Mientras que en el Senado, el oficialismo descansa en su mayoría propia para sancionar iniciativas de forma casi automática, en la Cámara de Diputados la relación de fuerzas es distinta y lo obligará a hacer un esfuerzo adicional en la negociación con bloques minoritarios para conseguir los votos que le falta a fin de aprobar los proyectos de emergencia Covid y Ministerio Público Fiscal.

Con sus 119 legisladores, a los que hay que descontar a Sergio Massa que solo vota en caso de desempate y también a José Ignacio de Mendiguren que está en uso de licencia, al Frente de Todos le estarían faltando 12 voluntades para llegar al número mágico de 129 votos.

Allí es donde empieza a jugar la astucia política del Gobierno para persuadir a legisladores opositores que no pertenecen a Juntos por el Cambio y que podrían "vender" el voto hasta último momento a cambio de alguna concesión en la letra del proyecto, o bien algún favor político a los gobernadores de aquellos que ocupan su banca a partir de su ligazón con los poderes provinciales.

El coto de caza para el oficialismo, tanto en el caso de la ley de emergencia Covid como en la del Ministerio Público Fiscal es prácticamente el mismo: son los llamados "diputados del medio".

En ese lote aparecen los seis legisladores del interbloque Unidad Federal para el Desarrollo que lidera José Luis Ramón, los cuatro cordobeses que responden a Juan Schiaretti, los dos socialistas santafesinos, los dos diputados del bloque Justicialista, tres ex Cambiemos y la neuquina Alma Sapag.

En estos días cruciales antes del inicio tratamiento de las dos iniciativas, las reuniones se multiplican y los teléfonos no paran de sonar.

Reforma del Ministerio Público Fiscal

Este martes a las 19:00 se realizará un plenario de las comisiones de Justicia y Asuntos Constitucionales, en lo que será el inicio de un debate que no se extenderá demasiado ya que el Gobierno quiere dictaminar rápido, probablemente el jueves.

Más allá del dictamen, los votos para el recinto no están asegurados y habrá que hilar muy fino en la negociación con los bloques más pequeños para conseguir el objetivo. El interbloque de "Los Ramones", en referencia al jefe de ese espacio, el mendocino José Luis Ramón, suele acompañar en las votaciones al oficialismo y esta vez no sería la excepción.

Ramón exigió como condición para acompañar la iniciativa que se creara una procuraduría especializada en Defensa de las y los Consumidores y Usuarios en el ámbito del Ministerio Público Fiscal.

Desde Juntos por el Cambio sospechan que el pedido del mendocino está atado a un interés personal: el jefe del bloque de la Coalición Cívica, José Manuel López, especuló ayer por Radio Rivadavia con la posibilidad de que se estuviera inventando un cargo en la Justicia para que Ramón ocupe una vez que se le venza su mandato como diputado nacional.

En el interbloque Federal, de 11 legisladores, la situación es más confusa, ya que se trata de un espacio muy atomizado, cuyos integrantes suelen votar distinto entre sí. Por ejemplo, los diputados Eduardo "Bali" Bucca y Andrés Zottos, del bloque Justicialista, son mucho más proclives a acuerdos con el oficialismo que los tres legisladores de Consenso Federal.

En este último caso, Graciela Camaño ya confirmó que no acompañará la iniciativa, mientras que la duda persiste entre los otros dos, Alejandro "Topo" Rodríguez y Jorge Sarghini. La incógnita se extiende a los cuatro cordobeses que responden al gobernador Juan Schiaretti: Paulo Cassineiro, Alejandra Vigo, Carlos Gutiérrez y Claudia Márquez.

Al grupo de indecisos se suman los socialistas santafesinos Luis Contigiani y Enrique Estévez. Por otra parte, tampoco sentaron postura tres ex Cambiemos como la tucumana Beatriz Ávila, Felipe Álvarez (La Rioja) y Antonio Carambia (Santa Cruz); ni los diputados del Frente de Izquierda Nicolás del Caño y Juan Carlos Giordano. En este último caso, el Frente de Todos espera que al menos den quórum en la sesión, independientemente de cómo vayan a votar después.

Ley de emergencia Covid

Para intentar salvar controversias como la que se presentó con la Ciudad de Buenos Aires por la presencialidad de las clases, el Poder Ejecutivo presentó la semana pasada que establece un marco normativo con criterios epidemiológicos básicos que determinan las acciones a tomar ante cada escenario para combatir la segunda ola de coronavirus.

Si bien el proyecto ingresó por el Senado, donde consiguió dictamen en un trámite exprés, el foco está puesto en lo que vaya a suceder en Diputados, dado que en la Cámara alta la media sanción no corre peligro. En Diputados la cuenta es casi idéntica a la del proyecto de reforma del Ministerio Público Fiscal, lo cual refleja cómo está repartida la correlación de fuerzas en la actualidad.

La única diferencia es que aquí los dos diputados de izquierda y también los tres lavagnistas de Consenso Federal adelantaron el rechazo a la propuesta del Gobierno para modificar la forma de elegir al procurador general, entre otros cambios.

El voto del rionegrino Luis Di Giácomo había quedado en duda luego de que el senador Alberto Weretilneck, del mismo espacio político, anunciara que votaría en contra del proyecto. Según pudo saber la agencia Noticias Argentinas, Di Giácomo se alinearía al resto del interbloque comandado por Ramón.