La Cámara Federal porteña reabrió una vieja causa por créditos incobrables por más de 13 millones de dólares concedidos por el Banco Nación entre 1992 y 1994, que había sido cerrada por prescripción por el paso del tiempo.

Los camaristas Mariano Llorens y Pablo Bertuzzi hicieron lugar a una apelación de la fiscal Paloma Ochoa y revocaron el cierre de la causa que  tiene entre sus principales imputados al ex directivo del Banco Nación Hugo Gaggero. El tercer integrante de la Sala, Leopoldo Bruglia, votó en disidencia.

Gaggero fue uno de los condenados, por el mecanismo de juicio abreviado, a dos años y medio de prisión en suspenso e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por la causa conocida como “IBM – Banco Nación”, el pago de sobreprecios a la multinacional informática para la compra de equipos de computación para el banco oficial en tiempos del menemismo.

En este caso ahora reabierto, se investigan préstamos otorgados por el Banco a la firma Argalia IV international SA, dedicada al tallado y lapidado de piedras preciosas y semipreciosas, con sede en La Rioja. Los créditos, por un total de 13.278.052 pesos (equivalentes a dólares durante el régimen de la Convertibilidad) “se transformaron en incobrables, con el pertinente daño a las arcas públicas”, sostiene el expediente.

Gaggero, según recuerda la resolución, “integró el directorio del Banco de la Nación Argentina aproximadamente desde 1991 hasta su renuncia el 2 de agosto de 1995”. Los créditos que luego terminarían siendo incobrables fueron otorgados “entre el 2 de abril de 1992 y el 30 de junio de 1994” y de esas decisiones participaron “otros directores y gerentes”.

Al menos tres de los casi 20 imputados en la causa continuaron trabajando para en la función pública y esa permanencia en cargos públicos, entendió la Cámara, interrumpió los plazos de la prescripción, a pesar de la larguísima tramitación del expediente.

“Los focos de corrupción, en sus diversidades, que buscan instalarse en los organismos estatales, han superado fronteras y captado el interés de las naciones, que se abocaron a regular normas para colaborar en las investigaciones de estos ilícitos que dañan las economías públicas”, subrayó el fallo.

Esas conductas, llevadas a cabo “justamente por quienes tienen el deber de administrarlas con un fin beneficioso para el Estado, socavan las instituciones y deterioran la vida democrática de los países”.

El voto mayoritario recordó que la Argentina “le dio jerarquía constitucional a la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción y a la Convención Interamericana contra la corrupción adoptada en la OEA”, el organismo internacional que encabeza el uruguayo Luis Almagro.