“Se propone como medida de instrucción librar oficio para que se informe documentadamente acerca tanto de la cantidad de dosis efectivamente recibidas hasta el momento, como de las distribuidas y aplicadas, debiéndose indicar con precisión los destinatarios de las mismas y su pertenencia a los grupos de riesgo”.

El pasado 22 de febrero, el Ayudante Fiscal Javier Pettigiani, representante del Ministerio Público de la provincia de Buenos Aires, presentó ante la Fiscalía de Delitos Económicos de Mar del Plata una denuncia penal solicitando que se informe adecuadamente y en detalle la cantidad y la identidad de las personas vacunadas contra el coronavirus en el Distrito. Los destinatarios del petitorio son la Región Sanitaria VIII y el PAMI local.

El territorio bonaerense está dividido en 12 zonas sanitarias. Cada una de ellas posee un Director que depende del gobierno provincial, y abarca diferentes municipios. Mar del Plata pertenece a la Región VIII, cuya máxima autoridad es el Dr. Gastón Vargas.

Luego del escándalo por la revelación de la “vacunación vip”, y que trascendieran previamente irregularidades con la aplicación de la vacuna en ciudades como Comodoro Rivadavia, Comandante Luis Piedrabuena, San Nicolás y Chivilcoy, entre otras, desde desaparición de dosis hasta inoculación a jóvenes de entre 18 y 30 años, los ojos se posaron sobre la faraónica provincia de Buenos Aires. En las últimas horas, el diario Clarín reveló que fueron vacunados estudiantes universitarios que trabajan en un call center de detección precoz del Covid-19 diseñado por el Gobernador Axel Kicillof junto a 29 universidades nacionales, entre ellas, la de Mar del Plata.

Por extraño que parezca, en la ciudad balnearia, una de las más grandes del país, no se cuenta con información pública sobre la cantidad exacta de dosis arribadas. De acuerdo a una reconstrucción hecha en base a recortes periodísticos, llegaron 4 tandas: el 29 de diciembre, fueron 900; el 11 de enero, 1350; el 18 de febrero, 3000, y el 23 del mismo mes, otras 3000 de la Covishield. En total serían 8250 vacunas. En la Sala de Situación del Ministerio de Salud bonaerense, único espacio al cual se puede acceder para conocer algún tipo de información, se afirma que hay en General Pueyrredón exactamente 12038 personas vacunadas, 9473 con la primera dosis, y 2565 con la segunda. Durante el fin de semana del 27 y 28 de febrero apenas se vacunaron 30 personas, de acuerdo a la propia web provincial. Con estas cifras, hay más vacunados que vacunas.

Pero la cantidad de sueros arribados es imprecisa. Es por ello que el Dr. Pettigiani formula su denuncia penal. Ni siquiera el propio Gastón Vargas, Director de la Zona Sanitaria, puede precisar con exactitud la información requerida. El funcionario provincial detalló que “llegaron 500 dosis por puesto de vacunación, están llegando a los hospitales, y también a la Región Sanitaria, con lo cual estimamos que tenemos un arribo de unas 3 mil dosis en estos días”, adelantando quese espera “un número similar con la Sinopharm, que ya se autorizó, y va a llegar una cantidad de dosis importante”. Un avión con casi un millón de dosis de la vacuna procedente de China llegó en la noche del jueves al país.

A partir de la denuncia penal, personal de la Fiscalía General de Mar del Plata se presentó el 24 de febrero en el edificio de la Región Sanitaria VIII, a fin de diligenciar el oficio correspondiente para el requerimiento de la denuncia penal. Allí, Gastón Vargas aseguró que no posee la información solicitada, “explicando que respecto de la vacunación por el Covid-19, directamente se maneja por plataforma informática desde el Ministerio de Salud en la ciudad de La Plata”, de acuerdo a lo que reza el informe presentado por la Fiscalía interviniente.

Asímismo, el funcionario provincial resalta que “el lugar de vacunación se tramita y se organiza” desde el mencionado Ministerio, indicando que “las dosis no pasan por la Región Sanitaria, sino que son traídas” desde la capital provincial. En otro momento de su declaración, señala que él “sólo puede acceder a una plataforma online con su clave personal, donde solamente puede observar cantidad numérica de las personas que recibieron las dosis y las personas que están anotadas, no teniendo por este medio ningún dato personal”. Resulta cuanto menos llamativo que el principal delegado del Gobierno bonaerense en la ciudad de Mar del Plata en materia de Salud no conozca la lista de vacunados.

