El nuevo DNU 334/21 ha decretado un Estado de sitio con la complacencia de gobernadores, el resto de la clase política y una parte de la sociedad que se somete sin quejarse a que le anulen básicos derechos constitucionales.

En sus Considerandos el PEN sostiene su accionar en la Ley 27.541 y en todos los DNU que dictó en base a ella.

Recordemos que con la Ley 27.541 de Solidaridad Social y Reactivación Productiva en el marco de la Emergencia Pública, innecesariamente e irregularmente, el Congreso Nacional le delegó amplias facultades al actual Presidente.

La delegación de facultades que el Parlamento llevó adelante al amparo del artículo 76 de la Constitución Nacional no se fundamentaba en ninguna razón atendible, ya que siendo una normativa excepcional necesitaba de causas graves y justificadas que así lo impongan, y aquellas no existían.

En diciembre del año 2019 no había ninguna razón valedera para delegar facultades.

Además, la ley 27.541 expiró el 31/12/2020 porque así lo disponía la voluntad de la autoridad delegante manifestada expresamente en la normativa y el Congreso Nacional nunca retomó dichas potestades delegadas y tampoco prorrogó la delegación de facultades.

Prueba de ello es que el nuevo DNU admite haber enviado un Proyecto de Ley para que se vuelvan a delegar potestades a su favor y con ello va de suyo que HOY no le asiste ninguna legitimidad y validez a la prórroga que se auto-otorgó hasta el 31/12/21 por DNU 167/21 en materia sanitaria.

Si esa argucia es el sustento de este decreto de confinamiento lamento advertirles que nos han encerrado y arrebatado nuestras libertades simplemente con un anuncio por los medios televisivos, porque este DNU vale tanto como un papel firmado debajo del agua.

Y entiéndase que nos acostumbraron a pensar desde una realidad alternativa, inventada por la clase política y avalada muchas veces por parte de una justicia venal, que hasta tanto no lo decreten inconstitucional ese instrumento es válido.

Y no es así. El Estado de Derecho no subyace en una norma que pretende legalizar por derecho lo que nos arrebatan sin derecho. Y el artículo 36, en función del artículo 29, de la Constitución Nacional es clarísimo en ese aspecto.

Reitero lo dicho en muchas notas, no se trata de la mitad de la biblioteca ni de ninguna interpretación forzada. Como dicen las feministas, cuando es NO es NO. Y punto.

En dicha inteligencia es dable concluir que las razones sanitarias que se nos pretenden imponer no son reales y que todo se trata de una cuestión de estricto orden político.

La clase política, en su gran mayoría, sólo trata de conservar su poder. Eso explica las razones por las cuales hace unas semanas atrás Horacio Rodríguez Larreta fue a la Corte Suprema para garantizar las clases presenciales (la acción primigenia partió de unos padres y no del gobierno de Caba) y ahora decidió que la semana entrante no habrá ni siquiera clases virtuales con la excusa de que se trata de solamente 3 días. ¿Qué parte no entienden Larreta, Acuña y otros que cuando se trata de educación hasta 2 horas son importantes?

Ese oportunismo político de Larreta para volver a la vereda en que se encuentra la gran mayoría de la clase política siempre tiende a la auto preservación: inmunidad absoluta a su gestión y neutralizar el control de la justicia sobre el cumplimiento de las obligaciones a su cargo.

Mientras el DNU 334/21 esgrime “que deviene imposible seguir los trámites ordinarios para la sanción de leyes” para cercenarnos derechos, todos observamos que hay sesiones de todo tipo tendientes a la delegación de nuevas facultades legisferantes al PEN y paralelamente para anular el accionar del Ministerio Público a través una Ley que prácticamente tiene como objetivo reformar el artículo 120 de la Constitución Nacional al antojo de los legisladores. Resulta claro el cinismo con lo que nos quieren hacer creer que su preocupación somos nosotros, los ciudadanos que sostenemos sus veleidades.

Por eso necesitan que la población se mantenga atemorizada y en silencio sepulcral para poder “cargarse” la República.

Las próximas víctimas de este “plan de sometimiento” para convertirnos en Venezuela o Cuba, son los miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Por eso este DNU 334/21, aparte de NO tener validez alguna, es inconstitucional, nulo e ilegítimo, toda vez que las situaciones excepcionales que argumenta el PEN para sostener su dictado no han sido ajenas a su propia impericia, negligencia e indolencia (más bien durante más de un año acrecentaron la gravedad de la situación) ya sea que por su acción u omisión han contribuido a aumentar la amenaza para luego utilizarla en su beneficio y como sustento de una supuesta “necesidad y urgencia”.

Con estos elementos, es muy claro concluir que la llamada “necesidad y urgencia” resulta espuria y que exige URGENTEMENTE que la justicia intervenga para controlar el acto.

Por otra parte, el PEN frente a un “grave interés de orden y progreso” que justifique que se convoque al Congreso Nacional omitió cumplir con lo que expresamente prescribe el artículo 99 inc. 9 de la CN.

Va de suyo, entonces, que NO ha sido ajeno a la falta de respuesta institucional, por lo que sus DNU en la materia tampoco gozan de legitimidad suficiente en función de este requisito.

