La selección argentina perdió el 30 de junio de 2018 en los octavos de final contra Francia, futuro campeón de ese mundial, pero Javier Alejandro Pacheco, más conocido como «Rengo», decidió quedarse con su hijo Nicolás Javier Albornoz en Rusia hasta después de que Kylian Mbappé y Antoine Griezmann levantaron la copa. Apostando todo a la «celeste y blanca», tenían todo pago desde el 12 de junio hasta el 18 de julio. Encripdata pudo saber que aquella noche volvieron al Gran Buenos Aires en el vuelo QR773 de Qatar Airways con bronca, pero con grandes planes.

Nueve noches después, en la del 27 de julio, decidieron hacer una movida. Tenían que reponer lo que habían gastado en el viaje al mundial. Tenían que «coronar».

Más por casualidad que por otra cosa, a dos policías bonaerenses les llamó la atención un auto estacionado con la parte delantera sobre la vereda y la parte trasera dentro de un galpón de la calle 2 de abril 2342, Moreno. Cuando se acercaron, el vehículo aceleró y varias personas corrieron.

En vez de hacerlo para la calle se metieron en el galpón. No pudieron ir muy lejos.

Encima uno tiró una bolsa con panes de marihuana.

La cantidad era tanta que los uniformados, ya con apoyo de la Subdelegación Departamental de Investigaciones en función judicial de San Martín, tardaron 24 horas en hacer el pesaje y el test de orientación químico: 7737 paquetes por un total de 7394 kilos de marihuana, seis bolsas con 55 kilos de cogollos y 21 bolsas de consorcio con restos.

El juez federal de Morón Martín Ramos, tras el pedido del fiscal Sebastián Basso, ordenó la detención de todos los presentes -cinco paraguayos y uno argentino- en el galpón: Fredy Ramón Rojas Venialgo, Federico Rojas Venialgo, Ramón Olegario Fernández, Elvio Ferreira Rivas, Ever Ramón Romero Bogari y hasta el que se presentó más tarde como sereno del lugar, Rodolfo Ramírez Zelaya.

Pero todos ellos eran «mano de obra» barata. Faltaba el verdadero dueño de la marihuana. El capo, entonces, dejó enfriar las cosas. El magistrado los llevó a juicio y ordenó extraer testimonios, es decir que otro investigue quién estaba detrás del millonario cargamento.

Una pista fácil de comprobar: el galpón de la calle 2 de abril 2342, Moreno, estaba a nombre de Nicolás, el hijo del «Rengo».

En paralelo, un narco que hacía la «juntada» en la zona oeste, según el documento al que accedió Encripdata, confesó el 3 de octubre de 2018 ante el fiscal Jorge Sica: «El pago a los policías comenzó a finales de 2016: el oficial Córdoba pasaba a buscar por mi casa el pago, él hacía de nexo con la comisaría de Billinghurst, la Brigada y la Federal, y yo al ‘Oso’ le daba la coima de la comisaría de Suárez. Eran 100 mil pesos para Narcotráfico San Martín, 50 mil para las comisarías de Suárez y Billinghurst, 50 mil para la Brigada y 50 mil para la Federal. Siempre del 1 al 3 del mes».

Y, perdido por perdido, prendió fuego a casi todos: «Los policías pedían el dinero para dejar trabajar tranquilos a los Ponce, los Pacheco y los Villalba. A cambio, yo me iba a quedar con el 20 por ciento, pero lo acepté en una sola ocasión». Al final prefirió guardarse un nombre.

Sin embargo, el fiscal rechazó aceptar al narco como «arrepentido»: «Esta vindicta pública, en el ámbito de las intervenciones que resultan propias de su competencia, accede a un caudal significativo de antecedentes y de información relacionada al narcotráfico, con lo cual al analizar la importancia del aporte del imputado que pretende ser tenido como colaborador, debe sopesar si la contribución que realiza no se encuentra ya dentro de su acervo investigativo o bien si goza de credibilidad».

Y concluyó: «Los pormenores reportados no cuentan con esas calidades -trascendencia y verosimilitud- por lo que se decidió no formalizar un acuerdo de colaboración con el encartado«. Desde la indagatoria hasta el rechazo solo pasaron cinco días.

Encripdata se reserva el nombre del «arrepentido» que no dejaron ser porque tiempo después atentaron contra él.

Así, los Pachecho pasaron dos años sin que los molestaran.

