“Ver cometer un crimen en calma, es cometerlo”. José Martí

Néstor Kirchner buscó revestirse con los fueros que otorga la izquierda; para lograrlo cooptó a los organismos de derechos humanos tuertos, a los que financió sin medida, y consiguió la derogación de las leyes de obediencia debida y punto final que, sabiamente, había promulgado Carlos Menem para pacificar el país. A partir de entonces, el demostrado invento de los 30.000 desaparecidos se transformó en dogma, y María Eugenia Vidal, a la sazón Gobernadora de la Provincia de Buenos Aires, no vetó la ley que impide cuestionar, con datos y hechos, esa manifiesta falsedad.

El muerto evitó ser cuestionado por el saqueo que realizó hasta dejar exhausto al país, y que su viuda continuó, tal como demostró esta misma semana el Tribunal Oral Federal N° 4 en un fallo que ocupó más de 3000 fojas. Los anteriores gobiernos kirchneristas habían cometido un claro delito de genocidio al robar tantos fondos que, claramente, faltaron en hospitales, agua corriente y cloacas y hasta alimentos; la trágica situación de los wichi y de los qom, a los cuales se busca exterminar, y de los habitantes del Conurbano profundo, que siguen chapaleando en el barro y a los que el paco destruye, ratifica esta aseveración.

Pero nunca la vocación por el latrocinio había llegado a un punto como el actual, cuando la avaricia y el afán de acumular ha producido –según las propias informaciones del Gobierno- más de 63.800 muertes por la corrupción en el proceso de adquisición de las vacunas y que la Argentina sea de los tres países del mundo que peor han conducido el proceso. Y todo eso cubierto por una bruma que emula el escenario de la guerra de Malvinas, sin su maravilloso heroísmo pero con la épica habitual del relato, que pretende ocultar desde los responsables directos hasta la multitud de funcionarios, secretarios, choferes, amantes y demás que se saltaron la fila.

Nadie ha explicado por qué la Argentina no pudo acceder a los 13,3 millones ofrecidas por Pfitzer o renunció al 90% de las que puso a nuestra disposición el programa Covax, de la Organización Mundial de la Salud, a un precio muchísimo menor. En cambio, pagó a Hugo Sigman US$ 60 millones por vacunas de AstraZeneca que nunca llegaron y que, además, son resistidas por el primer mundo. Ahora, un funcionario confesó que, con ilegal información privilegiada, puso en carrera (y financiará) a Marcelo Figueiras, de Laboratorios Richmond, por la Sputnik V, que no ha autorizado Brasil por la falta de transparencia en los datos científicos que ofrece.

Lo mismo sucede con las razones que llevaron al Gobierno a pagar costosísimos viajes de Aerolíneas Argentinas a Beijin y Moscú, a ofrecer a Cuba financiar el proyecto de fabricar su vacuna “Soberana", y a la concesión exclusiva de los testeos en Ezeiza a una empresa (LabPax) recién creada, tal como sucedió en 2003 con la constructora de Lázaro Báez. Y con la infame politización de la vacunación en la Provincia de Buenos Aires, que se realiza en casas particulares de militantes de La Cámpora y de movimientos sociales, en desmedro de los establecimientos sanitarios disponibles, como salas de primeros auxilios y hospitales públicos.

Lo expuesto hasta aquí y las pruebas que todos los días aportan las investigaciones médicas y periodísticas bastaron para que un Fiscal federal, ante una denuncia privada, impulsara una requisitoria penal contra el Presidente Pinocho, el ex Ministro de Salud -Ginés González García- y su sucesora -Carla Vizzoti, a quien sólo llamó como testigo- y, por supuesto, los dueños de droguerías mencionados, tanto por la masacre que han producido –duplicamos los índices de contagio y mortalidad de India, y tenemos diez veces más fallecidos por cada millón de habitantes, después de la cuarentena más prolongada del mundo- cuanto por este nuevo desfalco.  

En este caso sí resulta aplicable la imprescriptibilidad del delito de lesa humanidad, descripto y sancionado por el Tratado de Roma, que entró en vigor el 1° de julio de 2002 y que, ratificado por la Argentina, fue aplicado aquí con retroactividad a los dos mil ancianos militares presos, algo prohibido en el propio tratado; pero no debiera sorprendernos, ya que el sistema penitenciario les impide acceder a la vacunación contra el Covid, a pesar de constituir claramente un grupo de enorme riesgo, tal como lo ha probado la mortal difusión del virus en las cárceles en que se encuentran.

Mientras la pandemia sigue golpeando, y aterrando, a la ciudadanía, la nefasta araña en que se ha convertido la PresidenteVice mantiene un estruendoso silencio sobre el tema, pero continúa tejiendo sus redes para lograr la impunidad para los innumerables crímenes que ha cometido. Ahora, la ofensiva la encabeza ante el H° Aguantadero el Ministro de Justicia, Martín Soria, que pretende terminar con la independencia de la Procuración General y llevarse puesto al Procurador interino, Eduardo Casal.

A los diputados más lábiles, esos tan proclives a estirar la mano para recibir sobres y favores, que simulan inocencia al aceptar las inconstitucionales posiciones del oficialismo pero introduciendo algunos cambios en el texto que recibió ya media sanción en el Senado, debemos recordarles que no pueden engañarnos ya que a éste, cuya mayoría obedece rastreramente las órdenes de Cristina Fernández, le bastará con insistir en su postura para convertir en ley el original.