La elección de los centros de vacunación en el distrito son bastantes controvertidos: el Museo de Arte Contemporáneo (MAR), la Facultad de Arquitectura del complejo de la Universidad Nacional de Mar del Plata (UNMdP), la sede del Ministerio de Trabajo del Consorcio Portuario y la Unidad de Refuerzo Sanitario que fue inaugurada en el predio del Hospital Interzonal General de Agudos. A excepción de este último, no se comprende a ciencia cierta la elección del resto, teniendo el Municipio 33 Centros de Atención Primaria de la Salud. Es decir que la Municipalidad, a cargo de Guillermo Montenegro, prácticamente no interviene en la distribución de las vacunas.

Quienes sí lo hacen son dos organismos con marcada presencia de la organización “La Cámpora” en sus cargos jerárquicos: IOMA y el PAMI. El Instituto de Obra Médico Asistencial, la obra social más grande la provincia, está a cargo del Dr. Homero Giles, un médico recibido en la Escuela Latinoamericana de La Habana, Cuba, y perteneciente a La Cámpora. IOMA está organizado en 14 Direcciones Regionales y 192 oficinas de atención. Mar del Plata pertenece a la dirección “General Pueyrredón VIII”

El Director Regional es Santiago González, un hombre del riñón de la ex candidata a Intendenta por el kirchnerismo y actual Titular de ANSES, Fernanda Raverta. Licenciado en Psicología, hasta su designación se desempeñaba en la plata permanente del Municipio desde julio de 2012 como Jefe de Salud Mental.

La obra social tiene a cargo en Mar del Plata la campaña de vacunación para docentes y policías, para lo cual está prevista la apertura de tres sedes para ampliar la capacidad de vacunación: el centro de salud del Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de Buenos Aires (Suteba); la seccional local de Suteba, y la sede del Sindicato Argentino de Docentes Privados (Sadop). No son pocos los que se sorprenden con la elección de IOMA como organizador de la vacunación. De hecho, corrió el rumor que en su sede central se vacunaron por fuera del sistema no menos de 100 personas.

Por su parte, el Director Ejecutivo de la UGL XI Mar del Plata del PAMI es Fernando Mogni, designado para el cargo por la propia titular de la obra social de los jubilados, Luana Volnovich, también perteneciente a La Cámpora. No se debe descuidar un dato: en las elecciones locales de 2015, el candidato de Cambiemos, Carlos Arroyo, se impuso al vecinalista Gustavo Pulti, que buscaba su tercer mandato. Cuatro años más tarde, la kirchnerista y camporista Fernanda Raverta, si bien salió segunda, obtuvo 158.673 votos, apenas 9712 menos que el actual Intendente Montenegro.

En su denuncia, promovida por el escándalo de la vacunación vip, el ayudante Fiscal Javier Pettigiani, cita la Resolución 2883 del 30 de diciembre de 2020 del Ministerio de Salud de la Nación, por entonces a cargo de Ginés González García, estableciendo el “Plan Estratégico contra la COVID-19 en la República Argentina”, como así también el Decreto 41/2020, implementado en el ámbito de la provincia de Buenos Aires. “Los hechos de notorio conocimiento que han tomado estado público se hallan en franca violación a lo estipulado por dicha normativa”, asegura el funcionario judicial.

De la citada Resolución, surge que “la campaña de vacunación constituye una estrategia de salud pública nacional, prioritaria, equitativa, solidaria y beneficiosa para el bienestar y la salud tanto individual como colectiva de nuestros ciudadanos”, a la vez que “se ha establecido un orden de prioridades para la vacunación de la población, consistente en un plan escalonado de acuerdo a la disponibilidad del recurso y de carácter voluntario, equitativo e igualitario, habiéndose otorgado prioridad con suma lógica al personal de salud”.

En su Artículo 6°, la Resolución 2883/2020 afirma que “la vacunación deberá garantizarse a toda la población objetivo, independientemente del antecedente de haber padecido la enfermedad”. Por otro lado, determina que “la población priorizada” será “adultos mayores de 60 años, personal de salud, personal estratégico y grupos de riesgo”.

