El 6 de julio de 2018, alrededor de las 11 y cuarto de la noche, la Policía Federal fue alertada por la instalación de un artefacto explosivo en la puerta de un edificio de la Avenida Callao 1219. Junto al dispositivo había unos panfletos con la leyenda “Vila ladrón”. Allí, en el séptimo piso, había vivido José Luis Vila, quien se desempeñaba en ese momento como Subsecretario de Asuntos Internacionales del Ministerio de Defensa.

La minuciosa investigación de este episodio, que estuvo a cargo del juez federal de Lomas de Zamora Juan Pablo Auge y de la fiscal Cecilia Incardona, acaba de producir pruebas tan inesperadas como abrumadoras sobre quiénes fueron los autores del delito. Esa información demuestra el involucramiento orgánico en la operación de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) que conducía, por aquel entonces, Gustavo Arribas. Y la intervención directa en los hechos de la exsubdirectora de ese organismo Silvia Majdalani. Ambos ya han sido procesados por espionaje ilegal. En la trama que condujo a estos nuevos resultados colaboraron la torpeza y el azar, en una peripecia con rasgos cinematográficos que ahora deberá examinar la Justicia de Comodoro Py.

Cuando, el 7 de julio, la prensa publicó la noticia, se multiplicaron las conjeturas. Entre ellas, que la “bomba” se la había colocado el propio Vila. O que se trataba de un atentado organizado por una banda informal de “cuentapropistas”. En aquel tiempo, Vila ejercía la máxima responsabilidad del Estado en los temas de Defensa relacionados con el exterior. De hecho, para la fecha en que apareció ese artefacto en su domicilio se encontraba haciendo gestiones en Moscú. Las hostilidades contra él habían empezado el 3 de mayo de 2017, con una denuncia anónima por enriquecimiento ilícito, que hasta hoy no ha podido verificarse, en el juzgado de Julián Ercolini. Casi un año después, el 20 de marzo de 2018, aparecieron en el Ministerio de Defensa, donde tenía su oficina, planfletos acusándolo de “corrupto y acosador”. Cuarenta y ocho horas más tarde, el ministro Oscar Aguad recibió una carta anónima denunciando que el subsecretario era un corrupto y reclamando su despido. El mismo día, en el edificio de la avenida Callao tiraron volantes con el siguiente texto: “Señor Vecino, ¿conoce a José Luis Vila? Usted paga impuestos para que este señor robe plata del Estado”. El paso siguiente fue la disposición del explosivo en la entrada de esa casa.

La denuncia dio lugar a que se abra un expediente a cargo del cual quedaron el juez Sebastián Ramos y el fiscal Guillermo Marijuan. Pero las novedades llegaron desde otro lado. El 21 de febrero de 2020 se entregó en Ingeniero Budge el narcotraficante Sergio Rodríguez, apodado “Verdura”. Titular de una red que vendía más de tres kilogramos de cocaína por día, “Verdura” se movía con total impunidad en el sur del conurbano bonaerense. Se habían registrado tres intentos para capturarlo. Todos fallaron porque antes la policía le avisaba. Eso sucedió por última vez el 14 de febrero de 2020, cuando en su casa de Monte Grande fueron detenidos la esposa, la amante, el hijo, el suegro, el hermano y el cuñado del narcotraficante. Entonces decidió entregarse. Pidió hacerlo ante el juez federal de Lomas de Zamora Federico Villena, que era el que lo buscaba. El 21 Villena lo arrestó.

La declaración de “Verdura” fue una combinación de mentiras y verdades. Entre los delitos que confesó figuraba que un abogado ligado a la AFI, Facundo Melo, que se le había aproximado a través de barras bravas, había contratado sus servicios para “darle un susto” a alguien que vivía en la Capital Federal. Melo habría ofrecido, según el narco, una credencial de la AFI para vender drogas en la provincia con esa cobertura.

