Promediando el mes de abril del año 1979, una joven fue detenida y alojada en el Destacamento Policial Femenino nro. 4, en Playa Grande. Allí se la sometió a distintos vejámenes: fue obligada a desnudarse en el patio delante de otras reclusas, a bañarse con detergente, cepillo de escoba y agua fría de la canilla, mientras era insultada por una oficial quien a la vez intentaba introducirle un palo de escoba en el ano. Paralelamente, otras dos oficiales tenían por costumbre sacar al patio a las detenidas a altas horas de la noche, incluyendo a menores, obligándolas a limpiar el patio de rodillas, a la intemperie y en ropa interior.

Finalmente, las agentes fueron procesadas y en agosto de 1980 se conoció la sentencia: a la Oficial Ester Edith Ghisaura se le aplicó la pena de tres años de prisión, mientras que a las Oficiales Julia Inés Manes y Celina Beatriz Schwartzman, dos años y seis meses. El abogado defensor de las agentes condenadas fue el Dr. Roberto Atilio Falcone (Foto)

A través de la Resolución 175/20 de la Comisión de Selección de Magistrados y Escuela Judicial del Consejo de la Magistratura, presidida por Graciela Caamaño, se dispuso llamar a concurso público de oposición y antecedentes, nro 450, destinado a cubrir nada menos que dos cargos de juez en los Juzgados Nacionales de Primera Instancia en lo Criminal y Correccional Federal números 6 y 11 de la Capital -Comodoro Py-. En dicha Resolución, se determinó que el jurado que intervendría en el concurso quedó integrado con los doctores: Omar Florencio Minatta, Alejandra Marcela Lázzaro y Adriana Molina. Y Roberto Falcone.

La ofensiva kirchnerista sobre la Justicia se libra en varios frentes. Además de la reciente designación de Martín Soria como Ministro de Justicia y de los fuertes cuestionamientos del Presidente Alberto Fernández al Poder Judicial en su discurso ante la Asamblea Legislativa el pasado 1 de marzo, el avance judicial k reconoce otras aristas fundamentales:

La aprobación del pliego de Alejo Ramos Padilla como Juez electoral de la Provincia de Buenos Aires, la llegada a la Cámara Federal de Eduardo Farah y de Roberto Boico, abogado defensor de la Vicepresidenta Cristina Kirchner en la causa por el memorándum con Irán, la puesta en vigencia de 6 artículos del Código Procesal Penal, el rol de Félix Crous como Titular de la Oficina Anticorrupción, son, quizá, los más importantes. Todo con el llamado “Law Fare” casi como política de Estado. Y con las recientes intimaciones que hiciera la poderosa ANSES (Administración Nacional de la Seguridad Social), conducida por Fernanda Raverta, como nueva herramienta política k.

La presencia en este entramado de Roberto Falcone no debería desestimarse. Actual integrante del Tribunal Oral Federal de Mar del Plata, jugó un papel estratégico en los procesos por delitos de lesa humanidad impulsados por el ex presidente Néstor Kirchner en la ciudad, para de ese modo convertirse en uno de los jueces preferidos del kirchnerismo. En aquel esquema, la agrupación que tuvo una decisiva intervención fue H.I.J.O.S., cuya fundadora de la filial local fue, justamente, la propia Fernanda Raverta.

Pero el problema surge cuando se asumen posiciones en las que no se cree. Muchos recuerdan una frase pronunciada por Falcone en 1980: “Esa nefasta muletilla de los derechos humanos que tanto daño le hacen a la institución policial y al Poder Judicial”. Además de haber sido abogado defensor de los policías torturadores, cuatro años después, el destino quiso que al actual Juez del TOF también haya tenido que defender al presunto agente de inteligencia Juan Martín Ciga Correa, detenido en la ciudad balnearia en 1984, y acusado de participar en el asesinato en Buenos Aires al general chileno Carlos Prats, el 30 de septiembre de 1974.

El 7 de agosto de 2013, se realizó el primer encuentro de Justicia Legítima Mar del Plata, el colectivo judicial k, en la sede de la A.D.U.M. (Asociación Docentes Universitarios), donde “más de 120 magistrados, funcionarios, empleados, abogados y docentes tuvieron la oportunidad de debatir los temas que se abordaron en los encuentros nacionales de Justicia Legítima y plantear problemáticas a nivel local”. El coordinador fue el entonces juez federal de Dolores, Alejo Ramos Padilla, quien poco más de 5 años después fue el elegido para tramitar la causa por presunto espionaje ilegal donde fue procesado el Fiscal Carlos Stornelli, entre otros. En aquel cónclave, también estuvieron presentes Daniel Adler, integrante del Jury impulsado por Alejandra Gils Carbó para intentar destituir al Fiscal José María Campagnoli, y Roberto Falcone, además de distintos funcionarios del ámbito federal y provincial.

