La conquista histórica de la ley de interrupción voluntaria del embarazo fue un hito que marcó un antes y un después en materia de derechos no sólo en Argentina sino en América Latina. Había sido una promesa de campaña de Alberto Fernández, fue defendida con uñas y dientes por los ministerios de Salud y de Mujeres, Géneros y Diversidad, y por ende significó un triunfo para el Gobierno, que logró capitalizar una demanda de un sector mayoritario de la sociedad.

Si bien el aborto legal es una bandera y una seña de identidad para el movimiento feminista, la agenda de género no se agota allí, y quedó patente en la movilización multitudinaria en todo el país por el Día Internacional de la Mujer, que puso el foco en la escalada de femicidios.

Con el año parlamentario 2021 en marcha, la cartera conducida por Elizabeth Gómez Alcorta no perdió tiempo y el lunes se reunió en Diputados con los principales referentes del bloque oficialista, entre ellos Sergio Massa y Máximo Kirchner, además de la presidenta de la comisión de Mujeres y Diversidad, Mónica Macha, para darle impulso a la agenda de género. También estaban las principales referentes feministas del bloque, como Cecilia Moreau, Cristina Álvarez Rodríguez Gabriela Cerruti y Paula Penacca.

Con ellas repasó el paquete de proyectos que al Ministerio le interesa que este año tengan sanción en ambas cámaras del Congreso. Por ejemplo, la funcionaria acordó con los legisladores impulsar la ley de inclusión laboral travesti y transgénero, el cual ya cuenta con dictamen favorable y apunta a fijar un cupo del 1% en los cargos de los tres poderes del Estado.

En realidad la medida ya tiene vigencia por un decreto del Poder Ejecutivo de septiembre del año pasado, pero la idea es darle fuerza de ley para que se convierta en una política de Estado y la reserva de espacios en el sector público nacional para personas travestis y trans no pueda ser tan fácilmente desmontable por algún gobierno de turno que venga en el futuro.

El decreto especifica que el registro es voluntario para cualquier persona de estos colectivos sexuales, hayan o no efectuado la rectificación registral del sexo y el cambio de nombre de pila e imagen. Por otra parte, el decreto habilita a que "si las personas aspirantes a los puestos de trabajo no completaron su educación se permitirá su ingreso con la condición de cursar el o los niveles educativos faltantes y finalizarlos".

En paralelo, el bloque del Frente de Todos se comprometió a impulsar un proyecto para crear un sistema integral de cuidados, que viene elaborando la cartera conducida por Gómez Alcorta.

En noviembre del año pasado se conformó la comisión redactora de ese proyecto, que pone el ojo en una actividad que recae en las mujeres, que incide en la brecha salarial de género, y que no es reconocida como tal por la sociedad.

La idea de la iniciativa es crear desde el Estado un sistema integral de cuidados que redistribuya esa responsabilidad, proveyendo recursos y elementos, para que esas tareas no sean vistas como un mandato familiar, femenino y privado, y se vuelva una responsabilidad social de todas las identidades de género.

En la reunión, Gómez Alcorta y los diputados conversaron también sobre la necesidad de mejorar la ley 26.485 de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, y reforzar los dispositivos electrónicos por incumplimiento de restricciones perimetrales.

Por último, hubo consenso en incorporar la perspectiva de género en una eventual reforma judicial, por ejemplo haciendo haciendo obligatoria la paridad de género en los cargos judiciales.