En diciembre de 2020 la Auditoría General de la Nación (AGN) aprobó un informe sobre la gestión del Ministerio de Ambiente en lo relativo al cumplimiento del Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) 14, relativo a la conservación y utilización de recursos marinos, entre 2015 y 2018. Entre otras cosas, hallaron una caída en el presupuesto, metas incumplidas e indicadores inconsistentes. 

En el año 2015 desde la Organización de Naciones Unidas surgió la iniciativa internacional “Transformar nuestro mundo: la agenda 2030 para el desarrollo sostenible”. En la misma se acordaron 17 ODS, con metas y plazos sugeridos, cuyo cumplimiento llevaría al crecimiento económico, la inclusión social y la protección del medio ambiente. En particular, el ODS 14 busca conservar y utilizar en forma sostenible los océanos, los mares y los recursos marinos. 

La Auditoría General de la Nación explicó que, en lo que va del proceso, Argentina adoptó dos de las diez metas que componen dicho ODS: la primera de ellas orientada a la conservación de zonas a través de la creación de Áreas Marinas Protegidas (AMP) y la segunda relacionada con la generación de conocimiento científico. 

Para el organismo de control, la elección selectiva de dichos objetivos dejó afuera otros que son de vital importancia para el cumplir con lo que la propuesta de Naciones Unidas. La AGN destacó que en el proceso de adopción de los indicadores y las metas de la Agenda 2030 Argentina desestimó aquellas orientadas a la explotación sustentable de los recursos pesqueros y la recomposición del ambiente, "pese a ser los ejes fundamentales para la conservación y la utilización sostenible de los mares y recursos marinos”.  

Creación de Áreas Marinas Protegidas

Respecto a las AMP, el informe indicó que constituyen una de las "principales herramientas de gestión para la protección de los ecosistemas marinos, y de las comunidades y elementos biológicos y geológicos que los habitan, evitando la sobreexplotación de sus recursos y la degradación del hábitat a través de la conservación y el manejo integrado de su biodiversidad".

En este sentido, pese a que las AMP se registran entre una de las metas que Argentina adoptó, no se logró cumplir con los plazos. El país tenía que conservar al menos el 10% de las zonas costeras y marinas para el año 2020, pero “en abril de 2018 el porcentaje de conservación representaba el 2,61%, y durante las tareas de campo en diciembre de 2018, con la creación de las AMP Namuncurá - Banco Burdwood II y Yaganes, se alcanzó el 7.05% de territorio marítimo protegido en relación con la superficie total de la plataforma submarina”. La AGN agregó que a la fecha de publicación del informe (diciembre de 2020) no se habían registrado avances en este sentido.

Por otro lado, el informe resaltó tras la creación de las dos reservas áreas se definieron tres categorías de manejo: Reserva Nacional Marina, Parque Nacional Marino y Reserva Nacional Marina Estricta.

Reducción presupuestaria

En el apartado sobre presupuesto, la AGN remarcó que hubo una “disminución sostenida” en lo que se le asignó para el ODS 14 a la entonces Secretaría de Ambiente. “En materia de crédito vigente la evolución en términos nominales fue, del año 2015 al 2016 una disminución de 65,53%, del año 2016 al 2017 una nueva disminución del 53, 88% y del año 2017 al 2018 un aumento nominal del 36,88%”. 

En números concretos, en 2015 se destinaron $481.373.155 y en 2018 $104.750.346. Igualmente el organismo de control aclaró que en ninguno de los años auditados se ejecutaron las partidas presupuestarias asignadas a las AMP.

Problemas normativos

Además, la AGN advirtió que también hay un problema normativo. El artículo 124 de la Constitución Nacional establece que las provincias tienen el dominio originario de los recursos naturales existentes en su territorio. Las mismas pueden crear regiones e incluso celebrar acuerdos o convenios internacionales y a través del Consejo Federal de Medio Ambiente (COFEMA) deben coordinar la política ambiental nacional tendiente al logro del desarrollo sustentable según la ley 25.675, las estrategias y programas de gestión regionales.

Para la AGN, esta cuestión constituye una debilidad normativa, dado que genera “riesgos de coordinación y dificultades en la toma de decisiones eficaces y eficientes dada la diversidad de autoridades y la superposición de jurisdicciones en diferentes niveles (municipal, provincial, nacional)”.  Además, en el informe subrayó que el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, aún siendo máxima autoridad de aplicación en materia, tiene “limitadas competencias” para implementar los diferentes instrumentos de gestión relacionados con el ODS 14.

Inconsistencias de indicadores

Por último, el informe alertó sobre la inconsistencia de los indicadores presentados: mientras que el Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales (CNCPS) informó que la meta para 2020 es alcanzar la conservación de al menos el 10% de las zonas costeras y marinas, el “Informe Voluntario 2017” y el Informe “País 2018” indicaron el 7% como meta intermedia para 2020 y el 9% como meta final para 2030.

Con todo esto, la Auditoría concluyó que Argentina tiene desafíos pendientes a fin de avanzar en el ODS 14: "En primer lugar es necesario lograr acuerdos para la integración de políticas regionales y efectuar un proceso de revisión y armonización de su normativa en las diferentes jurisdicciones; en segundo lugar debe fortalecer presupuestariamente a los programas y actividades orientados al cumplimiento del ODS 14, que han sido desfinanciados durante el período de revisión 1° de enero 2015 – 30 de abril 2018”.