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Todo indica que el gobierno de Alberto Fernández inauguró un nuevo método para controlar el precio de la carne.
El martes, la secretaria de Comercio, Paula Español, lo llamó a Alfredo Coto, dueño de los supermercados Coto, para “pedirle” que no comprara vacunos en el Mercado Liniers. Lo confirmó Jorge Chemes, presidente de CRA, Confederaciones Rurales. Y lo publicaron varios medios.
Coto es el cliente más grande de Liniers. Compra unos 130 mil animales al año, el 10% del total.
Aparentemente, la idea de la funcionaria es que si un cliente tan grande como Coto se retira del Mercado de Liniers, entonces el precio del ganado en pie va a bajar, al reducirse la demanda.
Y entonces esta funcionaria toma el teléfono y le “pide” a un ciudadano, al ciudadano Coto, que haga tal o cual cosa. Es una obvia presión. Coto no se va a poner a ver de dónde sacar 500 novillos por día de un día para el otro sólo porque Paula Español le caiga simpática. Si lo hace, es porque ese llamado es un apriete. Desobedecer entraña el riesgo implícito de que el gobierno te apunte con todas sus armas estatales y paraestatales. Desde mandarte inspecciones hasta apretarte con piqueteros.
Es una violación grotesca de principios constitucionales como la libertad de trabajar y comerciar. Y es doble: perjudica a Coto, y también al Mercado de Liniers. Ningún burócrata tiene derecho a ordenarte a quién comprarle y a quién venderle.
Pero el problema es mayor. Porque, aunque fuera constitucional, el método es absurdo.
Veamos: si Coto no compra en Liniers, va a tener que ir a comprar a otro lado, seguramente a mayor costo (porque si hubiera dónde comprar mejor, Coto ya lo haría, buscando ganar más). O tal vez tenga que apelar a intermediarios que compren en Liniers y después le vendan a él para dejarla contenta a Español. También con más costo.
Otra alternativa es que Coto deje de vender carne. Pero entonces sus clientes, que no van a dejar de comer, van a tener que ir a demandar más carne a otros súper y carnicerías. Y estas empresas van a tener que ir a comprar los mismos animales que ya no compra Coto. Pero, eso sí, van a tener más clientes cautivos a los cuales subirles los precios. O sea, la presión sobre el precio del kilo vivo va a ser la misma que antes (la demanda será igual) pero encima habrá menos competencia (sale un jugador importante). En definitiva, en lugar de bajar, los precios pueden terminar subiendo aún más.
La conclusión es clara, aunque a tantos funcionarios les cueste entenderlo. Y es que hay algo peor que violar la Constitución; es violarla al cuete.
