Desde al menos veinte días, el presidente Alberto Fernández y su equipo de asesores y ministros se rindieron ante las evidencias. El avance del coronavirus en diferentes países limítrofes, pero sobre todo en Brasil, convenció a la Casa Rosada de que una segunda ola azotaría a la Argentina en el corto plazo: un mes, dos, tres. Ese rebrote probablemente sería más feroz que la ola que asoló el país en el 2020.

Los estudios del Ministerio de Salud le indicaron al Presidente que una mutación del virus que nació en Brasil, en la ciudad de Manaos, ya circulaba por la Argentina: ese “nuevo” Covid-19 es más contagioso que la cepa anterior, y podría comenzar una circulación acelerada, peligrosa y de muy difícil control en la Argentina.

El sistema médico podría llegar a sobrecargarse. El Presidente preparó desde entonces el plan de medidas restrictivas que empezaron a correr a partir de hoy. El eje central es intentar evitar la llegada al país de personas que hayan pasado una temporada en Brasil, Chile, Paraguay, México y el Reino Unido e Irlanda del Norte. Y controlar el transporte comercial con esos países. A lo que se suma una vigilancia de cumplimiento complejo en las fronteras “secas” con Brasil, Paraguay y Bolivia.

Viajarán hacia esas zonas diferentes fuerzas de seguridad federales. El paso entre países es delicado: nuestros vecinos ya padecen el avance irrefrenable del coronavirus a través de sus novedosas cepas. El temor en el Gobierno es más profundo del que se explicita a través de voceros en declaraciones a los medios.

Se palpa la intranquilidad en diálogo con funcionarios de jerarquía. Según fuentes calificadas de la Presidencia, la incertidumbre se genera frente a la potencial medida que podría tener que impulsarse ante una hipótesis de gravedad severa que hoy no se vive pero que no se descarta que podría ocurrir: si el Covid-19 se expande hegemonizado por las cepas más contagiosas que vienen del exterior, el número de enfermos podría ahora sí exigir de modo total al sistema de salud público y privado.

Los cálculos políticos, alimentados por información de jefes territoriales como gobernadores o intendentes, afirman que buena parte de la sociedad no toleraría un nuevo confinamiento obligatorio dictado por la Casa Rosada. Y que incluso cualquier medida restrictiva de las actividades económicas podría generar protestas callejeras.

Reclamos. Marchas de consecuencias diversas. Sin embargo, los asesores científicos del oficialismo, y la propia ministra de Salud, Carla Vizzotti, repiten que de sobrevenir el escenario más negativo de los estudiados hasta ahora, un plan de aislamiento será crucial para intentar frenar al virus. La política es una ciencia pero suele ocurrir que los consejos de la ciencia perturben a la política.

El clima social está enrarecido, admiten y describen fuentes del Gabinete. La crisis económica es histórica. Sube la inflación. El Gobierno no logró cumplir con sus promesas de vacunación preventiva que a esta altura del 2021 iba a inocular a más de 20 millones de argentinos. No solo la llegada y aplicación de vacunas es escasa. El escándalo de los Vacunados VIP hirió de muerte a la credibilidad oficial sobre la eficacia, equidad y profesionalismo en la vacunación que se anunció épica.

“Brasil es una tragedia humanitaria. Paraguay tiene colapsado el sistema de salud. Chile, con mejor vacunación que la nuestra, está con 95 por ciento de camas ocupadas y se anunció un gran aislamiento”, describió uno de los principales consejeros del Presidente, y cerró: “¿Por qué nosotros no sufriríamos una nueva ola pero quizás peor que la del año pasado?”.

Ni el Presidente ni el Gabinete Nacional admitirá por ahora frente a la ciudadanía cuál es el verdadero cuadro de situación al que se preparan enfrentar. Alberto Fernández habló varias veces con los gobernadores para buscar consensos y escuchar problemas distritales para intentar solucionar la lucha contra la pandemia.

El gran dilema oficial es cómo podría implementar cortes a a circulación de personas sin provocar un fastidio social que podría transformarse en inmanejable. La Casa Rosada intenta que ese tipo de medidas sean ahora tomadas por los gobernadores o el jefe porteño de acuerdo a la evolución del virus en sus distritos.

El costo tiene que ser repartido, no puede pagarlo solo la Casa Rosada ordenando confinamientos a través del Presidente.

“La economía no se toca”, fue la orden que habría dado Fernández a su equipo encargado de acordar y definir el primer plan concreto oficial 2021 contra el Covid-19.

Pero aun así el miedo a un coronavirus fuera de control podría ganarle al temor de una rebelión callejera anti-aislamiento o a movilizaciones por nuevos cierres a la economía demasiado afectada por la pandemia.

La ministra de Salud, Carla Vizzotti, adelantó el viernes que podría implementarse en todo el país un freno total a la circulación pero en horario nocturno.

El mismo sistema que se aplica en distintos país de Europa y que no solo obliga a cerrar bares y discotecas, probables focos de contagios masivos, si no también a “prohibir” quizás sin decirlo de modo tan directo, a encuentros sociales o familiares numerosos que se cancelarían si son de noche si se corta el tránsito de autos, trenes, subtes y colectivos.

El Gobierno dijo que esa medida alentada por Vizzotti no está bajo estudio y descartó más restricciones.

La verdad es que se analiza no solo un plan antinocturnidad como el antes descripto, sino también medidas muy antipáticas y de aislamiento no total a nivel nacional, pero sí enfocado en ciudades donde el Covid-19 podría renacer acelerado y peligroso.

Aunque la política le tema a la calle. El Palacio tiene analizadas opciones que nunca querría implementar. En política esos “nunca” jamás pueden ser tomados como definitivos. Soluciones a problemas pueden generar más problemas: en esa zona ambivalente se acostumbraron a trabajar, con resultados inciertos, los profesionales de la gestión pública.