Ciudad Juárez, con su millón y medio de habitantes, es la cuarta ciudad de México. Está ubicada en el Estado de Chihuahua, en la frontera con Estados Unidos y justo enfrente de la ciudad texana de El Paso, y rodeada por un árido desierto al que muchos llaman “el Laberinto del Silencio”. A juzgar por lo que viene sucediendo allí desde hace casi tres lustros, ese apodo está muy bien puesto.
    Esta ciudad viene cargando una pesada mochila y uno de los más oscuros capítulos en su historia en cuanto a la violencia sobre la mujer: más de 400 asesinatos a lo largo de catorce años y un número de desapariciones que oscila entre 300 y 500, según cuál organismo del gobierno o asociación civil efectúe el conteo. Las cantidades exactas aún hoy permanecen en el misterio, debido a la falta de voluntad para investigar por parte de las autoridades mexicanas. Sea cual fuere el número exacto de las mujeres asesinadas en Ciudad Juárez, en ese desierto nadie las oyó gritar.
    Las víctimas responden a un patrón: niñas y muchachas de entre 10 y 25 años de edad, con una gran mayoría ubicada entre los 13 y los 18 años, por lo general de condición humilde, desempleadas o trabajadoras en las “maquilas” –las plantas industriales que pululan en esa zona fronteriza y que también emplean a menores de edad- y estudiantes. Sus fisonomías también suelen revestir uniformidad: prácticamente todas son de tez morena, delgadas y de cabello largo, y casi todas fueron sorprendidas mientras iban hacia sus trabajos o regresaban a sus casas.
    La forma en que se encontraban sus cuerpos al ser hallados –no todos lo fueron- describe bien los horrores que atraviesan a tantas familias de la región y la perversidad que domina las mentes de sus verdugos: antes de ser asesinadas fueron violadas repetidamente por más de una persona, torturadas, mutiladas y estranguladas. Algunas presentaban su cara destrozada, o sus pechos cortados o con pedazos arrancados a mordidas; otras estaban quemadas o descuartizadas; y otras tenían cortes en sus labios, pechos y una marca similar a una “X” en sus caras, brazos o espaldas.
    Eso sí, de los estudios forenses realizados surgió un detalle más que quedó impreso en los rostros de las víctimas como un sello de la locura perversa y homicida de sus asesinos: todas, sin excepción, murieron aterrorizadas.
    Al desinterés de las autoridades locales –gobernadores del Estado, jueces y policía- por efectuar una investigación seria, a lo que se suma una cadena de encubrimientos y desvíos de la atención lejos de donde debe estar centrada, se agrega una falta de información que ha generado por ello diversas hipótesis sobre los motivos de esas muertes. Entre éstos se han barajado desde crímenes pasionales, homicidios seriales, accionar de los narcos y ritos satánicos hasta el tráfico de órganos y la pornografía “snuff”.
    Precisamente en una nota de fines del año anterior, titulada “El crimen  más aberrante: abuso sexual de niños-¿Dónde está mi hijo?”, hacíamos referencia a los snuff films y a la avidez, tanto la de quienes quieren satisfacer su perversa morbosidad consiguiéndolos, pagando por uno de ellos hasta 25.000 dólares, como la de los delincuentes y asesinos que están a la caza de víctimas para proveerlos. Los snuff films consisten en la filmación de violaciones y torturas que terminan con el asesinato de la víctima, tienen gran demanda en Estados Unidos y Europa y suelen ser ofrecidos y distribuidos a través de Internet o directamente en el mercado negro.
    La Unidad Especial contra la Delincuencia Organizada (UEDO), perteneciente a la Procuraduría General de la República de México, ha verificado varias películas pornográficas en las que aparecen mujeres similares a las víctimas de Ciudad Juárez, pero hasta el momento la búsqueda no dio resultados y aunque se la considera una línea de investigación poco sólida, no es descartada totalmente.
    En cuanto a las teorías sobre el tráfico de órganos como móvil de los crímenes, aquellas surgieron cuando los cuerpos de tres mujeres hallados en noviembre de 2002 y febrero de 2003 en la región de Cristo Negro, estaban mutilados y les faltaban algunos de sus órganos.
