Van cinco meses consecutivos con un piso inflacionario superior al 3%. Marzo estaría por encima del 3,5%. Sostener la meta oficial del 29% en el año ya suena a voluntarismo extremo. Exigiría un promedio del 1,6% en los próximos 10 meses. La inflación empezó a acelerarse en junio. Después del piso del 1,5% en abril y mayo, cuando imperaban la cuarentena extrema y una recesión brutal que derrumbó el consumo. La normalización parcial de la demanda a partir de junio comenzó a empujar los precios hacia arriba.

El rebote productivo es desparejo. La oferta de bienes y servicios no acompaña a la evolución demanda y eso presiona sobre los precios. Falta capital de trabajo para funcionar. Falta inversión, para ampliar la capacidad productiva.

Otro factor que impulsa las remarcaciones es la recomposición de márgenes en rubros que pueden zafar de los precios políticos que impone el gobierno.

La oferta es insuficiente en industrias con alta dependencia de insumos importados, hoy restringidos. Aun con el aporte extra del campo, las divisas no alcanzan para solventar al mismo tiempo las compras al exterior y los vencimientos de la deuda, para recomponer reservas e intervenir en los mercados a fin de sujetar el dólar paralelo. Lo cual traccionaría los precios.

Es un equilibrio frágil que podría romperse si la maquinita vuelve a funcionar a destajo. Un alza significativa en la disponibilidad de pesos, sin que la oferta de bienes crezca al mismo ritmo, provoca aumentos de precios. Otra parte del circulante podría volcarse al dólar. Y eso daría más impulso a la inflación.

En el primer bimestre, ayudado por un aumento coyuntural de ingresos, el gobierno logró un leve superávit. No necesitó la asistencia del Banco Central. Pero en lo que va de marzo la autoridad monetaria ya emitió 70.000 millones de pesos para volver a financiar al Tesoro.

La política baja impuestos y reclama más gasto. La ecuación fiscal vuelve a deteriorarse. Los mercados externos están cerrados. La colocación de deuda interna es insuficiente y onerosa. Sólo queda imprimir billetes.

El déficit fiscal pasado perdura como otro motor de la emisión. El Banco Central creó moneda por unos 2,5 billones de pesos para solventar el rojo fiscal del año pasado. Luego absorbió la mayor parte colocando Leliq, para evitar que el exceso provocara una estampida inflacionaria. El stock de esos pagarés que les vende a las entidades financieras se duplicó.

Ahora debe emitir para pagar los intereses. Sólo en febrero fueron 80.000 millones de pesos.

Estos desequilibrios macroeconómicos –como gusta definir el ministro Guzmán– tarde o temprano se pagan en las góndolas. Los artificios para disimularlos sólo difieren y agravan el problema.