Villena llegó a Melo y, a través de él, comenzó a investigar a Leandro Araque, un agente de la Policía Metropolitana que prestaba servicios en la AFI. La casualidad puso la mano. La exmujer de Araque había sufrido un allanamiento policial. Él se hizo presente en el domicilio e intentó, en vano, evitarlo. Allí le incautaron su teléfono celular. Cuando Villena quiso investigarlo, ese teléfono estaba bajo resguardo en el juzgado de Daniel Rafecas.

En los archivos de WhatsApp el celular de Araque cobijaba información increíble y, sobre todo, inconveniente, para las autoridades de la AFI. Por ejemplo: el 7 de julio de 2018, es decir, al día siguiente de la instalación del explosivo, a las 12:06, alguien se comunica con él desde el número 302626348 e inicia un curioso diálogo:

“302626348: Tas?

Leandro Araque: Ahora sí

302626348: Escuchame, el qth [el domicilio en la jerga de Seguridad] de los folletos es el mismo?

302626348: Viste el parte de pfa [Policía Federal Argentina]?

Leandro Araque: Sí, y en el trabajo también.

Leandro Araque: No. No lo vi.

Leandro Araque: En la nota de Crónica le apuntan a otra persona”.

Horas más tarde, pasadas las 22, se establece otra comunicación entre el mismo abonado y Araque:

“302626348: Me dijo 8 que hace un año no vive ahí, bolu

Leandro Araque: Vos me estás jodiendo?

Leandro Araque: Entre nos, me juego las bolas q Diego nos había asegurado que vivía ahí

Leandro Araque: Porque supuestamente no lo teníamos que ‘peinar’ x ninguna base de datos

Leandro Araque: Porque le iba a llegar”.

“8” en el lenguaje de Inteligencia es el subdirector, en este caso, Majdalani. Diego es Diego Dalmau Pereyra, el jefe de Contrainteligencia, subordinado directo de Majdalani. Araque se entera allí de que Vila no vivía en ese domicilio desde hacía un año, lo cual era cierto. Pero explica que Dalmau les aseguró que esa era la casa del funcionario. Dalmau también les había indicado que no debían “peinarlo”, es decir, investigarlo a través de bases de datos, porque corrían el riesgo de que Vila se enterara.

La siguiente información de valor aparece en el teléfono del espía Araque el 17 de julio. El director de Operaciones Especiales de la AFI, Alan Ruiz, reenvía las fotos oficiales de la “bomba” instalada en lo de Vila y un parte de la Policía Federal, diciéndole: “Esto me pasa Silvia (Majdalani). Dijo que no vamos a colaborar con la causa. Cerrado”.

En ninguna de esas informaciones está la clave del delito. Lo más grave del contenido del celular de Araque aparece el 2 de julio de 2018: es una foto del artefacto explosivo que, cuatro días después, sería colocado en lo de Vila. Para la misma fecha figura otra imagen: un papelito sostenido entre dos dedos con el número de teléfono, el DNI y la dirección de Callao. Esa segunda foto procedía del celular de otro agente, Jorge “el Turco” Sáez.

Quiere decir que estos funcionarios de la AFI estuvieron en contacto con la “bomba” que sería destinada a Vila, y transmitieron la dirección donde debía ser instalada. Además, como se infiere de los mensajes del día en que fue colocado el artefacto, Dalmau había indicado cuál era el domicilio. Pero Majdalani les advirtió que estaba desactualizado.

Para terminar de entender el involucramiento de la AFI de Arribas y Majdalani en todos estos hechos hay que prestar atención a mensajes más antiguos que se conservan también en el celular de Araque.

El 20 de marzo de 2018, es decir, el día en que aparecen los volantes con insultos contra Vila en el Ministerio de Defensa, alguien identificado como “Colo”, apodo de Ruíz, se comunica con Araque:

“Colo: Lea ¿le mandaron eso a Diego (Dalmau Pereyra)?

Lea: Los panfletos están aprobados

Lea: La carta hay q retocarla un poco.

Lea: La tenés que hacer circular vos porque sos el idóneo para no quedar pegados”.

Aparecen también mensajes reenviados desde el teléfono de Sáez, con instrucciones de Dalmau: “Está buenísima la nota. Pero sáquenle las referencias a la banda radical. Limítense únicamente al tipo”.