El Ministerio de Salud había definido un orden de prioridad para inocular a la población: personal de salud (763.000 personas); adultos mayores de 70 años y quienes viven en establecimientos geriátricos y luego adultos mayores de 60 años (estos grupos suman unas 7.375.000 personas); personal de las fuerzas armadas, fuerzas de seguridad (unos 500.000) y de servicios penitenciarios; adultos de 18 a 59 años con factores de riesgo (diabéticos, con obesidad grado 2 y 3 (IMC mayor a 40), enfermedades cardiovasculares, renales o respiratorias crónicas, que son unas 5.653.000 personas; personal de los niveles educativos inicial, primario y secundario (1.300.000 trabajadores); y finalmente otras poblaciones estratégicas definidas por las jurisdicciones, habitantes de barrios populares, personas en situación de calle, que pertenezcan a pueblos originarios, presas y migrantes.

Sin embargo, pese a lo dicho, se vacunaron, además del periodista Horacio Verbitsky, el Procurador del Tesoro Carlos Zannini, el embajador en Brasil Daniel Scioli, el empresario marplatese Florencio Aldrey Iglesias y familia, el ministro de Economía Daniel Guzmán (38), el sobrino del ex ministro de Salud, Lisandro Bonelli, y varios sub-40, entre muchos otros. A ellos hay que agregarles los dirigentes camporistas en distintas ciudades del país, que salieron fotografiados haciendo la “V” de la victoria.

En Mar del Plata los rumores son muchos, pero no hay documentación oficial al respecto. Este medio intentó comunicarse con IOMA y PAMI a fin de solicitar las listas, pero obtuvo por toda respuesta que las mismas no se pueden publicar habida cuenta de la protección de datos personal. Pero a la luz del escándalo, tal vez no sería una mala idea hacerlo para despejar dudas.

La presentación judicial del Dr. Javier Pettigiani asevera que el listado de personas inoculadas “debería encontrarse así mismo registrada en el sistema “NOMIVAC” (Registro Federal de Vacunación Nominalizado) correspondiente al SISA (Sistema Integrado de Información Sanitaria Argentina)”. Pero nada de eso ocurre. Dicho sistema es apenas un instructivo para cargar-y también eliminar-aplicaciones.

También la denuncia asegura que “las vacunas, además de resultar bienes públicos, de momento resultan escasas y por ende deviene necesaria una administración racional, equitativa, científica, estratégica, y por supuesto moral”. Algunos de estos preceptos brillan por su ausencia.  Si se comprobaran más casos de “privilegiados”, se estaría no solo incumpliendo la propia normativa del Ministerio de Salud, sino que además se habría “malversado un recurso público y escaso, impidiendo que las personas consideradas de mayor riesgo puedan vacunarse”, lo que entraría en abierta violación con los artículos 248, 260 y 261 del Código Penal Argentino.

El art. 160 señala que “será reprimido con inhabilitación especial de un mes a tres años, el funcionario público que diere a los caudales o efectos que administrare una aplicación diferente de aquella a que estuvieren destinados”. Por su parte, el 161 afirma que “será reprimido con reclusión o prisión de dos a diez años e inhabilitación absoluta perpetua, el funcionario público que sustrajere caudales o efectos cuya administración, percepción o custodia le haya sido confiada por razón de su cargo”.

Parece historia antigua, pero hace apenas poco más de 3 meses, el 25 de noviembre de 2020, en el marco del primer encuentro del Comité de Vacunación convocado por el presidente Alberto Fernández, el Ministerio del Interior, a cargo de Wado de Pedro, anunció la elaboración de un padrón geolocalizado de personas de 60 años o más en condiciones de recibir la vacuna para la COVID-19 en todo el país. Allí se afirmaba que dicho Comité tendría la responsabilidad de garantizar la articulación federal y facilitar la logística utilizada en las campañas electorales para garantizar la vacunación en todas las provincias y localidades de la Argentina.

Hace pocos días, 16 diputados de la oposición en la legislatura bonaerense exigieron que el gobierno de Axel Kicillof informe a quienes llegó la vacuna contra el coronavirus, y en tal caso, cuáles fueron los motivos, a escasas de horas que el gobernador acuda a la Legislatura para dar su discurso anual de apertura de sesiones legislativas.

Cabe recordar que el ministro de Salud bonaerense, Daniel Gollán, había admitido que existieron en la provincia algunas “avivadas”, explicando que “hubo personas que se anotaron como personal de salud y fueron vacunados en los centros de vacunación que gestiona la administración provincial”.

¿Abrió el paraguas antes de que llueva?