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Un ex combatiente de Malvinas denunció penalmente a la ministra de Salud, Carla Vizotti, por presunta “desobediencia a una orden judicial”, un fallo de la Justicia en lo Contencioso Administrativo Federal que ordenó suministrarle la segunda dosis de la vacuna contra el coronavirus por su condición de paciente de riesgo, ya que está sometido a un tratamiento contra el cáncer.
La denuncia fue formulada por Felipe Gelo, un hombre de 59 años que combatió en la guerra de 1982 y fue vacunado con la primera dosis de la vacuna de Sinopharm, pero el complemento de la inmunización lleva más de un mes de retraso.
Gelo padece cáncer de base de lengua y atraviesa actualmente una etapa del tratamiento sobre la base de radio y quimioterapia.
Melo, a través de su abogado, Jorge Monastersky, inició una acción de amparo con pedido de medida cautelar ante el juzgado en lo Contencioso Administrativo número seis, a cargo del juez Enrique Lavie Pico, quien el 27 de abril pasado dispuso “hacer lugar a la medida cautelar solicitada y, en consecuencia, ordenar al Ministerio de Salud de la Nación –y, por su intermedio, al Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires– a que, en el plazo de tres días provean lo conducente y arbitren los medios necesarios a fin de analizar y brindar una adecuada respuesta a la solicitud”.
El fallo ordenaba “que le sea aplicada la segunda dosis de la vacuna SINOPHARM, teniendo en cuenta los antecedentes clínicos acreditados en autos, la enfermedad que padece y el tratamiento médico al que debe someterse, debiendo –en caso de corresponder– considerar al demandante dentro de los grupos de riesgo en la población objetivo priorizada a vacunar”.
El fallo nunca se cumplió.
“Entiendo que la ministra, al ejecutar el acto que le es endilgado, tenía pleno conocimiento de los elementos que hacen al tipo objetivo, ya que sabía que mediante su acción produciría el resultado que le estaba expresamente prohibido por orden judicial vigente y, precisamente, ésta era la finalidad que gobernaba su voluntad”, sostiene la denuncia.
“Todo ello, robustece y afirma la conclusión de que la denunciada actuó con una indudable intención de desobedecer la manda judicial vigente”, añade.
La causa recayó en el juzgado federal número 12, a cargo interinamente del juez federal Sebastián Casanello.
El artículo 239 del Código Penal establece que “será reprimido con prisión de 15 días a un año, el que resistiere o desobedeciere a un funcionario público en el ejercicio legítimo de sus funciones o a la persona que le prestare asistencia a requerimiento de aquél o en virtud de una obligación legal”.
