverta fue fundadora de H.I.J.O.S. Regional Mar del Plata en 1995. Y aquí aparece una extraña conexión: uno de los representantes legales de la agrupación fue César Sivo, abogado del ex titular de AFIP Ricardo Echegaray e instigador de la persecución judicial contra el juez provincial Pedro Hooft, acusado falsamente de “cajonear” hábeas corpus durante la última dictadura. La actual titular de la ANSES participó activamente en diversos “escraches” contra la familia del magistrado. Echegaray, con el patrocinio del Dr. Sivo, es querellante en la causa por presunto espionaje ilegal que instruye Alejo Ramos Padilla.

El promotor, asesor, y mentor de la candidatura de Raverta a la jefatura comunal de General Pueyrredón fue el ex diputado provincial Rodolfo “Manino” Iriart, un curioso personaje de la política local. Muy cercano al ex gobernador Daniel Scioli, y al hombre más poderoso de la ciudad, el empresario Florencio Aldrey Iglesias, uno de los vacunados vip, “Manino” fue designado por el Ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, como “coordinador de la Zona Atlántica COVID-19”, cuya función era estar a cargo de los controles a los ingresos a la ciudad balnearia durante la cuarentena. Enquistado desde hace años en los recovecos del Estado, fue nombrado hace pocos meses como integrante del Directorio del Correo Argentino, una empresa con 18 mil empleados y 1500 sucursales.

Iriart estuvo en la mira de la justicia por presuntos desvíos de fondos del Instituto Obra Médico Asistencial (IOMA) hacia la campaña presidencial de Daniel Scioli, sospechado de tener activa participación en la celebraración de convenios con distintas prestadoras, clínicas, institutos de análisis radiológicos, cadenas de farmacias, medicina de alta complejidad, y servicios de ambulancias. Y como Coordinador de los retenes, fue acusado de obligar a todos aquellos que ingresaban a la ciudad por fuerza mayor a hacerse un hisopado en un importante laboratorio privado de Mar del Plata, cuyo valor era de $5.800, debiendo ser abonado por el particular. “Manino” se defendió argumentando que era una forma de “proteger” a la ciudad.

Las aspiraciones de Fernanda Raverta de suceder a Guillermo Montenegro en la intendencia local están intactas. Así quedó demostrado con un hecho reciente: la titular de ANSES anunció en la ciudad que el organismo invertirá $ 100 mil millones para ampliar el puerto marplatense a través de la construcción de un nuevo espigón en el sector pesquero, a través del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS).

El FGS fue creado a través del Decreto N° 897 el 13 de julio de 2007. Fue el paso previo a la ley 26.425 promulgada el 4 de diciembre de 2008 que dispuso la unificación del Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones en un único régimen previsional público denominado Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA). En otras palabras, estableció que el total de los fondos administrados por las AFJP se traspasaran en especie al Fondo de Garantía de Sustentabilidad del Sistema Integrado Previsional Argentino. El mentor de aquella idea fue el procesado y condenado ex vicepresidente Amado Boudou.

El 29 de junio de 2016, el Gobierno de Mauricio Macri impulsó la sanción de la Ley  27.260 que creó el Programa Nacional de Reparación Histórica para Jubilados y Pensionados, con el objetivo de reajustar los haberes y cancelar deudas previsionales. El pago de los beneficios se efectúa con lo producido del Fondo de Garantía de Sustentabilidad del Sistema Integrado Previsional Argentino (FGS). Pese a lo allí establecido, y a que, según información pública, “a fines del tercer trimestre de 2020, el valor de la Cartera de Inversiones del FGS ascendía a $ 3,32 billones, lo cual representa un aumento de $ 402 mil millones, y del 13,8% respecto a fines del trimestre anterior”, hay más de 80.000 personas que aún no cobraron su reajuste.

Es que en el Presupuesto de la ANSES también se afirma que uno de los objetivos del organismo es “dinamizar la capacidad financiera del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) en el marco de un proyecto global de desarrollo con inclusión social, reorientando dicho Fondo a intervenciones dirigidas a la soberanía económica, el desarrollo de la sociedad y del mercado interno y preservando el valor de su patrimonio”. Aquí radica la llave que convierte al Instituto en un instrumento clave para hacer política.

Aunque el último 30 de diciembre la ANSES informó que se iban a pagar 2.885 sentencias favorables a jubilados y pensionados, se trata de una cifra irrisoria frente a los 80.880 expedientes pendientes que había al 15 de octubre, de acuerdo a un informe presentado por el propio Jefe de Gabinete Santiago Cafiero. Según la ley previsional, las sentencias firmes deben ser canceladas dentro de los 120 días, lo que incluye el pago de la retroactividad desde dos años anteriores al inicio del juicio y el reajuste de los haberes corrientes. Muy lejos de la realidad.

Con estos datos, resulta extraño que la ANSES intime a jueces y fiscales para que se jubilen. Más bien, parece una nueva forma de usar el organismo por parte del kirchnerismo. Y para ello es necesario tener al frente del mismo alguien de entera confianza.

“Creo que Raverta es rehén de la historia de sus padres. Y en función de su militancia, está siendo usada por ser confiable y manejable desde lo personal por los mayores popes k que están en otros negocios y tienen otras aspiraciones”, cuenta un reconocido periodista de la ciudad que la conoce bien.

Un importante funcionario judicial se muestra un poco menos ortodoxo para definirla: “Le faltan luces. Por eso la pusieron en ANSES, para manejarla. Es una de las grandes cajas, con la plata de la ANSES hacés lo que querés”.