    Hasta el momento no se ha podido confirmar cuáles fueron los móviles de los asesinatos de Ciudad Juárez, o si fueron cometidos por los mismos autores. Pero los homicidios y desapariciones aún continúan.


Aquí vive el horror

    Como un macabro muestrario de las atrocidades cometidas por los asesinos sin rostro de Ciudad Juárez citaremos sólo algunos ejemplos de estos crímenes que siguen sin resolverse. Quizás como advierten en televisión antes de proyectarse una película o un documental con escenas de contenido muy “fuerte”, deberíamos decir que lo que se leerá a continuación “no es apto para personas sensibles”.
    Gladys Janet Fierro, de 12 años, fue raptada en mayo de 1993 y encontrada unos días después, violada y estrangulada.
    En septiembre de 1995 fue localizada una estudiante, Silvia Rivera Morales, de 17 años, esta vez en Lote Bravo, al sur del aeropuerto. Aparte de ser violada y estrangulada, el seno derecho le fue cercenado y el izquierdo arrancado a mordidas, al igual que ocurrió con otras de las víctimas que se hallaron en 1995 también en Lote Bravo.
    Sagrario González, de 17 años, obrera de una maquiladora, también desapareció después de salir del trabajo en abril de 1998. Días después se localizó su cuerpo en un lote baldío y se determinó que fue violada, estrangulada y acuchillada.
    En 1996 fueron seis las víctimas acuchilladas, mutiladas y violadas que se encontraron en una zona desértica conocida como Lomas de Poleo.
    Según relata la periodista Diana Washington en su libro “Harvest of women” (“Cosecha de mujeres”), “los cadáveres de Lote Bravo y Lomas de Poleo estaban entre los 24 expedientes que estudiaron los especialistas de la Oficina Federal de Investigaciones de Estados Unidos (FBI) cuando visitaron Ciudad Juárez en marzo de 1999, después de que el presidente mexicano Ernesto Zedillo solicitó apoyo al mandatario estadounidense Bill Clinton durante una reunión en Mérida, Yucatán, en febrero de 1999”.
    Hester van Nierop, una estudiante holandesa de 18 años, fue secuestrada el 20 de septiembre de 1998 y doce horas después se encontró su cadáver bajo la cama de una habitación del Hotel Plaza. Había sido torturada, violada y estrangulada.
    Lilia García Andrade, de 17 años y madre de dos niños, desapareció el 14 de febrero de 2001 al salir de su trabajo en una fábrica, y su cadáver fue hallado siete días más tarde en un terreno baldío frente al centro comercial de Plaza Juárez. Estaba semidesnuda y envuelta en una manta. La autopsia reveló que había sido asesinada el 19 de febrero y que antes de ser estrangulada había sido violada, torturada y mutilada durante cinco días.
    Violeta Alvidrez Barrio, de 18 años, fue secuestrada el 4 de febrero de 2003, y su cadáver se encontró quince días después junto a los de otras dos adolescentes de 16 y 17 años. Sin embargo su muerte se remontaba a sólo tres o cuatro días, lo que significa que estuvo a merced de verdugos sádicos y psicópatas durante más de diez días.
    El 6 de noviembre de 2001 fueron descubiertos los cuerpos desnudos de tres mujeres jóvenes en un campo de algodón en la periferia de la ciudad. Una de ellas, menor de edad, tenía las manos atadas a la espalda y había sido degollada. Al día siguiente se amplió la búsqueda y se hallaron otras cinco víctimas.
    Ocho días después, el 14 de noviembre, se encontraron otros dos cadáveres, uno en el Motel Royal y el otro en el pueblo de Guerrero. Cinco días más tarde se descubrió en los suburbios de la ciudad el cuerpo semidesnudo de otra mujer, ésta de 21 años, Alma Nelly Osorio Bejarano, que había sido torturada y estrangulada.
