La jueza María Servini dispuso la “falta de mérito” para procesar a la interventora de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Cristina Caamaño, en la causa en la que está acusada por la filtración pública de las identidades de agentes de ese organismo en la causa por presunto espionaje ilegal durante el gobierno de Cambiemos.

La magistrada dispuso una serie de medidas para profundizar la investigación, pero admitió que la prueba recabada hasta el momento es “insuficiente” para avanzar con una acusación contra Caamaño.

La identidad de decenas de espías quedó al descubierto cuando, a pedido de los investigadores de la causa por el espionaje ilegal (los fiscales de Lomas de Zamora Cecilia Incardona y Santiago Eyherabide y el juez Juan Pablo Augé), la AFI remitió un libro resoluciones adoptadas por la central de inteligencia entre 2015 y 2019.

Ese documento fue subido al sistema informático de la causa y se filtró a la prensa, que lo publicó incluyendo los nombres de los agentes.

“Se encuentra controvertido si la información revelada tenía la entidad suficiente de manera de vulnerar el bien jurídico protegido” sobre protección de secretos, que según el Código Penal es reprimido con penas de hasta seis años de cárcel.

Servini –dice la resolución- busca determinar si Caamaño “vulneró los deberes que tenía como máxima responsable de la Agencia”.

“Si bien, con la aparición en público del libro, se reveló no sólo la identidad de muchas personas que trabajaban en la Agencia Federal de Inteligencia, tratados o convenios celebrados con organismos de otros países y también salieron a la luz designaciones de agentes en el exterior del país; la imputada sostiene lo contrario”, explicó la jueza.

“Respecto de la salida a la luz de los nombres reales de una cantidad importante de agentes, es real que si entienden que si sufrieron algún perjuicio tienen para hacer valer sus derechos patrimoniales la vía civil (situación que ya estaría encaminada)”, evaluó Servini.

“Pero también es cierto que una vez expuestas sus identidades todas esas personas quedaron imposibilitadas de seguir prestando servicio en el organismo de inteligencia – para los que aún lo hicieren – afectando gravemente no sólo su seguridad sino la propia actividad de la agencia, y además el peligro para su integridad personal quedó latente, ya que sus identidades fueron expuestas”, añadió.

Una veintena de agentes y ex agentes de la AFI se presentaron en el expediente como damnificados por la filtración.

Caamaño sostuvo que la AFI bajo su cargo “tomó todos los recaudos necesarios para proteger su contenido”, con lo que tácitamente descargó las responsabilidades en los fiscales y el juez de Lomas de Zamora.

Pero sobre ese punto, Servini tomó en cuenta la declaración de Miguel Ángel Toma, ex titular de la agencia de inteligencia cuando se denominaba SIDE, durante el gobierno interino de Eduardo Duhalde, respecto de que “no existe sobre todo en los ámbitos judiciales una claridad en torno a cómo debe tratarse la información que remite la Agencia”.

“La propia imputada (Caamaño) admitió que existen Magistrados que aun cuando ella les remite información desclasificada, le preguntan de qué manera las partes pueden acceder a ella”, remarcó Servini.

“Entiendo que este punto podría ser de interés para determinar la actuación de los Dres. Incardona y Eyherabide, como así también al Dr. Juan Pablo Augé, sobre lo cual también se profundizará”, adelantó.

Entre las nuevas medidas de prueba ordenadas por la jueza figuran las declaraciones testimoniales de los ex jefes de la central de inteligencia Oscar Parrilli, Juan Martín Mena, Héctor Icazuriaga, Francisco Larcher y Juan Bautista Yofre.