Está hablando, claro, de la nota en la que piden al ministro Aguad que eche a Vila.

Esta intervención de agentes de la AFI en la confección de esa carta y de los panfletos explica que, el día en que apareció el explosivo en el edificio de Callao, alguien le preguntara a Araque si ese blanco (qth) era “el mismo de los folletos”. Y que Araque confirmara que sí y que también lo habían panfleteado “en el trabajo”, es decir, en Defensa.

La información que aquí se ha reconstruido surgió de la investigación del juez Auge y la fiscal Incardona, de Lomas de Zamora. Tal vez así se explique la insistencia con que Arribas, Majdalani y otros imputados en este caso reclamaron, con éxito, que el expediente pase a los tribunales de Comorodo Py. Allí se discute ahora a quién corresponde seguir con la pesquisa: si al juez Ramos y a Marijuan, que recibieron la denuncia inicial por la “bomba”, o a Marcelo Martínez de Giorgi, a quien le fue derivada la causa originada en Lomas por las declaraciones del narcotraficante “Verdura”. Ramos o Martínez de Giorgi, también Marijuan, están ahora ante el desafío de, por lo menos, igualar en eficiencia a sus colegas Auge e Incardona.

Queda todavía por ser despejada la incógnita sobre la motivación de este ataque sistemático contra Vila. La tesis, insinuada una y otra vez por allegados a Arribas y Majdalani, de que se trataba de un encono originado en el afán de Vila por ocupar alguno de sus cargos, parece inconsistente. Está claro que a este funcionario se lo quería desplazar del área de Defensa.

¿Por qué? Hay una razón que parece verosímil. Vila es un antiguo militante alfonsinista, que actuó en el área de Inteligencia. Durante una década estuvo destacado ante los Estados Unidos, la OEA y la ONU, donde trabajó en el área de lucha contra el terrorismo y el narcotráfico. Apalancado en esa formación, se encargaría durante el gobierno de Mauricio Macri de organizar a los agregados de Defensa en el exterior para cumplir ese cometido. Hay que recordar que Macri asignó a las Fuerzas Armadas hacer Inteligencia externa en ese campo. Síntesis: Vila comenzaba a controlar un aparato relevante para auditar las tareas de Inteligencia internacionales. Y, entre otras cosas, los recursos. Sacarlo del medio podía ser indispensable para el control de esa palanca del Estado y, sobre todo, para manejar con liberalidad esos fondos. Hay una curiosidad en los mensajes que conserva el celular de Araque. En uno de ellos, refiriéndose a Vila, el agente Sáez reflexiona: “Pobre tipo. Si querés combatir la corrupción, no te dejan”.

El de Vila es uno de esos casos específicos que condensan los rasgos de una patología mucho más extensa, que ya le valió el procesamiento a Arribas, a Majdalani y a los subalternos que participaron de sus operaciones clandestinas. La información que ahora aparece desmiente que, como quieren quienes ya han sido sancionados, se haya tratado de delitos cometidos por cuentapropistas. Fueron, como queda claro en los mensajes, operaciones organizadas con una cadena de mandos, con la conducción y supervisión de las autoridades oficiales. Un ejemplo: cuando Dalmau es desplazado y destinado a Chile, las actividades clandestinas quedaron a cargo de Ruiz, otro funcionario jerarquizado.

Es evidente que en esa gestión de la Inteligencia existió una gravísima irresponsabilidad. Se reclutaron efectivos en la Policía Metropolitana, quizá por falta de confianza en el personal de la AFI, y se los asignó al área más delicada de la seguridad nacional: la contrainteligencia, es decir, el sector encargado de detectar si el Estado está siendo sometido al espionaje de alguna potencia extranjera o de alguna organización delictiva.

La situación de Vila es, en este sentido, reveladora. Era el máximo funcionario internacional en el área de Defensa. Sin embargo, a ningún organismo del Estado le inquietó que en su casa apareciera un explosivo. Más aún: Majdalani dio la orden de no colaborar con la investigación. Es la señal de una increíble indolencia. O de que sabía demasiado bien quién era el autor del crimen (Diario La Nación).