“La única manera de enfrentarse a la violencia de la muchedumbre, mediante la cual los comunistas pretendían apoderarse de la ciudad y presentarse al mundo como el gobierno que reclamaba el pueblo … era por la fuerza de las armas”. Winston Churchill

Hagamos un ejercicio de imaginación. Supongamos que Cristina Fernández se convenciera de que las elecciones legislativas no le permitirán hacerse con las mayorías necesarias para su pretensión de modificar las leyes que obstruyen la impunidad que anhela. Supongamos, además, que a partir de octubre comenzaran a llegar al Gobierno las facturas de la fiesta preelectoral: descontrolada emisión para cubrir tarifas atrasadas, subsidios y planes; explosión inflacionaria y consecuente aumento de la pobreza; reprimida devaluación; desabastecimiento por falta de insumos importados; cierre total de acceso al crédito por el seguro default; falta de inversiones para crear empleo genuino; deuda del BCRA y sus escandalosos intereses; etc.. Coincidirá conmigo en que, de darse ese escenario, seguramente la PresidenteVice caería en la desesperación. Falta saber qué haría entonces.

A total contramano de las necesidades imperiosas de la angustiada sociedad, la agenda judicial que la afecta es su única preocupación, pero las encuestas están informando la masiva fuga del voto independiente de clase media que, engañado, permitió al Frente de Todos ganar en 2019. Ese factor, sumado a la pauperización por la inflación de los alimentos (superior en 50% a la media), la inseguridad y la droga, que golpean principalmente a su base electoral del Conurbano y, sobre todo, al penoso proceso de inmunización, a la torpeza y la manipulación en la administración de las cuarentenas y a la incesante revelación de corrupción en la compra de insumos, vacunas y hasta en el transporte de éstas, con las que, por si fuera poco, se inocula a jóvenes militantes mientras se deja indefensos a los más vulnerables, han hecho que la postergación, la unificación o la suspensión de estas elecciones se transformen en algo esencial para no perder el poder.

Que estén utilizando la pandemia y las sospechosas cifras de contagiados y muertos para sostener que será imposible realizarlas, habla muy claro de la catadura moral de quienes son, precisamente, los responsables directos de tamaña catástrofe; son los mismos que fundieron el país (cerraron 30.000 empresas y se perdieron 1,5 millón de trabajos) y ahora reinciden en aplicar recetas fracasadas e inconstitucionales. Espero que la oposición no vuelva a caer en la trampa, aduciendo que no dispondrá de suficientes fiscales para controlar los comicios por miedo al virus; de todas maneras, el oficialismo está proyectando ya un fraude masivo en la Provincia de Buenos Aires, tutelado por un integrante de la manada de rottweilers vengadores, el Juez electoral Alejo Ramos Padilla.

Esa salvaje jauría, en la que destacan el Ministro y el Secretario de Justicia, Martín Soria y Juan Martín Mena, el Diputado Rodolfo Tailhade y el Procurador del Tesoro, Carlos Zannini, a la cual el energúmeno Alberto Fernández no sabe/puede/quiere controlar, está royendo las cadenas institucionales de la Argentina, comenzando por la Corte Suprema, los jueces federales y el Procurador General y sus fiscales, a los que no conseguirán ampliar o reemplazar por vías legales salvo que haya deserciones en la oposición (algo poco probable a esta altura), y todas esas maniobras terminarán, otra vez, en un monumental fracaso. La peregrina teoría del lawfare se debilita porque la enorme mayoría de las causas –salvo “Cuadernos”- que afectan al kirchnerismo (como los bolsos de José López en el convento, por ejemplo), fueron iniciadas antes de diciembre de 2015, cuando Cristina Kirchner era oficialmente Presidente.

Por ello, cabe preguntarse cuándo ordenará ella la toma violenta del Palacio de Justicia, donde reside la Corte; se podría inspirar en los ataques al Palacio de Invierno (Rusia, 1917) y al Cuartel de la Moncada (Cuba, 1953). Si usted cree que deliro al imaginar algo así, recuerde qué sucedió en la plaza el 24 de octubre de 2018, cuando se discutía una fórmula de ajuste de las jubilaciones y las asesinas hordas kirchneristas –demuestran esa pertenencia al guardar un cómplice silencio ahora pese a que el Gobierno está licuando los haberes- pretendían invadir el Congreso, con la complicidad de los diputados Leopoldo Moreau y Horacio Pietragalla, después de arrojar catorce toneladas de piedras sobre la Policía de la Ciudad.

Dispondría, para esa aventura, de nuevas y sanguinarias tropas de asalto: barrabravas, narco-sicarios, criminales liberados, delincuentes importados, soldados de Sendero Luminoso y de las FARC, etc. Esta misma semana, hubo un ensayo general cuando “organizaciones sociales” fueron al Palacio a exigir la liberación de dos delincuentes condenados, Amado Boudou y Milagro Sala, privilegiadas estrellitas de esa maloliente galaxia.

Se me podría replicar que, en 2015, ella entregó el poder pacíficamente pero, a mi entender, las circunstancias son distintas, porque más temprano que tarde llegarán las definiciones en las causas judiciales que, llenas de pruebas concluyentes de corrupción, lavado de dinero y enriquecimiento ilícito, tanto la preocupan, sobre todo por la suerte de Florencia Kirchner. Además, ahora está en juego no sólo la aspiración dinástica de la familia sino su intención de subsumir al peronismo en La Cámpora; es decir, llevar a la victoria el proyecto de los Montoneros de los 70’s, cuyos hijos ya se han encaramado a todas las instituciones del Estado; lo mismo sucede en el sur, donde los terroristas del ERP se han unido a los pseudo-mapuches para reeditar la tentativa de un Tucumán independiente.

Y la dramática pregunta es: ¿De qué recursos morales y físicos dispondrá entonces la sociedad para combatir ese probable golpe de Estado? En la respuesta estará el futuro de la Argentina que conocemos.