En los principales escritorios kirchneristas se encendieron las alarmas. No les preocupa ni la pandemia, ni la inflación, ni el desempleo, ni la inseguridad.

El grave dolor de cabeza del kirchnerismo son las posibles denuncias de corrupción de empresas extranjeras en tribunales internacionales y sus posibles consecuencias. El frente de la lucha contra la corrupción se va estrechando y los principales países del mundo comienzan a apuntar sus cañones contra los dirigentes políticos más corruptos del mundo.

En el marco de iniciativas como Democracy 10 y otras, los líderes del Primer Mundo han decidido emprender una ofensiva contra dictadores y líderes populistas acusados de corrupción y otros crímenes. Recientemente, el Reino Unido se ha sumado a los Estados Unidos y Canadá para afrontar el ataque contra estos criminales. En un comunicado, la secretaria del Tesoro, Janet Yellen, dio la bienvenida a la promulgación hoy del nuevo Régimen de Sanciones Globales Anticorrupción del Reino Unido, que se basa en el éxito del Régimen de Sanciones Globales de Derechos Humanos del Reino Unido.

Este nuevo régimen de sanciones otorga al Reino Unido una autoridad similar al programa Global Magnitsky de los Estados Unidos y la Ley de Justicia para las Víctimas de Funcionarios Extranjeros Corruptos de Canadá, que se dirigen tanto a los abusadores de los derechos humanos como a los actores corruptos. “Trabajamos en estrecha colaboración con el Reino Unido para abordar los desafíos mundiales de la corrupción y las finanzas ilícitas”, dijo Yellen.

La Ley Global Magnitski sobre Responsabilidad de Derechos Humanos o Ley Magnitsky es una ley aprobada en los Estados Unidos que persigue a extranjeros acusados de corrupción y violaciones a los derechos humanos. Fue aprobada en 2012 e inicialmente fue dirigida a funcionarios rusos y otras personas implicadas en el crimen del abogado ruso Serguéi Magnitski en noviembre de 2009. Este letrado denunció la corrupción en Rusia. Desde abril de 2016, es ley en los EE.UU. se aplica globalmente y autoriza a los gobiernos a sancionar a los infractores de los derechos humanos en Rusia, congelar sus activos extranjeros y prohibirles ingresar al país firmante.

Por esta ley, están también congelados los bienes del dictador venezolano Maduro y toda la plana mayor del régimen de Caracas y de los principales teócratas y militares del régimen iraní. De allí, la jaqueca kirchnerista y el temor a perder todo el dinero proveniente de ilícitos por los cuales están procesados.

En Washington, Ottawa y Londres consideran que “la corrupción es corrosiva para la gobernabilidad y es uno de los mayores obstáculos para el crecimiento global, la estabilidad económica y el alivio de la pobreza. Es más probable que las sanciones estadounidenses impongan cambios en el comportamiento y perturben actividades amenazantes cuando se aplican en conjunto con nuestros aliados, lo que genera un impacto económico más contundente al interrumpir el acceso al sistema financiero internacional y envía un mensaje más fuerte a los actores malignos en virtud de nuestra solidaridad”, sostuvo el Tesoro.

El uso de sanciones puede incentivar aún más a las empresas a adoptar un enfoque de diligencia debida y riesgo corporativo más proactivo, que tenga en cuenta tanto los derechos humanos como las cuestiones de corrupción.

El peligro acecha al kirchnerismo.