Los funcionarios públicos nacionales tienen prohibido recibir regalos por un monto mayor a $12 mil y los que los obtengan deben declararlos en el Registro de Obsequios y Viajes a Funcionarios Públicos de la Oficina Anticorrupción. Así lo establece el decreto 1179 vigente desde 2016. En los últimos cinco años se registraron más de 5 mil obsequios y Alberto Fernández como presidente ya recibió más de 200 presentes.

Argentina tiene un historial de agasajos a funcionarios, algunos de ellos extravagantes y polémicos como la Ferrari 348 roja que el empresario italiano, Massimo Dal Lago, le obsequió a Carlos Menen cuando era presidente. También fueron famosos los jarrones chinos que recibió, durante su presidencia, Fernando De La Rúa de un inversionista español y que le valió una denuncia penal. Cristina Kirchner, por su parte, aceptó un perro de parte del gobierno venezolano y una computadora MacBook Air de manos del empresario mexicano Carlos Slim. 

Actualmente en el registro no aparecen objetos de gran valor. Abundan los libros, los mates, las comidas regionales, artesanías y vinos. “Libros curiosos, peluches de los juegos olímpicos, cajas de habanos, productos artesanales, cosas tradicionales como ponchos o mates, una valija, nada que sobresalga”, señaló la periodista Mariel Fitz Patrick, quien a fines del año pasado publicó un informe donde detalló los regalos que recibió el actual presidente y los ministros más agasajados.

El decreto 1179 establece que los funcionarios públicos solo pueden aceptar regalos por cortesía o costumbre diplomática, siempre y cuando no sean de personas o instituciones vinculadas con el Estado. Todos los presentes deben quedar registrados. Si el valor del obsequio es menor a $12 mil, pueden conservarlo. Si lo supera, deben entregarlo al patrimonio estatal.


Viajes financiados por Estados o empresas

“Hay cuestiones a prestar atención más peligrosas, como los viajes financiados por otro Estado, por una empresa o por un tercero que pueda tener algún interés”, afirmó Fitz Patrick. “Esto hace a la integridad de los funcionarios, no pueden viajar en un helicóptero de un empresario, porque ahí hay conflictos de interés. Por lo cual, estas medidas como el registro sirven para prevenir posibles dádivas o conflictos de intereses”, agregó la periodista. 

El decreto establece que los funcionarios pueden aceptar que terceros les financien gastos de viajes y estadías únicamente para asistir a cursos, actividades académicas, culturales o conferencias. No pueden aceptar viajes de personas, entidades o gobiernos que tengan un vínculo con el Estado.

Durante 2019 se registraron más de 500 viajes de funcionarios pagados por terceros. En 2020, con la pandemia, el número disminuyó a 30 viajes y en lo que va del 2021 solo se registró un viaje realizado por Gabriel Alberto Toselli, funcionario del Ministerio del Interior, que viajó como observador electoral a Ecuador, según detalla el registro.

Un registro incompleto

A cinco años del decreto, aún falta que los funcionarios adquieran el hábito de registrar los regalos que reciben. “Cuando me puse a revisar cada ministerio, algunos no tenían nada registrado y cuando los llamaba para consultar, recién ante mi llamado se ponían a actualizar el registro. Me parece que no hay un hábito, que no está incorporado”, explicó Fitz Patrick. 

“No está bueno que un funcionario reciba un regalo, porque el obsequio es en función a su rol, entonces en todos los casos debería ser incorporado al patrimonio estatal a menos que sea algo comestible como mermelada regional, alfajores locales, frutas o una producción local cuando la idea es mostrar la calidad del producto. Eso me parece que no está mal”, añadió la periodista.

Bajo la mira de la Oficina Anticorrupción

El Registro de Obsequios y Viajes a Funcionarios Públicos depende de la Oficina Anticorrupción (OA). “Somos la autoridad de aplicación del sistema de Registro, que viene de algún modo a reglamentar en parte el artículo 18 de la Ley de Ética Pública que establece una serie de obligaciones en lo que refiere a la realización de obsequios o viajes. La OA está a cargo del manejo de la plataforma, del sistema, de las capacitaciones que brindamos sobre eso y del control de cómo funciona”, expresó Luis Villanueva, subsecretario de Integridad y Transparencia del organismo.

Villanueva afirmó que hay disparidad en el cumplimiento y sostuvo que son tiempos particulares donde prácticamente no se registran oportunidades para regalos o realizar viajes aunque "es difícil saber qué pasará luego de la pandemia cuando haya más movimiento”.

Según el subsecretario, si la Oficina Anticorrupción se entera de algún incumplimiento, se intima a la persona para que realice la declaración y registro correspondiente. "Hasta ahora las veces que lo hicimos funcionó”, señaló. Si los obsequios registrados superan el valor límite, deben entregarlos a alguna autoridad administrativa. 

"Registran el regalo y lo entregan como donación”, aseguró Villanueva. Los objetos que deben incorporarse al patrimonio del Estado pueden ser destinados a cualquier organismo público con fines educativos, culturales, sociales o de salud. 

Mayor control y alcance

Para Fitz Patrick hace falta incrementar los controles para aumentar los registros. “Es importante que se sepa que los funcionarios no reciben regalos, que los que se reciben deben ser absolutamente de cortesía y los deben declarar y que por encima de su valor esos presentes se incorporan en el patrimonio del Estado. No es que cuando el funcionario se va se lleva los obsequios a su casa. Esto es importante para promover la ética y la transparencia en la función pública”.

Por su parte, Villanueva remarcó que la cantidad de regalos y viajes era más alta en estratos bajos y medios, donde “los obsequios funcionan como un mecanismo que procuran torcer decisiones que deberían ser objetivas y que pueden cambiar por un objeto o viaje. En los altos cargos nos sirve para ver como es la relación entre funcionarios y actores pero no tiene gran impacto”. 

Solo el Ejecutivo registra regalos

Para Pablo Secchi, director ejecutivo de Poder Ciudadano, “los obsequios recibidos pueden tomarse como una situación de soborno o como una sospecha, el registro sirve justamente para eso”.

Si bien la Ley de Ética Pública es para los tres poderes del Estado, actualmente solo registran sus regalos los funcionarios del Poder Ejecutivo. No así el Poder Judicial o el Legislativo. Ni tampoco aplica a nivel provincial. “Esta normativa debería extenderse a las legislaciones provinciales, o en las ciudades más pequeñas, es un aspecto muy importante que se tiene que regular para que no haya ningún tipo de sospechas sobre el accionar del funcionario”, concluyó Secchi.