Finalmente, el 18 de junio de 2015 se constituyó formalmente en Mar del Plata la filial local de Justicia Legítima, que abarca desde Dolores hasta Azul. Además de elegir al mencionado Daniel Adler como su Presidente, fue designado como uno de los Vocales titulares, además de Ramos Padilla, el propio Falcone. En aquella oportunidad, el integrante del Tribunal Oral Federal, “tras repasar los distintos momentos por los que atravesó la ciudad en el proceso de Memoria, Verdad y Justicia”, destacó “el impulso, la relevancia y la bisagra que significó para Mar del Plata la llegada de Daniel Adler al fuero federal como Fiscal General de Cámara, que con profundo compromiso y convicción impulsó los juicios de lesa humanidad”.

La otra faceta de la ofensiva judicial

En la embestida contra la Justicia, no se debe pasar por alto, como ya se señalara, el rol que juega la ANSES, a cargo de Fernanda Raverta. En febrero, el organismo previsional comenzó a enviar una resolución a cerca de 200 jueces y fiscales con el trámite de jubilación ya iniciado para que presenten su renuncia en 30 días y dejen el cargo, o de lo contrario se iba a rever la situación de cada uno de ellos.

Ente los funcionarios intimados, todos apuntados por el kirchnerismo, figuran los jueces de la Cámara Federal Leopoldo Bruglia y Martín Irurzun, los fiscales Carlos Stornelli y Carlos Taiano, y hasta el propio Procurador Eduardo Casal, en la mira de la vicepresidenta hace meses, entre otros.

El Consejo Directivo de la Asociación y Funcionarios de la Justicia de la Nación (AMFJN) resolvió presentar una demanda contra la ANSES. Pero además de ello, cada uno de los damnificados podrá interponer también acciones individuales.

El mecanismo utilizado para ello será una carta documento, que contiene duros conceptos contra la decisión del ente de la seguridad social. Dirigida directamente a Raverta, la misiva rechaza “íntegramente la intimación a que se presente la renuncia al cargo”, afirmando que “es falsa la afirmación de que lo exigido sea “para poder concluir el trámite previsional”, dado que el mismo se encuentra finalizado con el reconocimiento pleno” de los derechos. Así mismo, tilda de “inconstitucional” la exigencia de que los intimados presenten la renuncia, asegurando que la misma no será presentada, “quedando a las resultas de la acción judicial”, así como de “todas las restantes acciones” que el damnificado considere pertinentes emprender, mencionando “la garantía republicana de la división de poderes”.

Por otro lado, intima a la Jefa de la ANSES “para que se abstenga de tomar decisiones administrativas que alteren o modifiquen de cualquier forma” los derechos previsionales adquiridos, acusándola de ejercer “presiones ilegítimas” para forzar las renuncias, “con grave afectación de la independencia funcional que garantiza nuestra Constitución Nacional”. Y concluye la misma haciendo referencia a que la intimación del organismo previsional podría configurarse como un “delito de acción pública”. Las cartas documentos ya estarían llegando al despacho de Raverta.

La intimación mencionada a los funcionarios judiciales es consecuencia de la nueva Ley 27546 que regula el régimen previsional de aquellos, despertando mucha polémica al momento de su sanción. La misma eleva del 11 al 18 por ciento el aporte de jueces y fiscales al sistema previsional general, y si bien mantiene como tasa de sustitución el 82 por ciento móvil, el haber inicial de la jubilación se calculará sobre el promedio de las últimas 120 remuneraciones y no sobre el último sueldo, como era antes.

Además, la norma sube la edad jubilatoria para los hombres, que pasará de 60 a 65 años con una escala gradual que se completará en 2025, mientras que las mujeres del Poder Judicial mantendrán la edad jubilatoria de 60 años equiparada con el régimen general.

Vale recordar un dato no menor: la Ley fue sancionada por el Senado el 12 de marzo de 2020, un día después que la OMS declarara pandemia al coronavirus y cuando el país sólo hablaba de la nueva enfermedad.