    Si bien algunos cadáveres fueron hallados en barrios del centro de la ciudad y otros en terrenos baldíos de los suburbios, hay un dato seguro: todas fueron asesinadas en otro lugar, después de haber estado secuestradas durante varios días o semanas. Los homicidios se repiten y se parecen, y las crueldades son las mismas y afectan no sólo a mujeres adultas sino también a adolescentes y hasta niñas de apenas 10 o 12 años.
    Para las mujeres, Ciudad Juárez se ha convertido hace más de una década en el lugar más peligroso del mundo. Allí, de cada diez personas asesinadas cuatro son mujeres, y no parece que la serie de crímenes vaya a detenerse porque, según las Naciones Unidas, la tasa de impunidad en México es prácticamente total.


La impunidad

    Hasta ahora, el único condenado como autor de al menos parte de esos crímenes es el ciudadano egipcio Abdel Latif Sharif, un químico acusado en 1995 de cometer personalmente nueve homicidios y de ser el autor intelectual de otros doce. Sharif, que cumple una condena a 30 años en Chihuahua al término de un proceso lleno de irregularidades y en vías de revisión, sostiene firmemente su inocencia. Las autoridades del estado dicen que el FBI estuvo de acuerdo con la teoría de que Sharif estaba implicado en los asesinatos, sin embargo los funcionarios del FBI de El Paso, Texas, niegan esa información.
    En 1999 Sharif, utilizando el teléfono de la prisión, se arriesgó a interpelar al procurador general que se encontraba participando, en directo, en un programa de televisión. Clamó por su inocencia, afirmó su convencimiento de que sólo era un “chivo expiatorio” y puso al procurador ante el desafío de someterlo al detector de mentiras. Todo lo que consiguió Sharif fue que las autoridades, furiosas, lo incomunicaran. Poco después su hijo Eduardo fue víctima de un atentado, sobreviviendo por milagro, y su abogada, Irene Blanco, fue amenazada de muerte, por lo que debió abandonar la defensa de Sharif y también la ciudad.
    La estrategia de los distintos gobernadores del Estado que se sucedieron en el cargo para “resolver” los asesinatos en serie de Ciudad Juárez ha llevado a que se produjeran una serie de manipulaciones consistentes en inculpar a inocentes. Por ejemplo, las autoridades se negaron a responder las acusaciones reflejadas en un reportaje del prestigioso diario estadounidense “The New York Times”, en el cual se indica que la policía, mediante amenazas y torturas, forzó falsas confesiones de autoría de los asesinatos, y expone un caso al respecto.
    El diario destaca el caso de Víctor García, quien “confesó” ser un asesino serial después de que las autoridades de Ciudad Juárez le quemaran el vientre y los genitales con colillas de cigarrillos para obligarlo a declarar. A pesar de su presunta inocencia, que fue reconocida al realizarse el peritaje judicial y después de que los testigos se retractaran de señalarlo como el homicida, un juez local decidió condenarlo a 50 años de cárcel. La investigación realizada por “The New York Times” señala que García fue absuelto de los cargos en junio de 2005, después de pasar 3 años y medio tras las rejas, tiempo en el que perdió todo lo que tenía: sus negocios, su dinero y hasta a su mujer, que era señalada por todos como la esposa de un homicida.
    El reportaje del diario estadounidense afirma que el caso de García no es el único que se ha presentado a lo largo de más de diez años de asesinatos continuos.
    Otro método utilizado por las autoridades es hacer asesinar a quienes se hacen cargo de la defensa de los falsos culpables. Uno de estos casos tuvo como protagonista al abogado Mario Escobedo Anaya, asesinado tras una persecución a su auto por un comando policial que hasta admitió ese hecho, pero que sin embargo fue liberado bajo el pretexto de que “lo habían confundido con un delincuente prófugo que buscaban”.
    También otros abogados, además de jueces, procuradores y periodistas recibieron amenazas de muerte para disuadirlos de proseguir sus investigaciones sobre los homicidios de mujeres. Algunos opositores al gobernador Patricio Martínez –hombre del Partido Revolucionario Institucional (PRI) que sucedió al anterior, Francisco Barrios Terrazas- también fueron amenazados con el fin de acabar con sus protestas. Tales los casos de dos militantes de asociaciones contra la violencia doméstica, Esther Chávez Cano y Victoria Caraveo.
