El juez Martín Bava, interinamente a cargo del juzgado federal de Dolores, le pidió a la ministra de Seguridad, Sabina Frederic, el listado completo de personas que ingresaron a esa cartera durante la gestión de su antecesora en el gobierno de Cambiemos, Patricia Bullrich.

El oficio llegó el viernes pasado al Ministerio de Seguridad y forma parte de una serie de medidas de prueba que encargó el juez para determinar si existió (y en tal caso en qué condiciones) relación entre el falso abogado Marcelo D'Alessio y la ministra Bullrich.

“Tengo el agrado de dirigirme a usted en mi carácter de Juez Federal subrogante a cargo del Juzgado Federal de Primera Instancia de la ciudad de Dolores, en el marco de la causa caratulada ‘D ́Alessio, Marcelo Sebastián y otros s/ asociación ilícita y otros’ a efectos de solicitarle que informe y acompañe todos los listados que obren en dicha dependencia, en los que figuren los ingresos a las sedes del Ministerio durante en el período de 2016 a 2019”, sostiene el escrito remitido a Frederic.

Bava es juez federal de la localidad de Azul, pero tras la salida de Alejo Ramos Padilla del juzgado de Dolores (pasó a ser juez federal con competencia electoral en La Plata) quedó provisoriamente a cargo de la investigación de la Causa D'Alessio.

Bava obtuvo ya otra prueba relevante para la investigación: el listado completo de los llamados salientes del teléfono de D'Alessio entre febrero de 2017 y marzo de 2019.

Esas fechas coinciden con las operaciones presuntamente ilegales que se le reprochan a D'Alessio, entre ellas la reunión que sostuvo en Pinamar con el fiscal federal Carlos Stornelli y su intervención como testigo en el expediente por importación de gas natural licuado, conocido como “Causa GNL”.

La información quedó registrada en un DVD remitido al juzgado por la empresa AMX Argentina, que opera con la telefonía celular Claro, a la que estaba abonado D'Alessio. No obstante, Claro aclaró que la compañía “no registra los mensajes de textos entrantes a los clientes”.

“La información suministrada se soporta en reportes obtenidos de los sistemas de la compañía, los cuales han sido diseñados para almacenar y arrojar información relacionada con la operación normal del negocio, esto es, la atención de requerimientos de servicio al cliente, el seguimiento de procesos de comercialización y venta y el soporte procesos de facturación del servicio, entre otros”, explicó la compañía de telefonía.

“Estos parámetros no siempre contienen el detalle de la información solicitada por las autoridades. De igual forma, los sistemas pueden utilizar criterios para calificar el estado de un usuario o de una línea que, no necesariamente coinciden con el entendimiento que de los mismos tiene la autoridad”, añadió. El documento de la compañía telefónica fue enviado por la encargada del departamento de Oficios Judiciales, Grisel Venica