En muy pocas cosas podrían ponerse de acuerdo el presidente Alberto Fernández con su par brasileño, Jair Bolsonaro. Pero si algo los une es la inquina contra el laboratorio Pfizer.

En Argentina se dio el hecho insólito de que el Estado argentino a través del Ministerio de Defensa puso a disposición el Hospital Militar para que el laboratorio multinacional en conjunto con Biontech hiciera ensayos clínicos para testear la efectividad de la vacuna en fase 3. Cerca de 4.500 voluntarios participaron de las pruebas, que se completaron, con la expectativa de que Pfizer le otorgaría preferencias a Argentina. Pero luego el gigante farmacéutico estadounidense endureció su posición comercial y dejó pedaleando en el aire al Gobierno argentino.

Resignado ante negociaciones que a esa altura de habían empantanado de forma irreversible, el entonces ministro de Salud Ginés González García, que meses más tarde sería desplazado por un escándalo de vacunación VIP a allegados al Gobierno- hablaría de "condiciones inaceptables" por parte de Pfizer.

Lo mismo ocurrió en Brasil, que albergó pruebas de experimentación para la vacuna de Pfizer sin poder hacer un usufructo posterior. "Han sido más duros que nosotros", admitió.

Bolsonaro, que advirtió que la compañía farmacéutica requirió existe una "cláusula" que la exime de "toda responsabilidad" ante "posibles efectos colaterales" de su fórmula. Indemnidad absoluta contra cualquier reclamo civil en la Justicia.

Una investigación periodística liderada por el Bureau of Investigative Journalism publicada en el sitio Ojo Público de Perú reveló que en Argentina y Brasil, Pfizer exigió que los activos soberanos de esos estados se pusieran como garantía para cubrir posibles costos futuros. El concepto de "activos soberanos" es amplio y abarca desde edificios de embajadas y consulados, pasando por bases militares, aviones y barcos hasta reservas internacionales de valor.

En nuestro país, Pfizer fue todavía más lejos y llegó a pedirle al Gobierno de Alberto Fernández que contratara un seguro internacional para afrontar posibles casos futuros contra la empresa. Ese pedido fue aceptado a regañadientes por las autoridades argentinas, e inclusive se le ofreció a la multinacional pagar por adelantado millones de dosis.

En otra concesión, el Gobierno hizo votar una ley en el Congreso que garantizaba la indemnidad del laboratorio ante cualquier reclamo futuro por efectos adversos. Pero la exigencia de poner como garantía los activos soberanos fue la gota que rebalsó el vaso y que pateó la mesa de negociaciones. "Pfizer se portó mal con Argentina", resumió González García.

Ningún otro laboratorio internacional se atrevió a plantear este tipo de condicionamientos a los países de Latinoamérica. A diferencia de Argentina y Brasil, otros países del continente sí avanzaron con la vacuna de Pfizer, y se desconoce si los términos del contrato incluyeron esas mismas cláusulas abusivas. Chile, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, México, Panamá, Perú y Uruguay son los países en los que la firma farmacéutica estadounidense desembarcó con lotes de su vacuna.

"Intimidación de alto nivel", fue la caracterización que un funcionario utilizó para describir el modus operandi de Pfizer, según reproduce Ojo Público. El abuso de poder tiene que ver con que la vacuna contra el coronavirus es un bien que escasea en el mundo, y por eso Pfizer se puede dar el lujo de exigir condiciones que van más allá de cualquier parámetro ético.