Este domingo, en su blog El Cohete a la Luna, Horacio Verbitsky le respondió a Carlos Pagni, quien lo citó en su último programa a efectos de desmantelar la idea del lawfare.

Verbitsky hace toda una suerte de malabarismo para intentar decir que no dijo lo que dijo. O, mejor dicho, que lo dijo antes de que apareciera el lawfare. Una ensalada que solo él puede explicar.

A continuación la nota del Cohete a la Luna:

Por cuarta o quinta vez en pocos meses, Carlos Pagni me cita como fuente de autoridad para cuestionar la existencia del lawfare. De modo genérico en televisión, con mayor detalle por escrito, aduce que “quien mejor desbarató la tesis de esa maquinación persecutoria fue Horacio Verbitsky refiriéndose a las peripecias de Amado Boudou. Explicó que en la totalidad de las instancias del proceso intervienen no menos de diecisiete jueces y seis fiscales. Más allá de la opinión que puedan merecer todos ellos, sostuvo Verbitsky, nadie puede poner en duda con alguna seriedad que están dadas todas las garantías de transparencia y ecuanimidad”. Más adelante, Pagni agrega que “como sostuvo Verbitsky, el sistema penal argentino, con sus imperfecciones, garantiza, por la sucesión de revisiones, una aceptable calidad en los procesos. Lo experimentó anteayer el juez Marcelo Martínez de Giorgi, a quien los camaristas Mariano Llorens y Leopoldo Bruglia ordenaron desarchivar las operaciones a través de las cuales el supuesto farmer Pedro Etchebest intentó corroer la causa por los cuadernos de Oscar Centeno. El famoso Operativo Puf. Etchebest es un personaje del submundo kirchnerista, asociado en su momento al falso abogado Marcelo D’Alessio. El modo en que montó su denuncia contra el fiscal Carlos Stornelli no fue bien investigado por De Giorgi, según los camaristas. Tampoco se sabe lo más interesante: si hubo empresarios procesados que financiaron la maniobra. Temas para Julián Ercolini, a cargo ahora del caso”.

En primer lugar, debo agradecerle a Pagni su atención hacia mi trabajo. Pero luego debo agregar algunas precisiones imprescindibles:

La nota fue publicada el 15 de junio de 2014, cuando la guerra judicial contra CFK aún no había comenzado, tal como muestra la cronología que sigue al final de esta respuesta. Aún gobernaba Cristina, Boudou era su Vicepresidente y Maurizio Macrì ni soñaba con nombrar dos ministros de la Corte Suprema en comisión.

Aún así, mi texto mencionaba la denuncia del entonces senador bonaerense Mario Ishii, según quien “la Secretaría de Inteligencia controla al 98 por ciento de los jueces y señaló como responsables al director de operaciones, Antonio Stiuso, y al auditor general de la Nación, Javier Fernández”.

Yo acoté que “ese aparato construido con la promesa de servir a las autoridades sólo defiende sus propios intereses y suele desertar cuando se lo necesita, como se advirtió aquí desde el principio, algo obvio a la luz de la experiencia de gobiernos anteriores. En esa materia, tanto o más que en otras, el mejor negocio es la honestidad”. Ese despegue de Stiuso y su operador comenzó a partir de la firma del memorándum de entendimiento con Irán, porque es ostensible que el servicio de inteligencia tenía mandantes más poderosos que el gobierno nacional.

En la misma nota conté que “las huellas de ese sistema que coloca jueces y abogados también se detectan en la causa contra Boudou, que se inició por la denuncia del ‘ciudadano común’ Jorge Orlando Pacífico, según la candorosa presentación que de él hizo Clarín. Pacífico no tiene nada de común. En realidad es un sargento del Ejército, especialista en explosivos, comando en la guerra de las Malvinas, participante en los levantamientos carapintada de Aldo Rico y Mohamed Seineldín, dirigente del MODIN y vendedor de un producto tan poco común como helicópteros artillados. Pacífico declaró haberse enterado de delitos de acción pública por una conversación en un café entre hombres a quienes escuchó decir que The Old Fund ‘resulta ser una pantalla de la familia Ciccone’ y de una persona ‘políticamente expuesta, alto funcionario del gobierno nacional, para recuperar la empresa antes fallida’. Este cuento infantil dice que no pudo ver a esos hombres, porque estaba de espaldas. El 18 de julio de 1994 Pacífico apareció ensangrentado entre los escombros de la demolida sede de la DAIA y la AMIA. En 1995 fue detenido bajo la acusación de traficar armas robadas al Ejército”.

También narré que al concluir su indagatoria ante el juez federal Ariel Lijo (que lo procesó), Boudou sostuvo que el trámite mediático de la causa constituía un mensaje de “los poderes establecidos” al sistema político.

No podía saber entonces que en abril de 2017, el entonces presidente de la Corte Suprema de Justicia, Ricardo Lorenzetti, deslumbrado por el protagonismo político que adquirió en Brasil el juez Sergio Moro, lo reunió en Buenos Aires con el juez Claudio Bonadio, quien llegó a tener 10 de las 12 causas que se instruían contra Cristina. Que eso ocurra por sorteo tiene una probabilidad de 1 en 500 millones de veces.

