El Día del Trabajador motivó unánimes discursos destacando la importancia del empleo formal como instrumento de progreso y equidad. Esto contrasta con las evidencias que muestran que los asalariados registrados en empresas privadas y en el sector público representan apenas el 47% de los ocupados. Es decir, menos de la mitad del mercado de trabajo. El resto se integra por un 30% de cuentapropistas y un 23% por trabajadores asalariados no registrados también conocidos como empleados “en negro”. Si bien algunos cuentapropistas son trabajadores formales, la gran mayoría también son informales. 

¿Por qué es tan masiva la informalidad? Dentro de la multiplicidad de factores explicativos resulta muy sugerente un telegrama, al que tuvo acceso IDESA, de renuncia de un trabajador de Tucumán enviado a su empleador que dice textualmente: “Por la presente, presento mi renuncia en forma indeclinable como así también solicito en carácter de urgente la baja laboral ya que significa un perjuicio en mi economía, al no poder acceder a ciertos beneficios como ser planes sociales y otras asignaciones”. 

Si bien no se pudo determinar la autenticidad del documento no deja de ser pertinente analizar su consistencia. Para ello, el Instituto de Desarrollo Social argentino (IDESA) tomó datos del INDEC referidos al 4° trimestre del 2020, e hizo el siguiente cálculo:  

• Un empleador para poner en blanco un trabajador tiene que pagar, sumando salario bruto más cargas sociales, unos $ 67 mil mensuales.

• El trabajador recibe como salario de bolsillo, es decir neto de aportes, unos $ 45 mil.

• Trabajando en la informalidad ganaría unos $20 mil que sumados al programa Potenciar Trabajo y Tarjeta Alimentar por otros $ 20 mil llega a unos $40 mil.

Estos datos son aproximados, pero muestran que es muy factible que en la informalidad se consigan mejores ingresos que con un empleo formal. Hay que tener en cuenta que una persona de bajas calificaciones, si consigue un empleo formal, seguramente es con un salario inferior al promedio. Además, el cálculo no considera otros programas asistenciales administrados por diferentes organismos nacionales, provinciales y municipales que también exigen no tener empleo formal. Es decir, que los incentivos a trabajar en la informalidad son mucho más fuertes que los calculados en este ejemplo. Los datos confirman una realidad a la que se enfrenta mucha gente, especialmente, la más vulnerable.

Con un sector público crónicamente deficitario, que cobra muchos y malos impuestos y brinda servicios de baja calidad se generan condiciones poco favorables para la inversión productiva y la generación de empleos de calidad. Esto garantiza insuficiencia de empleos de calidad y bajos salarios. La imposición de muy altas cargas sociales, que aumentan los costos laborales y baja la remuneración de bolsillo, es un ejemplo concreto e ilustrativo de cómo las malas políticas publicas estimulan la informalidad. 

En este marco, la pobreza se vuelve crónica, masiva y estructural lo cual da pie al agigantamiento del asistencialismo. Pero, lejos de ser una solución se convierte en un factor que contribuye a darle sustentabilidad a la pobreza. En primer lugar, porque la máxima aspiración de la mayoría de los programas asistenciales es aportar paliativos, pero no sustituye el empleo formal como herramienta de bienestar y dignidad a las familias. En segundo lugar, porque el asistencialismo genera una alta rentabilidad política. Esto explica la proliferación de programas asistenciales que tienen como principal objetivo generar material de comunicación para que un funcionario aparezca entregando algo a una familia vulnerable. 

Ordenar los programas asistenciales para evitar la manipulación de la gente con fines políticos es muy importante. Pero el progreso social depende crucialmente de dinamizar el empleo de calidad. Para ello es imprescindible un contexto más amigable para la inversión productiva. Esto requiere un ordenamiento integral del sector público. Es imposible lograr el crecimiento económico para sacar a la gente de la pobreza con un Estado desordenado que es la fuente de la inestabilidad y el empobrecimiento.

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