Es sabido que Venezuela atraviesa una crisis humanitaria sin dimensiones, con una realidad económica realmente compleja que solo apunta a empeorar la situación.

Solo por citar una serie de datos: en 2020 el PBI sufrió una caída del 30% y, según cifras oficiales, totalmente alteradas, la inflación fue de 3.713% y ello, con un 54,4% de la población económicamente activa sin empleo.

En mayo, la dictadura de Nicolás Maduro decidió hacer un aumento “histórico” en el salario mínimo, del 300%, llevándolo de 3.6 millones de bolívares a 10 millones de bolívares, es decir, de 0,64 centavos de dólar a 2,40 dólares.

Ello significa que junto al bono de alimentación entregado por el Gobierno, un venezolano alcanza los 3,50 dólares. ¿Para qué alcanza? Apenas para comprar un kilo de queso y un litro de leche. El kilo de carne es inalcanzable, ya que se halla en los 3,75 dólares.

Pero quizá el dato más elocuente que se debe tener en cuenta a la hora de medir la estrepitosa caída de la economía venezolana, es que en el mes de febrero de 2021, 3 millones de bolívares equivalían a 1,6 dólares. En mayo, 3.5 millones de bolívares tenían un valor de 0,64 centavos.

Esto, en parte, fue lo que provocó el éxodo masivo de los hermanos venezolanos que, según ACNUR (Alto Comisionado de las Naciones Unidas para Refugiados), alcanzó a 7 millones de personas, lo que en una población de 28.5 millones de habitantes, resulta ser el 25%.

Pero la economía no es lo único que provocó que millones de personas se fueran de la tierra a la que pertenecen, los delitos de lesa humanidad fueron, quizá, un factor aún más importante en esa decisión.

De eso habla aquella denuncia que Argentina presentó ante la Corte Penal Internacional junto a Colombia, Chile, Paraguay, Perú y Canadá en 2018 y de la que el Gobierno argentino se retiró el 25 de marzo de este 2021.

Allí se hace hincapié en los ataques a la sociedad civil y a la oposición. ¿De qué manera? Mediante detenciones arbitrarias, asesinatos, ejecuciones extrajudiciales, torturas y hace mención a los abusos sexuales a personas de ambos sexos, incluyendo la posibilidad de que algunas fuesen menores de edad.

El presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, denunció a principios del mes de abril último que durante el 2020 se registraron, por lo menos, 525 ejecuciones extrajudiciales, siendo los más afectados los varones de entre 15 y 30 años.

A este grupo se lo detiene acusado de haber cometido delitos que no cometieron e incluso, en algunos casos, se los ha asesinado aduciendo resistencia a las fuerzas bolivarianas.

Desde la Cancillería comandada por Felipe Solá aseguraron que Argentina se retiró de la denuncia tras la salida del Grupo de Lima acontecida el 24 de marzo pasado y, es dable destacar, esto no afecta al proceso ni tampoco anula las pruebas presentadas por este país.

 Según el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, la decisión fue “lógica”, pero el hecho de haber salido del Grupo de Lima no le impedía a Argentina permanecer en la denuncia ni reprochar la grave crisis que atraviesan los hermanos venezolanos.

Esto fue tomado como un relevante guiño por el Gobierno de Venezuela y así lo hizo saber el fiscal general Tarek William Saab, al mencionar que “la decisión tiene un importante valor simbólico”.

Esa presentación judicial va en línea con los informes que viene actualizando la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos Michelle Bachelet quien, en un acto casi superfluo y protocolar, le pide a Maduro que remedie “las graves vulneraciones de derechos económicos, sociales, civiles, políticos y culturales”.

A mediados de 2019, el organismo publicó un informe sobre Venezuela en el que se habla de: persecución al periodismo, violación a los derechos económicos y sociales -haciendo referencia a la alimentación y la salud-, Falta de democracia, debilitamiento de las instituciones y falta de independencia en la Justicia; ataques a la oposición política y a la sociedad civil, miles de personas ejecutadas extrajudicialmente, situación sanitaria grave, impunidad, y torturas.

Sobre ese último punto se comentan ciertas modalidades que sufren tanto hombres como mujeres: aplicación de corriente eléctrica, asfixia, ahogamiento, palizas, violencia sexual, privación de bebidas y alimentos, posturas forzadas y exposición a temperaturas extremas. Es dale destacar que también se hace mención a la violencia sexual y de género contra mujeres y niñas.

En concreto, los números que arroja la denuncia de la que se terminó retirando Argentina son los siguientes: 131 asesinatos en protestas entre 2015 y 2017, 8292 ejecuciones extrajudiciales entre 2015 y parte de 2018, y más de 12 mil detenciones arbitrarias y privaciones de la libertad.

Por eso, perdón hermanos venezolanos. Perdón por avalar la crítica situación que se vive en el país del petróleo, aquel que tuvo grandes riquezas y hoy se sumerge en la más profunda miseria por un Gobierno autoritario y antidemocrático. Perdón les pide el pueblo argentino, o la mayor parte de él, porque la dirigencia política no está a la altura de las circunstancias.

Hermanos, simplemente perdón.

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