Tampoco podía adivinar que en octubre de 2017, Lorenzetti le daría a Martín Irurzun los lineamientos de una doctrina que no pudo incluir en un fallo de la Corte, porque aniquila el principio de inocencia y convierte la prisión preventiva en una pena anticipada, antes del juicio.

Tampoco que en noviembre de 2017, Lijo ordenaría la detención de Boudou en un operativo humillante en el que fue obligado a posar descalzo y en pijamas, con esposas y flanqueado por dos policías, a partir de lo cual cesaron las publicaciones escandalosas sobre sus finanzas en La Nación y Clarín.

La nota también consigna que “en 2011, el Tribunal Oral Federal 4 absolvió a Pacífico de la acusación de haber provisto los explosivos para el atentado [contra la sede de la DAIA y la AMIA], aunque eso no explica su presencia en el lugar a la hora de la explosión, con tanto sentido de la oportunidad como el caso Ciccone. Para completar el cuadro, en la misma semana de la indagatoria a Boudou en una causa, Lijo sobreseyó en la otra a los tres secretarios de Galeano y al ex ministro del Interior Carlos Corach”.

Tampoco sabía en 2014 que en abril de 2018 otro suboficial del Ejército, Oscar Centeno, quien en 1980 fue compañero de Pacífico en el Batallón de Arsenales 601 del Ejército, sería el detonante de la causa de los Cuadernos Ave Fénix, ni que en mayo de ese año, a instancias de Lorenzetti se formaría la Asociación de Jueces Federales, presidida por Lijo.

No podía imaginar que un fiscal, un juez y un agente de inteligencia extorsionarían a los empresarios, de modo que pagaran su rescate con denuncias falsas.
En ese mismo abril de 2018, el juez de un tribunal oral Leopoldo Bruglia fue trasladado a la Cámara Federal de la Capital, y en septiembre, él mismo propuso que lo siguiera en ese tránsito su colega Pablo Bertuzzi. Ante una consulta del Consejo de la Magistratura, el presidente vitalicio de la Cámara, Martín Irurzun, respondió que no era urgente ni constitucional. No obstante, sin concursar ni obtener acuerdo del Senado, ambos cubrieron vacantes estratégicas que Maurizio Macrì había obtenido a los empellones.

Lo hizo en cuanto asumió. En la última semana de 2015, Lorenzetti transmitió el ultimátum presidencial a los jueces Eduardo Freiler, Jorge Ballestero, Rodolfo Canicoba Corral y Norberto Oyarbide: les convenía renunciar lo antes posible. Hoy no queda ninguno: el primero fue destituido en un juicio político irregular, los otros tres se jubilaron. Otro integrante de la Cámara Federal, Eduardo Farah, fue presionado y pidió su traslado a un tribunal oral de San Martín, del que regresó este año, concluido el tornado.

En octubre de 2016 se promulgó la ley del arrepentido, según el modelo aportado por la cooperación judicial estadounidense, que destacó como embajador en la Argentina al juez texano Edward Prado.

Bertuzzi tuvo que dar una prueba de amor. En agosto de 2018 confirmó la condena de Boudou a 5 años y 10 meses de prisión en la causa Ciccone y ordenó su detención inmediata, sin esperar la apelación, tal como había solicitado el ministro de Justicia Germán Garavano, modificando una pacífica jurisprudencia. Al mes siguiente Macrì firmó su traslado a la Cámara Federal.

Tres semanas después de la sentencia, el testigo que incriminó a Boudou, Alejandro Paul Vandenbroele fue recompensado con un hotel boutique en Mendoza. La condena fue mencionada por el comisario Carlos Linsalata, a cargo del presunto arrepentido en el programa de protección de testigos, para abogar en favor del pago, que no fue el único.

El testimonio de Vandenbroele condujo a la condena de Boudou. Pero el mismo tribunal absolvió al banquero Jorge Brito, a quien el presunto arrepentido sindicó como el financista de la maniobra ilegal.

La Corte Suprema firmó un per saltum para prorrogar todo lo posible el traslado de Bruglia y Bertuzzi, que el mismo tribunal considera reñido con las normas constitucionales. Y cuando Boudou apeló por las irregularidades del proceso que llevaron a su condena, lo rechazó sin expresar los motivos. Porque sí.

La disposición de Bruglia que para reabrir la causa que Martínez de Giorgi había cerrado contra Pedro Etechebest esperó el turno de Julián Ercolini como subrogante en el juzgado que dejó vacante la muerte de Bonadío, señala que el mecanismo de manipulación judicial no ha cesado y que Comodoro Py está en guerra con el gobierno nacional. Etchebest no fue asociado sino víctima de extorsión por parte de D’Alessio, cuya presencia en esta historia termina de ratificar que la operación se concibió en inglés, así como Pacífico y Centeno encarnan su componente militar.

Con leyes nuevas, testimonios pagos y designación inconstitucional de jueces obsecuentes en lugar de los titulares desplazados por la fuerza, no hay sistema que funcione.

Me atrevo a pedirle a Pagni que la próxima vez que cite aquella nota, agregue un link a esta.