El juez Guillermo Atencio envió a juicio al exauditor general de Asuntos Internos de la Bonaerense Guillermo Berra y a la exauditora sumarial María Rosario Sardiña por usar el sistema Nosis para contrastar información comercial con la declaración jurada de los policías, que para aquel como para la fiscal Cecilia Corfield significaron «abuso de autoridad en dos hechos en concurso real entre sí e ideal con peculado».

Todo comenzó cuando Néstor Martín denunció en septiembre de 2019 haber detectado «tareas de inteligencia» por parte de la Auditoría General de Asuntos Internos (AGAI). Martín, como lo retrató el periodista Leonardo Nieva para Perfil, era en diciembre de 2016 «el comisario más rico de la Bonaerense»: el fiscal Marcelo Romero, a instancia de la AGAI, lo investigaba por «enriquecimiento ilícito».

Aunque el comisario general, a cargo de la millonaria caja de las horas extras (Cores) y las adicionales (Polad), declaró tener solo siete inmuebles en La Plata, un helicóptero experimental y acciones de una empresa, con un sueldo de 48 mil pesos e ingresos de monotributo de 30 mil en aquel entonces, la fiscalía de Delitos Complejos platense determinó que en realidad tenía 101 propiedades -la mayoría parcelas en un country-. Martín renunció para hacer desaparecer sus problemas. No lo consiguió: Berra lo exoneró.

Tres años después de la denuncia de Berra, Martín contratactó con otra en septiembre de 2019. Un mes después, el 22 de octubre, cinco días antes de las elecciones a gobernador, en las que María Eugenia Vidal buscaba la reelección, la fiscal allanó la Auditoría General de Asuntos Internos. A pesar de que Corfield era del fuero ordinario, algunos medios platenses aseguraron que el caso se trataba de un delito federal: espionaje ilegal.

Encripdata pudo saber que Corfield, que hizo lugar a la denuncia de Martín, está casada con un policía amigo de Martín.

El autor de esta nota reveló para TN.com.ar que Berra también exoneró al jefe de la delegación de la Coordinación Operativa en Almirante Brown, Lorenzo Hilario Martín, primo del excomisario, por tener 100 mil pesos en efectivo y una arma trucha en su despacho.

Cinco días después del allanamiento, Axel Kicillof le ganó las elecciones a Vidal en la provincia así como Alberto Fernández a Mauricio Macri a nivel nacional. De los resultados del operativo en el área que controlaba a los policías, en cambio, nada se supo por ocho meses.

Recién cuando la interventora de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) Cristina Caamaño denunció que sus antecesores ordenaron espiar a Cristina Kirchner y el Instituto Patria, la fiscal reactivó la investigación sobre Berra y Sardiña al convocarlos a prestar declaración indagatoria.

Pero Télam, la agencia de noticias estatal, publicó otra cosa: el 10 de junio de 2020 anunció que «procesaron al extitular de Asuntos Internos de la Policía Bonaerense» aunque en la nota sin firma se contradecía al decir ya en el segundo párrafo que el acusado ni siquiera había sido indagado.

Al principio, Corfield sospechó que Berra y sus auditores habían hecho 46 mil búsquedas en Nosis, sistema también usado por periodistas, pero la defensa del acusado consiguió demostrar que en Asuntos Internos solo realizaron 1491 entre el 3 de junio de 2017 y el 22 de noviembre de 2019, a razón de 1,65 por día contando sábados, domingos y feriados, mientras que en Narcotráfico otros concretaron 2 mil y en Inteligencia Criminal, 40 mil.

Entre esas 1491 búsquedas, la fiscal puntualizó a «Marcelo Hugo Rocchetti, Sergio Ricardo Maldonado, María Daniela Pezzutti, Daniel Jorge Pezzutti, María Cristina Sosa, Ana Claudia Amorosi, Máximo Zitti, Gonzalo Martín Pepe Fernández Bird, César Ricardo Melazo, Gastón Andrés Rueda, Mario Alejandro Mac Dougall, María Florencia Musich, Juan Pablo Mussi, Franco Daniel Schillaci, Tomás Fernando Espinoza, Juan Domingo Tomás Espinoza, Mario Alberto Ishi, María Florencia Alconada, Tomás José Gigli, María Alejandra Bellini, Diego Ariel Otero, Néstor Emilio Otero, Elías Mahli, Juan José Tocci, Daniel Alejandro Salcedo, Ricardo Oscar Bogoliuk, Norberto Anibal Degastaldi, entre otros».

Rocchetti fue jefe de Gabinete de Cristian Ritondo en el Ministerio de Seguridad hasta que la por entonces diputada Elisa Carrió, socia política de Vidal, jefa directa tanto de Ritondo como de Berra, denunció que ese funcionario estaba vinculado a la presunta asociación ilícita de Alfredo «Freddy» Lijo, hermano del juez federal, en el caso Caledonia Seguros. Rocchetti, al igual que Martín, renunció para intentar frenar el expediente judicial.

Maldonado, por su parte, era asesor de Berra, pero Lorena Martins aseguró que en su época de policía federal había brindado protección a los prostíbulos de su padre, el espía devenido en proxenete Raúl Martins, detenido en México a la espera de su extradición.

Berra, en tanto, buscó en Nosis a Salcedo, Bogoliuk y Degastaldi luego de que el juez federal Alejo Ramos Padilla descubriera sus nexos con Marcelo D’Alessio en el espionaje ilegal a personas de diversos ámbitos, desde empresarios hasta vecinos, para extorsionarlos. La lista sigue.

No por nada en la Auditoría General de Asuntos Internos realizaron entre 2015 y 2019 unos 39.392 sumarios internos: 2300 policías, como los primos Martín, terminaron exonerados; 3000 suspendidos, 13.685 apartados y 1007 detenidos como consecuencia de las denuncias realizadas por la AGAI.

Ahora, un tribunal deberá determinar si Berra y Sardiña cometieron abuso de autoridad en dos hechos en concurso real entre sí e ideal con peculado.

Una digresión: Alejandro Ángel Ferzola tenía un helicóptero Robinson 44. El policía retirado despegó el 3 de enero de 2011 en Brandsen abordo de la nave ploteada con el color naranja de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) para participar del Operativo Sol, pero a poco de volar se lo tragó la tierra. Su esposa Estela le solicitó al fiscal Juan Cruz Condomí Alcorta la presunción de fallecimiento por el tiempo transcurrido.

Ferzola había comprado ese helicóptero con Martín. Martín nunca habló de lo que le ocurrió a Ferzola.