Un informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso de la Nación (OPC) reveló que la brecha de ingresos entre los más ricos y los más pobres aumentó significativamente en 2020, lo que pone a Argentina más lejos de cumplir uno de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de Naciones Unidas. 

El ODS 10 busca reducir las desigualdades dentro y entre países. En 2016, Argentina adoptó cuatro metas para su cumplimiento, a conseguir hasta el año 2030: lograr el crecimiento de los ingresos del 40% más pobre de la población, promover la inclusión social, económica y política de todas las personas, garantizar la igualdad de oportunidades, y reducir la desigualdad de resultados. Lejos de estas metas, mientras que en 2016 el 20% de los hogares más ricos tenía ingresos que representaban casi 10 veces el del 20% de los hogares más pobres, en 2020 la distancia se amplió, ascendiendo a 13. 

Para realizar la medición el organismo tomó cuatro variables: la brecha de ingresos, la proporción de personas que viven por debajo del 50% de la mediana, un indicador de discriminación y el coeficiente de Gini, habitualmente utilizado para medir el ingreso per cápita familiar de manera que permita la comparación entre países. 

El informe muestra que la desigualdad de ingresos presentó una leve mejora hasta el año 2018 y un cambio de tendencia a partir de 2019, con un aumento significativo en el año 2020. Según el mismo, esto se debe principalmente a los efectos de la pandemia por COVID-19 y a un contexto económico inestable previo. Además, la OPC calcula que en Argentina, entre los años 2016 y 2020, dos de cada diez personas tuvieron ingresos inferiores a la mitad de la mediana. En este sentido, la cantidad de dinero que obtuvieron mostró una constante disminución, especialmente entre 2017 y 2018.

Por otro lado, el organismo advierte que la variable necesaria para medir el índice de percepción de la discriminación no es posible de ser actualizada dado que la encuesta de opinión realizada por el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI) data de 2013.

Además, el informe de la OPC releva las políticas llevadas a cabo por el Estado nacional que repercuten directa o indirectamente en la concreción del ODS, dado que contribuyen en la redistribución de ingresos, garantizan la igualdad de oportunidades, reducen prácticas discriminatorias, y promocionan medidas orientadas a grupos vulnerados. Entre ellas destaca las realizadas por la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), siendo las de mayor relevancia, las prestaciones previsionales del régimen de reparto y por Moratoria Previsional, las asignaciones familiares y la Asignación Universal para Protección Social y el Ingreso Familiar de Emergencia, implementado durante la pandemia. Además, destaca el Programa Potenciar Trabajo, de Inclusión Socio-Productiva y Desarrollo Local, bajo la órbita del Ministerio de Desarrollo Social.

Según el informe, el gasto directo del Estado en el cumplimiento del ODS 10 totalizó $2.846.445 millones y el gasto indirecto $353.762 millones al mes de noviembre de 2020, registrando un aumento en comparación a 2019.