La falta de transporte público dejó al desnudo la implacable discriminación al que está sometido el interior del país.

Hay un dato que lo dice todo. Según datos del propio gobierno y de la Asociación Argentina de Presupuesto, en 2020 la Nación gastó 7.932 pesos para subsidiar el transporte en colectivo o tren de cada habitante de la Capital Federal y del Conurbano boanerense. En cambio, por cada intranjero, por cada argentino que es tratado como extranjero por vivir en el interior del país, el mismo gobierno nacional gastó 632 pesos. O sea: un habitante del Gran Buenos Aires recibe 11 veces más subsidios al transporte que un habitante del interior.

Y esta marginación no para de ampliarse. De hecho, en el Gran Buenos Aires los choferes acaban de conseguir un aumento de 37% y una suma fija de 80 mil pesos que pagará por completo la Nación. Mientras, en el interior nos la tenemos que arreglar como podamos. La Nación paga todos esos subsidios irracionales al Gran Buenos Aires emitiendo billetes. En el interior pagamos el impuesto inflacionario que genera esa emisión, pero, claro, también pagamos un boleto 10 veces más caro que el granbonaerense.

La discriminación es tan dramática, es la exclusión, el ninguneo del interior ha llegado a niveles tan grotescos, que ha producido una situación sin precedentes: el aliado político del presidente Alberto Fernández que en reparto de poder había conseguido el derecho a manejar la Secretaría de Transporte de la Nación ha decidido que ya no quiere hacerse cargo del tema. Ese político es el senador por Córdoba Carlos Caserio, un exdelasotista que se convirtió en el referente de Cristina Fernández y de Alberto Fernández en Córdoba.

En el marco de esa alianza, Caserio pudo designar hasta ahora a las autoridades de Transporte. Pero el senador ha hecho saber que ha renunciado a ese poder. "Cumplimos una etapa", nos dijo su colaborador más estrecho.

El gesto es inédito. Ningún político renuncia a manejar una secretaría como la de Transporte que ofrece posibilidades enormes de colocar funcionarios y militantes, que maneja uno de los presupuestos más gigantescos del país (más de 130 mil millones de pesos este año) y que ofrece infinitas posibilidades para hacer que gobernadores, intendentes, empresas y sindicatos te deban favores.

Pero hay sapos que son demasiado gigantes para tragar. El mandato de Caserio en el Senado concluye este año. Se supone que quiere ser candidato. Y es inviable ser el candidato de la discriminación unitaria y antifederal, el candidato que tienen que votar decenas de miles de cordobeses que no consiguen subirse a un bondi, aunque lo paguen 10 veces más caros, por el sólo hecho de no vivir en el Amba. Con cualquier otra provincia pasa lo mismo.

La inédita renuncia de Caserio a ocupar un espacio de poder, presupuesto y negociación es la prueba definitiva de la discriminación. Ni siquiera él debe poder dar una explicación de la irracionalidad discriminadora y fiscalmente inviable de un gobierno al que sólo le importa lo que pasa en los 50 kilómetros a la redonda de la Plaza de Mayo.