    Mientras tanto, las preguntas generadas por tantos crímenes siguen sucediéndose sin que ninguna investigación seria pueda darles respuestas. Diversos testimonios señalan que los asesinos habrían estado protegidos, en un primer momento, por los propios policías de Chihuahua, y que luego se habrían beneficiado con el apoyo de algunos niveles del poder vinculados con el tráfico de drogas.
    Sergio González Rodríguez, en la edición Nº 94 de agosto de 2003, del periódico “Le Monde Diplomatique en Español”, indica: “A fines de 1999 se encontraron cadáveres de mujeres y niñas cerca de ranchos pertenecientes a traficantes de cocaína, coincidencia que parecía establecer un vínculo entre los homicidas y la mafia de la droga, a su vez relacionada con la policía y los militares, pero las autoridades se niegan a orientar la investigación por esa vía”. A su vez la Comisión Mexicana de Derechos Humanos (CMDH) ha venido emitiendo desde 1998 recomendaciones sobre estos centenares de asesinatos de mujeres, a las cuales el Estado ha prestado poca o ninguna atención.
    Entre los sospechosos se reitera el nombre de Alejandro Maynez, quien habría formado parte de una banda de criminales, encubridores y traficantes de drogas y joyas, y que también sería miembro de una rica familia propietaria de locales nocturnos, pero jamás ha sido molestado. Maynez, al igual que otros sospechosos, estaba entre 1992 y 1998 bajo la protección del gobernador del Estado de Chihuahua, Francisco Barrios Terrazas, del Partido Acción Nacional (PAN), el mismo que está ahora en el poder con la presidencia de Felipe Calderón. Casualmente durante su mandato los asesinatos de mujeres se multiplicaron. En esa época, Barrios Terrazas declaraba que los mismos “no tenían nada de sorprendente porque las víctimas se paseaban por lugares oscuros y llevaban minifaldas u otras ropas provocativas”. No era la única respuesta insultante a los familiares de las asesinadas. También solía decirles: “Ella se lo buscó”; “Ya aparecerá con su cholo y sus cholitos”; “Eso no hubiera pasado si hubiera traído una falda más larga”, o “Si se hubiera quedado en su casa no le hubiera pasado nada”. A pesar de ello Vicente Fox, elegido presidente de la República de México en diciembre del 2000 como candidato del PAN, designó a Barrios Terrazas en el control de cuentas del ministerio de la Función Pública, cuya misión era –créase o no- “combatir la corrupción y hacer transparente la gestión de la administración pública”.
    En Chihuahua la desaparición forzada no es considerada un delito grave que debe investigarse de oficio. Por ello en Ciudad Juárez nunca se investigó a tiempo, y a los familiares de las víctimas sólo se les ha dado respuestas insultantes como las recién mencionadas. El diario francés “Le Monde” publicó, en abril de 2004, un informe confidencial de la ONU en el que se denunciaba la posible complicidad policíaca en las desapariciones y asesinatos, además de sus nexos con el narcotráfico.
    Como afirma Sergio González Rodríguez: “Desde la década de 1920, la ciudad registra un incremento en las distracciones nocturnas y en el turismo. Aquí fue donde se creó, en 1942, el famoso cóctel ‘Margarita’. Las inmediaciones del viejo puente internacional están enteramente dedicadas al placer: juegos, sexo y alcohol. Es el reino de los brutos, los perversos y los psicópatas. Muchos de ellos creen que la violencia contra las mujeres es un deber y merodean en auto durante la noche, en busca de una presa. En los asesinatos en serie de Ciudad Juárez se mezclan la atmósfera turbia de la frontera y sus miles de migrantes, las maquiladoras, el quebranto de las instituciones, y también la violencia patriarcal, la desigualdad, la negligencia del gobierno federal, etc.”