Pero alguien decidió patear el tablero el 15 de octubre de 2020: denunció de manera anónima que «una persona conocida como Javier Alejandro Pacheco, alias ‘Rengo’, quien reside en una casa de la calle Zapiola sin numeración, entre Mendoza y Pio XII, de Paso del Rey, realiza actividades compatibles con la venta de estupefacientes en Morón, Moreno y San Martín a bordo de una Toyota Hilux roja».

No denunció a Pacheco en su zona sino en otra jurisdicción, en la DDI del Tráfico de Drogas Ilícitas y Crimen Organizado Ezeiza, bastante lejos de la villa 9 de Julio, territorio controlado hasta entonces por «Rengo», para que los policías de San Martín no se enteraran.

El juez federal de Morón Jorge Rodríguez, a cargo tras la denuncia anónima, agregó todas las causas que pudieran tener relación con el clan. Sus pares de San Martín, entonces, le enviaron la parte que faltaba investigar del hecho en el galpón.

En ese expediente, Albornoz, el hijo de Pacheco, se había presentado espontáneamente para decir que era el dueño del depósito, pero no de la droga porque el sereno, al que acusó de «empleado infiel», lo usó para guardar las toneladas de marihuana trasladadas por los paraguayos. Y, al parecer, en San Martín le creyeron.

Tanto que las autoridades le devolvieron el galpón.

Y, confiado de que eso había quedado en el pasado, Pacheco le confesó por teléfono a un amigo cómo había logrado su abogado para «sacarlo de la causa».

Por eso, los pagos a los policías siguieron, según el cuaderno que tenía en una de sus casas: «Gastos de chicas del mes: –Departa $120 –Domando $160. Gastos de chicas por semana: –Billin: $80 –DDI: $60 –DDA: $60 –Casita: $75 –Federico: $70». «Chicas», en la jerga, eran los policías bonaerenses que, como había declarado el narco al que no dejaron arrepentirse, «cobraban par dejarlos trabajar tranquilos»; «Federico» eran los federales; «Billin», «DDI» y «DDA» no hace falta aclararlo.

Tras solo siete meses, el juez Rodríguez les ordenó a los policías federales arrestar a Pacheco, su hijo, su pareja, su exesposa y otros cómplices entre mayo y junio.

Sentado sobre la cama, pero ya esposado, «Rengo» les reprochó a los policías haber sido traicionado: «Desde temprano que lo sé –¿quién te avisó?, quiso saber uno–. Ahora te digo, ahora te digo, ahora te digo, ¿me estás filmando?». El video que filtraron a los medios justo se cortó en ese instante.

Mientras tanto, el juez Walter Antonio Venditti, del Tribunal Oral en lo Criminal Federal (TOCF) 3 San Martín, sentenció el 22 de junio de este año a 6 años de prisión a los que cayeron en el depósito de Moreno tras el juicio abreviado acordado con el fiscal Eduardo Codesido.

Finalmente, el juez Rodríguez procesó este lunes a Pacheco y Albornoz como jefes de los paraguayos con los que quisieron «coronar» 7449 kilos de marihuana y como organizadores junto a familiares y segundas líneas del narcomenudeo en la villa 9 de Julio y otros puntos de San Martín y por el lavado de activos de las ganancias, con mansión en Parque Leloir, viajes a Chile, Bolivia, Paraguay, Brasil, México, Emiratos Árabes Unidos y Mundial de Rusia y BMW dorado incluidos.

El procesamiento por narcotráfico tal vez sea un dolor de cabeza menor. Un sicario mató el martes 20 de julio al policía federal Ricardo Ariel González dentro de su Peugeot Partner estacionada en una calle perdida de Loma Hermosa. Lo fusiló a quemarropa, dejó un mensaje en el asiento y escapó tranquilo. La carta rezaba: «‘Rengo’ Pacheco: ¿10 millones por mí? Acá tenés tus 10 millones. Atentamente: San Martín».

Extrañamente, en un bolsillo de su campera, el policía federal tenía un papelito con las identidades de dos transas de la zona: «Blas Adrián Gómez y Gordo Blas Alicho». Encripdata pudo saber que, enterados de que sus nombres figuraban en el caso, ellos le dijeron a su abogado de siempre que no tienen «nada que ver» con ese crimen.

«Rengo» Pacheco, ya alojado en la cárcel, también se defendió: salió al aire por teléfono en Crónica para decir que él tampoco tenía relación alguna con la muerte del policía. Dijo algo más: que no es narco sino simplemente un empresario de la construcción tan próspero que provocó la envidia de comisarios de San Martín.

Los 7449 kilos de marihuana de 2018 en el galpón a nombre de su hijo no dicen lo mismo.