Máxime cuando el propio PEN admitió que tenía tomadas medidas al respecto para controlar la situación con el dictado del DNU N° 260 del 12 de marzo de 2020 por el cual se amplió en nuestro país la emergencia pública en materia sanitaria establecida por Ley N° 27.541 por el plazo de UN (1) año en virtud de la pandemia declarada.

La propia argumentación contenida en la exposición de motivos del DNU hace referencia al “Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP)” y a la “Convención Americana sobre Derechos Humanos”, pero se ha omitido que esos convenios internacionales hacen expresa referencia a “leyes” y bajo circunstancias excepcionales y no a simples decretos. Esas menciones hubiesen servido para sostener la aplicación del Estado de Sitio, pero no para justificar el DNU.

Toda la argumentación sobre fuerza mayor, necesidad, urgencia y hasta conveniencia, se derrumba irremediablemente repasando los hechos que son incontrastables tal como lo pongo de manifiesto en esta nota.

La libertad de transitar, de educar y aprender, de reunión, de trabajar y ejercer industria lícita, etc. fueron cercenadas NO en función de la ciudadanía sino por el presunto colapso del sistema sanitario si la propagación se multiplicaba exponencialmente.

Si el derecho a la salud es la verdadera preocupación, como motorizadora de políticas sanitarias, deberían abordar el problema de la mortalidad y la desnutrición infantil y las condiciones deplorables básicas en la que viven millones de habitantes de asentamientos precarios sin agua potable y sin cloacas, todas enfermedades y situaciones que también se llevan cantidades de vidas.

Lo llamativo es que todo lo llevado a cabo parece ir en una sola dirección: otorgar al PEN la suma del poder público con miras a la toma del poder por parte de la Vicepresidente, neutralizar por inacción al Poder Legislativo (para que sea un organismo que refrende los DNU) y al Poder Judicial (dominando al Ministerio Público como antesala del reemplazo de la Corte Suprema), extremar los controles de los individuos a través de aplicaciones en celulares, imposición de permisos de distinta índole, apropiación indirecta de patrimonios ajenos (impuestos solidarios “manu militari”, transferencia de paquetes accionarios de manera compulsiva, dependencia absoluta y clientelar del gobierno para que la sociedad se conforme con asistencia alimentaria permanente, etc.). Un plan destinado a terminar con el Estado de Derecho.

El Máximo Tribunal sentenció hace unos días que la emergencia no está por encima de la Constitución ni la suspende y eso es lo que marca la diferencia entre una democracia y una autocracia.

El DNU insiste con que no se puede tener 24 estrategias diferentes y este argumento desconoce el reciente fallo de la Corte Suprema tratando de imponernos un Estado Unitario donde cesen todas las autonomías tanto provinciales como municipales, desconociendo que TODOS esos ESTADOS tienen competencia en materia de salud que deben ejercerse de manera interjurisdiccional entre los distintos Gobiernos del Estado Federal.

Nos gobiernan un puñado de improvisados, por decretos, con un Congreso mayoritariamente ausente y parte de un Poder Judicial que trabaja en función de los caprichos del PEN. No hay control de las medidas de emergencia que claramente están avasallando nuestros derechos individuales.

Se confunden quienes nos gobiernan cuando declaman que protegen nuestra salud. De ninguna manera, ellos deben garantizar que se protejan y respeten nuestros derechos, el resto es de nuestra exclusiva incumbencia.

Lo que NO se advierte es que todo vale en un hiper-vicepresidencialismo que nos dirige la manera en que debemos vivir dentro de sus parámetros hasta que obtengan su objetivo: un indulto generalizado para que escapen de la justicia, que nunca más se impute a funcionario alguno por corrupción y abolir la mayor cantidad de garantías que nos asisten a los ciudadanos.

Esta gestión desastrosa, en todos los aspectos, que en connivencia con muchas anteriores solamente logró hundirnos en la pobreza extrema desde 1983 a la fecha, por obra y gracia de un único responsable: gran parte de la clase política y sus herederos eternos.

La unidad de la sociedad es un mandato, señores, para terminar con esta caterva de politequeros baratos y eso se hace desarrollando una acción conjunta contra quienes están violando flagrantemente el artículo 36 de la Constitución Nacional. En ese artículo están nuestras herramientas.

Los ciudadanos de bien necesitamos converger en un objetivo común: que vayan a la cárcel los funcionarios corruptos y quienes ejercieron sus funciones negligente o dolosamente, sumergiéndonos en un estado de incertidumbre e indefensión absoluta, que nos coloca muy lejos del mínimo bienestar general.

El reclamo debe ser unánime: que renuncien y dejen sus cargos para que lo ocupen pares nuestros de la sociedad no infectados de malas artes.

Cada uno de nosotros conoce profesionales capacitados y honestos, personas de bien que por salarios dignos y más modestos que los que perciben los actuales funcionarios podrían desempeñar más eficientemente el cargo que ocupen y acorde a las verdaderas necesidades sociales y no a sus propios intereses.

Les puedo garantizar que cualesquiera de ustedes pueden desempeñar esas funciones mucho mejor que varios integrantes de esta casta política cebada por el poder y por el enriquecimiento ilícito.

Si dejamos de lado la grieta, que es funcional a varios políticos, y nos unimos detrás del bien común de la sociedad, podremos vivir en una Nación pujante que nos devuelva al orden natural con la guía de Dios Nuestro Señor, fuente de toda razón y justicia.


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