    El periodista de “Le Monde Diplomatique en Español” concluye expresando: “Los vínculos entre el ambiente criminal y los poderes económico y político constituyen una amenaza para todo México. Hay documentos y testimonios que son demoledores para las autoridades. Prueban que algunos homicidios de mujeres fueron cometidos, durante orgías sexuales, por uno o varios grupos de individuos, entre los cuales hay asesinos protegidos por funcionarios de los diferentes cuerpos policiales, en complicidad con personas en posiciones importantes. Estas personas se encuentran a la cabeza de fortunas adquiridas con gran frecuencia de manera ilegal, gracias a la droga y el contrabando, cuya red de influencia se extiende como un pulpo por todo el país. Por eso estos crímenes gozan de semejante impunidad”. 
    De acuerdo a algunas fuentes federales, seis grandes empresarios de El Paso, Ciudad Juárez y Tijuana comandarían a un grupo de sicarios encargados de secuestrar mujeres y de llevárselas para violarlas, mutilarlas y matarlas. El perfil criminológico de esos asesinatos se acercarían a lo que el detective Robert K. Ressler, ex agente del FBI, definió como “spree murders” (asesinatos por diversión). Las autoridades mexicanas estarían enteradas hace tiempo de esas actividades pero, mirando como siempre para otro lado, se habrían negado a intervenir.
    Esos ricos empresarios estarían muy cerca de algunos amigos del entonces presidente Vicente Fox y habrían contribuido, en forma oculta, al financiamiento de la campaña electoral que precisamente le permitió a Fox acceder a la presidencia, y a Francisco Barrios Terrazas, el descarado gobernador de Chihuahua, llegar a ser ministro.
    Todo esto explicaría por qué ningún culpable verdadero nunca fue hostigado por esos asesinatos en serie. Y los homicidios, al día de hoy, continúan.


Los narcos

    Ciudad Juárez es la sede del cartel de drogas homónimo, que fuera fundado por la familia Carrillo Fuentes. Amado Carrillo, llamado “el señor de los cielos”, muerto en 1997 durante una apresurada operación de cirugía facial, había transformado ese cartel en la organización delictiva más importante del país.
    El subprocurador de Investigaciones en Delincuencia Organizada de México, José Luis Vasconcelos, recordó en una oportunidad que la organización de los Carrillo Fuentes, en la que en los últimos tiempos habían alcanzado el liderazgo José “El Chapo” Guzmán e Ismael “El Mayo” Zambada, “tiene una gran presencia en los estados de Chihuahua, Coahuila y Durango, pero sobre todo en Ciudad Juárez”. Estados Unidos había ofrecido incluso una recompensa de 5 millones de dólares por datos que permitieran conducir al paradero de ambos líderes narcos.
    La violencia que se ha desatado en el país, especialmente en la frontera, y que incluye asesinatos de periodistas que publican artículos contra el narcotráfico, se debe especialmente a la reorganización de los liderazgos en las organizaciones mafiosas tras la captura de los líderes de los carteles de Tijuana, Félix Arellano, y del Golfo, Osiel Cárdenas -señaló Vasconcelos-, quienes mantenían una alianza coyuntural contra el cartel de Juárez.
    La organización creada por Amado Carrillo Fuentes logró tejer, con mucho dinero e influencias, una sólida telaraña a partir de 1993, la que incluyó la corrupción a la policía, los secuestros misteriosos y las ejecuciones vinculadas a “ajustes de cuentas”. Una de las estrategias de Carrillo era utilizar el terror para atemorizar o eliminar a sus rivales y domar la estructura que trabajaría para él.
    Incluso la DEA (Drugs Enforcement Agency), la agencia antidrogas estadounidense, confirmó que el cartel había infiltrado al gobierno del PAN en Chihuahua –recordemos que a su frente se encontraba Francisco Barrios Terrazas- al inicio de los años ’90, con el cual anudó varios pactos. Un ex agente de la DEA destacado en El Paso, Phil Jordan, comentó que el trabajo principal de los policías en Ciudad Juárez era proteger los cargamentos de droga de los narcotraficantes, y que algunos de esos policías pasaron a convertirse en “narcos de tiempo completo”. Un par de ejemplos: Rafael Aguilar, el primer gran capo de la ciudad, fue policía federal antes de entrar de lleno al narcotráfico, en tanto el ex comandante municipal Roberto Corral fue ejecutado en un ajuste de cuentas en 2002.
