El Gobierno espera poder mostrar esta semana que la inflación se empezó a desacelerar, mientras mantiene negociaciones para tratar de mantener a raya los precios de la carne y tomó la decisión de sostener el retraso cambiario al menos hasta las elecciones de noviembre. 

"Hay que parar la inflación", es la orden que baja desde la Casa Rosada a los ministros con manejo de resortes que pueden incidir sobre el costo de vida.

Alberto Fernández cree que al haber acumulado en la primera parte del año la mayoría de las alzas que influyen en la conformación de precios (combustibles, prepagas, electricidad, gas), hay chances para que a partir de julio el costo de vida retroceda a la zona del 2% mensual, o tal vez menos.

El ministro de Economía, Martín Guzmán, le llevó proyecciones sobre cómo aminorará la escalada de precios en la segunda mitad del año, y hubo motivos para el entusiasmo.

En el Palacio de Hacienda admiten que ya es imposible llegar al objetivo de un costo de vida de entre 29 y 33 por ciento este año, pero confían en poder dar una sorpresa y que la inflación termine el 2021 en los mismos niveles del año pasado (36,1%), o incluso por debajo.

Para lo mal que arrancó el 2021 en materia de precios, en medio de la dura segunda ola de la pandemia, sería casi un triunfo.

Consultoras privadas están proyectando un costo de vida del 3,5% para mayo -el INDEC difundirá el dato este miércoles-, y si esa estimación se cumple, el Gobierno se prepara para exhibir el dato como la consolidación de un camino declinante de los precios.

Desalentar las expectativas inflacionarias es central para la etapa que viene, donde la campaña electoral rumbo a las legislativas comenzará a colarse por cada hendidura de la economía.

"Si la inflación baja, está claro que mejorarán los índices de pobreza, y es un dato central para nosotros", dicen las usinas oficiales de propagación de buenas noticias, que esta semana sufrieron momentos agridulces.

Justo cuando estaba todo dado para saturar con información sobre la llegada de vacunas contra el Covid-19, los actos fallidos y frases polémicas del Presidente complicaron la comunicación y abrieron frentes inesperados para una diplomacia argentina a la que no le sobran aciertos.

Buena parte de la estrategia de lucha contra la inflación radica en los esfuerzos que vienen realizando el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, y su aguerrida secretaria de Comercio Interior, Paula Español.

Tratan de librar la pelea contra los formadores de precios en todos los frentes, con resultados dispares.

Los principales objetivos por estas horas son arribar a un acuerdo con los frigoríficos para contener los aumentos en la carne y mostrar que las alimenticias se allanan al curioso pedido de imprimir precios en los lácteos, azúcar, yerba y otros productos básicos, para tratar de que la cadena de distribución no los pueda vender por encima de los valores acordados.

Kulfas, y todo el Gobierno, aún no digirieron la mala noticia de que el jefe de la cámara alimenticia (COPAL) se haya transformado también ahora en el líder de los industriales.

Sostenido por el grupo Techint, el liberal Daniel Funes de Rioja fue encumbrado al frente de la UIA y ahora será un interlocutor inevitable para temas centrales en la agenda económica que viene.

En algún momento sectores del Gobierno auguraban otro desenlace, y por eso alentaron los esfuerzos del empresario textil y funcionario José Ignacio de Mendiguren (titular del BICE) para quedar incluido en el nuevo órgano de conducción de la central fabril.

No fue posible, a pesar de que De Mendiguren -quien asumió al frente de la UIA en 2001 meses antes de la caída de Fernando de la Rúa y luego fue ministro de Eduardo Duhalde- hizo esfuerzos desesperados por cumplir con las expectativas de sectores oficiales.

Paolo Rocca, el dueño de Techint y la segunda persona más rica de la Argentina detrás de Marcos Galperin (Mercado Libre), influyó -como siempre en las últimas décadas- en forma decisiva para definir el nuevo órgano de conducción industrial.

Expectativas ante el segundo semestre.

Con las primarias legislativas a sólo tres meses, el Gobierno sabe que debe cambiar rápido el humor social para tener alguna chance de sostener el control de la Cámara de Diputados en los comicios de noviembre. 

Los ingresos de divisas aportados por la soja en la primera mitad del año fueron decisivos para mantener a raya al dólar, una variable central en la agenda diaria de cualquier argentino.

El problema es el doble cepo cambiario que encarece 65% la divisa en el mercado oficial y provoca una brecha capaz de demoler cualquier posibilidad de arribo de inversiones. 

Se lo plantearon a Guzmán los empresarios de la cámara Argencon -enrola a empresas de tecnología de punta como los "unicornios" Globant y Mercado Libre, y otras compañías de peso como Accenture-, cuando lo visitaron en la semana.

Argencon es presidida desde el año pasado por Sebastián Mocorrea, un abogado que comenzó su carrera en Clarín y ocupó distintos cargos de alto nivel en IBM, antes de desempeñarse como vicepresidente de Asuntos Corporativos de YPF durante el gobierno de Mauricio Macri.

En la reunión con el ministro de Economía, Mocorrea manifestó la voluntad de las empresas de Argencon de ser "defensores de la Argentina" ante el mundo. 

Guzmán compartió esa visión pero les pidió transmitir un "mensaje equilibrado" cuando salen al exterior. 

"Somos un Estado Nación, y tenemos que defenderlo en el mejor interés de todos", les dijo el ministro.

Al tanto de los reclamos del sector empresarial, Guzmán también dejó una promesa: dijo que entre la lista de objetivos macroeconómicos está la "reducción de la brecha cambiaria".

El ministro les dijo que se van generando las condiciones para ir reduciéndola, y subrayó el crecimiento de las reservas, que cerraron la semana en US$ 42.700 millones.

El jefe del Palacio de Hacienda destacó también el rol clave que viene desempeñando la agroindustria en esa ecuación: "Tenemos un sendero desde la estabilización externa que hoy se presenta más virtuoso por el aumento del valor de los commodities", destacó.

El siempre filoso economista Carlos Melconian coincidió en la semana con ese diagnóstico, pero con tono dramático: "Si no fuese por la santa soja esto volaba por el aire", advirtió.

A partir de ese fortalecimiento de las reservas, en el mercado están convencidos de que el Gobierno no dejará que el dólar se dispare -pase lo que pase con el FMI y el Club de París- y que con este nivel de reservas hay margen para evitar una devaluación fuerte, al menos hasta las elecciones de noviembre.

El Banco Central capturó más de US$ 4.000 millones netos desde comienzos de año a partir de la liquidación de las exportaciones del campo.

La soja en zona de US$ 600 la tonelada le permitió acumular reservas netas -son las de libre disponibilidad- por casi US$ 7.000 millones, una artillería pesada para combatir cualquier intento devaluatorio del mercado.

Así, en los meses que vienen la intención es seguir retrasando el dólar frente a la inflación, con un esquema que algunos en la city empiezan a llamar "3x1".

Si el costo de vida sube 3% mensual, la divisa norteamericana se apreciaría 1%, de acuerdo con esa lógica.

Claro que esas recetas -aplicadas en forma reiterada en la Argentina desde hace 50 años- siempre tuvieron un costo, que a la larga, o a la corta, se termina pagando.

Pero tal vez cuando llegue la hora de afrontarlo, las elecciones ya habrán pasado y -ojalá- la pandemia también.