¿En qué va a modificar la reforma del ministerio Público la situación actual de las mujeres fiscales? ¿Se contempla una administración de justicia más igualitaria? ¿Alguien pensó que la justicia y la sociedad necesitan más mujeres para una administración de justicia más igualitaria?

Según el último mapa de género publicado por la Dirección de Políticas de Género del MPF, a cargo de la doctora Romina Pzellinsky, en la Argentina, las fiscales mujeres no alcanzan el 30% del total de fiscales nacionales y federales. Ninguna, repito, ninguna es fiscal ante una cámara de apelaciones federal. Ni hablar de los puestos jerárquicos cuya representación está cada vez más reducida.

Las mujeres del poder judicial recién comienzan a hacerse visibles en las jerarquías menores. Ocupan fiscalías de primera instancia, pero en un número notablemente bajo: solo un 26% por ciento accede a ese cargo. Traducción: de un total de 272 fiscales solo 72 son mujeres.

La situación es aún más desigual en las fiscalías generales. El mapa de género del MPF indica que hay 15 mujeres en esos puestos sobre un total de 85. Pero atención, porque ese lugar de poder que ocupan las 15 es solamente ante tribunales orales. Es decir, en instancia de juicio oral. Esto significa que ninguna mujer ocupa un puesto en instancia de revisión, o sea ante una cámara federal. Alli, son todos hombres. Ellas brillan por su ausencia.

En el proyecto de ley que se debatirá de manera presencial en las próximas horas, se tratarán temas que sin duda generan mucha controversia. Algunos de ellos son la autonomía del Ministerio Público, el poder y la libertad de acción de los fiscales en el sistema acusatorio, la selección y remoción del Procurador General y de los fiscales o la integración de un Tribunal de enjuiciamiento. No hay dudas que son temas que generan una profunda preocupación en la política, la justicia y la sociedad en general.

Pero en la atmósfera, también hay un tema sensible que no se pone en la agenda de debate: la paridad de género en la justicia y las limitaciones a las que se enfrentan las mujeres que participan en concursos públicos para acceder a los cargos más altos de la carrera judicial. El famoso techo de cristal.

Demás está decir que si no fuera por las mujeres fiscales este tema ni se tomaba en cuenta en la la sesión informativa de la Cámara de Diputados del viernes pasado, cuando el ministro de Justicia Martín Soria fue a exponer la necesidad de aprobar el proyecto de ley cuanto antes.

Sin muchas vueltas, las mujeres fiscales se hicieron presentes para hacer oír sus reclamos. Enviaron a una de sus representantes, Mariela Labozetta, titular de la UFEM, Unidad Fiscal especializada en la violencia contra las mujeres.

Labozetta fue breve concisa y clara. Dio un diagnostico general de los techos, toldos, sombrillas o paraguas de cristal que sufren día a día las mujeres en el poder judicial. Expuso reclamos puntuales respecto a los cambios que sí o sí debe tener la Reforma del Ministerio Público. Por ejemplo:

• Crear una Procuraduría de Género que otorgue a la UFEM (Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres) el rango legal que que hoy no tiene. Si bien fue creada reglamentariamente, es importante que su existencia se cristalice en la ley para darle estabilidad y fortalecer su estructura, para poder afrontar la demanda creciente en los casos de competencia nacional y federal.

• Que que la ley exija que quienes concursen acrediten haber hecho los cursos de la ley Micaela que ordena la capacitación obligatoria en género para todas las personas que integran los tres poderes del Estado.

• Que los concursos para acceder a los cargos del Ministerio Público contengan temáticas de género, tanto en los exámenes escritos como los orales.

• Que los reglamentos evalúen la posibilidad de dar puntaje especial para las personas que tengan antecedentes de formación en género (como se computan posgrados en temáticas jurídicas).

• Quitar el requisito de fiscal general de los cargos de decisión: por ejemplo, procuradurías, consejo de fiscales y fiscalías de distrito. Este punto es clave ya que las mujeres prácticamente no tienen posibilidad de ocupar cargos de decisión solo por no ocupar el cargo de fiscales generales.

• En cuanto al funcionamiento interno del MPF, se planteó un punto clave que no ocurre solamente en el Poder Judicial sino en muchas empresas y el propio Estado: promover igualdad de género al interior del organismo e implementar medidas contra la violencia (Ejemplo: acciones contra la violencia laboral y acoso, medidas positivas para que las mujeres accedan a cargos de decisión, etc.)

Por supuesto que la perspectiva de género en la Justicia supera el tema femicidios por todo lo que se detalló en párrafos anteriores, pero no podemos ser ingenuos e ignorar que en un país donde matan a una mujer cada 26 horas es inaceptable que las mujeres de la justicia no tengan ni poder ni mucho menos voto para poder plantear los cambios que se deben dar en el Ministerio Público en materia de políticas de género.

Como dijo la fiscal Labozetta: ”En la Argentina, hay 300 femicidios por año y es urgente intervenir sobre la impunidad en materia de femicidios”.

El debate empieza hoy. La negociación sigue, las chicanas, también. El acuerdo entre los diferentes bloques puede esperar, la letra chica, también. Pero las víctimas de violencia, no. Y las fiscales lo saben.

Ojalá esta tarde también se hable de esto.