    Según la periodista Diana Washington, citada anteriormente, “con el inicio del imperio de Amado Carrillo en 1993 se desató una violencia estremecedora, que no ha dejado de asolar a la comunidad. Los códigos viejos, eso de dejar a los niños y a las mujeres en paz, se echaron a un lado y todo vale”. Parte de esa violencia incluyó los centenares de asesinatos y desapariciones de mujeres en Ciudad Juárez. La periodista señala además que “durante el gobierno de Vicente Fox se empezaron a extender estos tipos de crímenes a otros lugares de la República. Estas muertes podrían ser la firma del crimen organizado, un aviso por rivales políticos, o una mera casualidad. No se debe descartar el chantaje político o la extorsión. Anteriormente, el FBI afirmó que ‘en Chihuahua existen dos expedientes sobre los casos, el que muestran a todo el mundo y el que se guardan...  y nosotros sabemos lo que contiene el que se guardan’”.
    Por otra parte, las investigaciones mexicanas federales contienen relatos de oficiales y otras personas que facilitaban orgías donde se violaba a mujeres que después aparecían muertas. Los investigadores dicen que algunas de esas personas también participaban en los asesinatos. Y hay varios apellidos importantes que funcionarios estadounidenses y mexicanos conocen de personas que supuestamente podrían saber de los hechos o estar involucrados en ellos. Sin embargo, el poder político todavía parece lograr que las investigaciones serias y los detalles concretos y verificados no salgan a la luz.
    Es probable que el cartel de Juárez no tenga que ver en forma directa con los asesinatos de tantas mujeres en su zona de influencia. Pero también es cierto que la maraña de corrupción que ha conseguido entretejer bien puede incluir la protección de los verdugos u otra vía de contraprestaciones, surgida por ejemplo del chantaje a los políticos y empresarios ricos que puedan estar involucrados en los crímenes, o de la “provisión” directa de mujeres a aquellos que pagan bien por ellas para satisfacer sus más bajas perversiones, y quizás luego colaborando con el traslado de sus cadáveres hacia los lugares donde son arrojados.
    En este punto conviene aclarar que María Sáenz, miembro del Comité de Derechos Humanos de Chihuahua, hizo una observación: “Antes de 2001, siempre se ubicaban los cadáveres de las víctimas violadas y estranguladas, pero desde que se multiplicaron las investigaciones los cuerpos desaparecen, pura y simplemente. Las asociaciones han registrado cerca de 500 desaparecidas, mientras que los cadáveres encontrados superan apenas los 300”.
    Precisamente hacer desaparecer cuerpos se ha vuelto una “especialidad” de la mafia local. El procedimiento utilizado se denomina “lechada”, y consiste en la aplicación de un líquido corrosivo compuesto de cal viva y diversos ácidos, que disuelve rápidamente la carne y los huesos sin dejar huella alguna.
    Pero lo cierto es que los asesinatos y desapariciones continúan. En este mismo momento, una mujer puede estar a punto de morir violada y torturada en Ciudad Juárez. O en El Paso. O en la residencia de algún pervertido empresario que paga bien por ello.


Los “snuff films”

    Conviene hacer un repaso sobre este tipo de filmaciones que reúnen sexo, sadismo y crimen y que reciben el nombre de snuff films, también conocidas como snuff movies o real thing. Si bien muchos los señalan como “leyenda urbana” (¿quizás intentando imponer la idea de que no existen?), hay varios testimonios sobre su producción y comercialización, siempre al amparo de las sombras, y se los relaciona con redes pedófilas, ritos satánicos y hasta con círculos millonarios, e incluso con combinaciones entres las tres posibilidades.
