El rebrote de la pandemia de coronavirus puso en alerta máxima a casi la totalidad de la dirigencia política que, ante el temor de vivir una situación similar a la que se vio el año pasado en Europa y Estados Unidos, ensaya sutilmente y por canales más bien subterráneos una especie de tregua difícil de lograr.

Durante toda la semana los números de contagios y, principalmente, de ocupación de camas de terapia intensiva no dejaron de crecer y cerraron la semana con un récord de 557 muertes y 27.884 nuevos contagios, lo que dejó al Gobierno ante una situación extremadamente delicada: atender la crisis sanitaria en medio de una profunda crisis económica.

En ese contexto, se dieron dos hechos significativos: el primero de ellos fue que los diputados de Juntos por el Cambio aceptaron la propuesta del oficialismo de correr un mes las elecciones primarias y generales ante una segunda ola de contagios que pone en jaque al sistema de salud y el segundo fueron los contactos entre el Gobierno nacional y el Gobierno porteño.

El ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trotta, y su par de la Ciudad, Soledad Acuña, empezaron a dialogar en privado para tratar de bajar el nivel de confrontación generado por el decreto del presidente Alberto Fernández que suspendió las clases presenciales.

Ambas administraciones, la de Fernández y la del jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, empezaron a buscar así que las diferencias por ese tema dejen de expresarse con títulos de guerra en los medios de comunicación y se resuelvan por la vía institucional de la Corte Suprema de Justicia, elegida por el referente opositor.

Tanto la decisión del principal bloque de oposición de la Cámara de Diputados como el canal de diálogo que se abrió entre Trotta y Acuña parecen un intento de calmar las aguas y bajar el tono en un momento que exige mayor consenso entre las dos coalición políticas más representativas.

Sin embargo, no parece algo fácil, dado que los dirigentes de peso propio que rodean tanto al Presidente como al jefe de Gobierno muestran poca disposición para, al menos, posponer la lógica de "la grieta" como se posponen las elecciones.

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, y sus ministros escalan en sus críticas públicas a la gestión de la pandemia por parte de Rodríguez Larreta: esas objeciones fueron el tema central de la reunión de urgencia que mantuvo el mandatario provincial con el Presidente el pasado viernes por la noche.

Ambos empezaron a trabajar en un plan de contingencia para fortalecer el sistema de camas de terapia intensiva ante un "posible desborde de la Ciudad" y así lo dejaron trascender las fuentes gubernamentales; dato no menor porque "desborde" significa que el Gobierno porteño no está conteniendo la pandemia.

Mientras tanto, la presidenta del PRO, Patricia Bullrich, más un puñado de dirigentes "duros" insisten en la "rebeldía" hacia las restricciones dispuestas por el Gobierno nacional para tratar de amesetar la curva de contagios, lo que suma presión sobre Rodríguez Larreta a la hora de tomar medidas.

Y es que, por más que se niegue de manera pública, la dirigencia política está en campaña y "la grieta" es, hace ya bastante años, un insumo fundamental para la puja electoral.

Se verá en los próximos días si es esa combinación de factores la que hace que la búsqueda de una interacción menos agresiva entre oficialistas y opositores se esté dando con gestos en el Congreso y contactos privados, en lugar de acciones más concretas y públicas, que puedan "contagiar" algo de calma a la ciudadanía.

Todos los actores involucrados (Fernández, Kicillof, Rodríguez Larreta, Bullrich, por nombrar solo a los más reconocidos) tienen proyección electoral ya sea para este año o para 2023 y la pandemia es, tristemente, un elemento más de la campaña.

Quienes gobiernan hoy serán medidos en parte por lo que hicieron y hacen para gestionar la emergencia sanitaria, por las restricciones que apliquen o por las que no apliquen, por la cantidad de gente a la que vacunen, por la atención médica que brinden.

En ese contexto, lógicamente, la mayor presión la tiene Alberto Fernández y el oficialismo en su conjunto y ello también explica que el Presidente y Kicillof muestren una postura más alarmista que la oposición, incluso que los opositores que, como ellos, tienen responsabilidad de gobierno.

LA OTRA CRISIS

A esas preocupaciones del Gobierno nacional se suma la crisis económica que atraviesa el país, en parte heredada del colapso del crédito internacional que empezó con la gestión de Mauricio Macri y agravada por la pandemia y las medidas que adoptó el oficialismo para tratar de contenerla.

No es ningún secreto que el cierre total de actividades golpea duro a una economía ya debilitada en todos los aspectos, desde el comercio minorista y el 40% de trabajadores informales, hasta las cuentas públicas que vieron crecer el "rojo" por las medidas con las que se buscó paliar esos mismos efectos económicos, como el ATP y el IFE.

Si bien este año se registró cierta recuperación de la actividad, la inflación sigue la peor amenaza, con un índice del 4,8% en el último mes y un acumulado del 13% solo en el primer trimestre de 2021.

El gobierno apunta al control de precios como medida para contener los aumentos que en muchos casos -alimentos y telecomunicaciones, en particular- son desmesurados pero esa misma apuesta "enerva" al sector empresarial y productivo.

Esa es la palabra que utilizaron las cámaras agropecuarias para referirse a un posible aumento de las retenciones a la exportación agropecuaria, en medio de una suba formidable del precio internacional de la soja que podría traer un alivio a la Argentina, cuyas exportaciones están representadas en alrededor de un 50% por ese grano y sus derivados.

"Para desacoplar los precios de exportación del precio doméstico hay que tomar medidas como los cupos, las retenciones o las declaraciones juradas", afirmó Español con la soja cotizando a 563 dólares la tonelada en el mercado internacional, y los productores se pusieron en alarma.

La pandemia, la campaña electoral y la inflación configuran un escenario muy complejo en el que tanto Fernández como Kicillof y Rodríguez Larreta necesitarán ser extremadamente precisos para que la corriente no los lleve a un lugar todavía más incómodo.