La decisión unilateral del presidente Fernández de suspender las clases presenciales en el AMBA generó un foco de conflicto con el gobierno porteño que aún permanece abierto. Esta semana, a pesar del paro convocado por algunos gremios y los intentos del gobierno nacional, que instó a las escuelas privadas a cumplir la suspensión hasta el 30 de abril, se dictaron clases presenciales en la Ciudad. Todos esperan ahora la decisión de la Corte Suprema, que ya se declaró competente y deberá resolver (aunque podría demorarse hasta después de abril).

La Justicia es uno de los tres poderes del Estado y una de sus funciones es resolver conflictos, incluso políticos. Sin embargo, en el marco de la emergencia sanitaria, lo que se pone de manifiesto es que en Argentina los principales actores políticos no pueden, no saben o no quieren prestarse a un diálogo razonable, donde las partes se escuchen y haya vocación de construir acuerdos.

Por estas horas estamos viendo el segundo round de esta contienda entre Nación y Ciudad, con las acusaciones cruzadas entre la titular del PAMI, Luana Volnovich, y los representantes del gobierno porteño. Todo se debió a una serie de inconsistencias en el sistema de asignación de turnos. La discusión, por momentos absurda, parece resumirse en identificar quién generó la nómina con las personas para ser vacunadas, el PAMI o la Ciudad. Nuevamente intervendrá la Justicia, sin que la política pueda ponerse de acuerdo para suministrar cinco mil vacunas. Las diferencias políticas (respecto al uso de los recursos públicos o el orden de prioridades y las decisiones macro del gobierno) son esperables y legítimas, pero la hiperpolitización de absolutamente todos los temas y la contienda electoral constante suprime el diálogo y entorpece la gestión de la pandemia (y la política pública en general, en todas sus dimensiones).

Los elementos discursivos y simbólicos que utilizan nuestros líderes juegan un papel importante en promover este clima de ruptura y descartar todo acuerdo posible. El gobernador Kicillof calificó como “repugnante” el fallo que habilitó las clases presenciales en CABA y el propio Presidente retwitteó una caricatura que lo muestra a él junto al mandatario ruso Vladimir Putin vacunando a un gorila. El clima político también se deteriora con esta clase de adjetivación y agravios que, lejos de generar un entorno para solucionar los problemas, favorecen uno que los agrava cada vez más (lo que efectivamente está ocurriendo).

También ha habido palabras ofensivas desde la oposición que crispan el ánimo social y entorpecen los canales de diálogo, aunque el Presidente de la Nación tiene sin duda una responsabilidad mayor. Si él es el primero en arrojar nafta sobre el fuego, será difícil luego detener las llamas.

La política debe generar certidumbre. En un marco tan complejo como la pandemia, por lo menos acotar la incertidumbre. Pero nuestros líderes están empecinados en hacer precisamente lo contrario. Los gobiernos nacional y porteño gastan sus energías en discutir sobre las clases presenciales o las cinco mil vacunas del PAMI, mientras los padres, en vez de ocuparse de sus obligaciones, deben estar preocupados por la educación de sus hijos y los ancianos esperando su turno para vacunarse. Son costos innecesarios, cuando en vez de focalizar en lo estratégico, la política se encarga de hacer más graves los problemas que ya existen. La obsesión por el hostigamiento político y la diferenciación permanente nos arrastra a una dinámica perversa que impide focalizar en las cuestiones de fondo y alcanzar acuerdos.

Este vicio de nuestro sistema político no solo afecta a la gestión de la pandemia. Tampoco nos permite abordar problemas estructurales como la inflación, la pobreza, el estancamiento y la falta de dólares. Hace solo unos meses, la propia Cristina Kirchner sostenía que, lo que ella llama economía bimonetaria, resultaba de “imposible solución sin un acuerdo que abarque al conjunto de los sectores políticos, económicos, mediáticos y sociales”. Pero resulta utópico pensar en la construcción de consensos básicos en este entorno de confrontación creado y alimentando por los mismos actores que deberían acordar.

Los sondeos que realizamos en D’Alessio IROL – Berensztein muestran que la inflación es permanentemente (incluso en este momento trágico de la pandemia), el tema que más preocupa a los argentinos. Sin embargo, esta cuestión se elude y no se aborda de manera consistente, de manera amplia y en la dimensión que el tema merece. Por el contrario, el gobierno considera ahora aumentar las retenciones a las exportaciones como mecanismo de contención frente al aumento de la canasta básica. Difícilmente un incremento en las retenciones sirva para reducir el nivel de inflación en los alimentos (en el pasado ya ha fracasado) y seguramente abriría un nuevo conflicto en un área sensible. El gobierno se enreda en una sucesión de hechos que buscan aumentar la confrontación.

Desde hace 10 años que Argentina no crece en términos reales y solo suma pobreza y marginalidad. En vez de buscar romper con esta inercia, la clase política queda encapsulada en disputas de corto plazo que reparten victorias o derrotas pírricas. En la vorágine de la contienda, algunos dirigentes pueden adquirir mayor protagonismo, pero es un arma de doble filo si no se logran resolver los problemas de fondo que afectan a los argentinos. Cuando la política queda atrapada en esta clase de conflictos perdemos todos como sociedad.