    Los lugares donde se filmarían dependen de quien cuenta la historia: algunos hablan de alguna selva en Sudamérica, otros apuntan a una playa desierta en Tailandia, o a los jardines de la mansión de un empresario alemán. Y otros señalan a El Paso, la ciudad texana en la frontera entre Estados Unidos y México, justo enfrente de Ciudad Juárez. Las casualidades, a veces, no existen.
    Hay quienes consideran como snuff films las supuestas filmaciones que habría realizado David Berkowitz, más conocido como “el hijo de Sam”, de sus numerosos asesinatos. Películas que, se dice, circularían dentro de la secta norteamericana “Iglesia de Satán”. También algunos dicen que Berkowitz filmó el asesinato de Stacey Moskowitz, en 1977 en Brooklin, con el objeto de venderle la cinta a Roy Radin, un empresario conocido por su enorme colección de películas pornográficas, a las que quería agregarle una “snuff”. Incluso se rumorea que hay unas diez copias de este asesinato, aunque hasta ahora no pudo encontrarse ninguna.
    En 1990, el diario británico “The Times” publicó una investigación donde se sostenía que la policía había descubierto evidencias de que “inmigrantes mexicanos eran asesinados para filmar películas snuff”.  Por su parte el detective Mick Hames, jefe de la División Publicaciones Obscenas de Scotland Yard señala que “no existen este tipo de películas en Inglaterra, aunque estoy seguro de que existen en Estados Unidos”. A fines de la década de 1980, algunos de estos videos fueron la inspiración para el asesino serial japonés Tsutomu Miyazaki, quien mató a varias niñas en edad pre-escolar.
    En el 2000 hubo una gran operación policial en Italia que permitió desintegrar una organización de pornografía infantil que, con base en Rusia, ofrecía también snuff films a sus clientes en Estados Unidos, Alemania, Italia y –aunque lo desconozca el detective Mick Hames- también en Inglaterra. El diario “Il Mattino”, de Nápoles, publicó entonces la transcripción de un escalofriante diálogo por e-mail intercambiado entre un cliente italiano y el vendedor ruso: “Prométame no dejarme afuera”, dice el italiano; “Tranquilo, puedo asegurarle que éste realmente muere”, responde el ruso; “La última vez pagué y no obtuve lo que quería”; “¿Qué es lo que usted quiere?”; “Verlos a ellos morir”. Obviamente, en este diálogo ambos se están refiriendo a las filmaciones en que un niño es salvajemente violado, torturado y asesinado frente a la cámara. Y lamentablemente esas películas existen y circulan -con las debidas precauciones de los degenerados que las producen y de sus similares que las consumen- por muchos países del mundo.
    A fines de los ’70 Carl Raschke, profesor de estudios religiosos en la Universidad de Denver, escribió que “investigadores que buscaban pistas del crimen organizado en Houston, Dallas y otras grandes ciudades de Texas se encontraron con que rutinariamente se llevaban a cabo ‘subastas’ de niños esclavos de 16 y 17 años en México. Algunos de los muchachos eran exhibidos en brutales ‘snuff films’ o en ‘slatcher movies’ (cortar con navajas)”. Raschke también citó un estudio realizado por profesionales norteamericanos de la salud mental que denunciaron que “un niño en México puede ser empaquetado, enviado y vendido muy en el interior de Estados Unidos en un tiempo corto, y muchos son comprados solamente con el propósito de asesinarlos”.
    Esta reseña de lo que son los snuff films y de algunos casos que representan la perversión que los rodea es válida para volver a introducirnos en el tema de las centenares de mujeres asesinadas y desaparecidas en Ciudad Juárez, cuyo “Laberinto del Silencio” no es aplicable solamente al desierto que la rodea. Ese silencio también cubre muchos casos en que las víctimas fueron secuestradas en pleno centro de la ciudad, sin que nadie viera u oyera nada, y especialmente sobre tantas cosas que debieran saberse, después de catorce años de terror, y no se informan. Peor aún es la cadena de complicidades y encubrimientos que rodea a autoridades del gobierno, jueces y policías.
    México se ha convertido hoy en día en un execrable mercado de seres humanos, listos para ser vendidos al mejor postor y satisfacer sus más bajos instintos. Ese aberrante mercado incluye a muchos niños –en el país ha crecido enormemente el turismo pedófilo, y los “consumidores” son tanto políticos y empresarios locales como miles de visitantes de Estados Unidos, Europa y Oriente-, estimándose en 20.000 al año las víctimas menores de edad en el país. Y ello puede apreciarse además en los casos mencionados anteriormente respecto de los snuff films.
    Es ampliamente probable que las mujeres victimizadas en Ciudad Juárez, o una gran mayoría de ellas, sean también objetivos predeterminados para este tipo de filmaciones, además de ser destinadas en forma directa a la satisfacción morbosa de ricos empresarios u hombres públicos del país y del vecino Estados Unidos. Las características que tenían en su mayor parte los cadáveres hallados así lo estarían indicando.
    Lo cierto es que, a catorce años de haberse iniciado esta horrenda serie de masacres, la misma no ha cesado. Quizás ha descendido el índice de este tipo de muertes, pero tanto éstas como las desapariciones continúan. Y tanto en Ciudad Juárez y sus alrededores como en el desierto que rodea a ese centro fronterizo del vicio y el terror, sólo resuenan los gritos del silencio.


La lucha

    Venciendo el miedo, las amenazas y el desprecio de las autoridades estatales, e incluso llegando hasta diversas instancias a nivel internacional, varios familiares de las víctimas han conformado agrupaciones que vienen clamando por el derecho de saber quiénes asesinaron a esas mujeres y niñas, y qué ha sido de las que han desaparecido sin saberse más de ellas.
    Como cierre de esta nota, reproducimos a continuación el llamamiento realizado por “Nuestras Hijas de Regreso a Casa”, una asociación civil que reúne a madres de muertas y desaparecidas de Ciudad Juárez, firmado por una de sus fundadoras, Marisela Ortiz:
    “Cada semana en Ciudad Juárez desaparece mínimo una mujer y no se vuelve a saber más de ella, a menos que sus raptores decidan hacer aparecer su cuerpo sin vida y con evidencias claras de haber sido brutalmente torturada y asesinada, violada de manera  tumultuaria y arrancadas partes de su cuerpo o quemadas. Es un dolor terrible para esta sociedad. ¿No hay nada que mueva a quienes pueden hacer algo al respecto?.
    “La desesperación y miedo de las familias de vivir en tal inseguridad al ver a las hijas salir del hogar sin saber si van a regresar, y los más de 460 asesinatos y alrededor de 600 desapariciones no son motivo que afecte la voluntad de nadie de poner un freno a estos hechos.
    “Lamentamos mucho que el Gobierno de Chihuahua centre sus esfuerzos en vencer políticamente -de manera legitima o ilegítima- a sus adversarios, y que senadores y diputados estén más ocupados en ganar posiciones que en ayudar a mejorar las condiciones de vida de las y los juarenses. A la fecha estos crímenes están impunes, y a las mujeres desaparecidas nadie las busca... y los asesinatos y desapariciones continúan sin que a la fecha haya responsable alguno. También invitamos al gobierno de (Felipe) Calderón que emita alguna acción, y deje de seguir ignorando que en esta frontera ocurre algo sumamente grave.
    “Dejemos de ser cómplices de esta situación. Hacemos un llamado desesperado a todo aquél que su conciencia le exija hacer un mínimo esfuerzo por apoyar esta lucha en contra del feminicidio que parece no tener fin. Cada uno de nosotros, en nuestro ámbito de desempeño, puede participar.
    “Ustedes pongan los límites, la violencia en esta ciudad parece no conocer fronteras. Los asesinatos de mujeres jóvenes y pobres comenzaron a documentarse en Ciudad Juárez en 1993... En 2001 se extiende el terror a la ciudad de Chihuahua... ¿Dónde y cuándo terminará...?”
        Para recabar más información o enviar colaboraciones, adhesiones y solidaridad, los correos electrónicos de estas agrupaciones son:  nuestras_hijas@yahoo.com.mx, y mexicosinviolencia04@yahoo.com.mx

Carlos Machado