La participación de una veintena de exmiilitares colombianos en el asesinato del presidente de Haití, Jovenel Moise, volvió a dejar al descubierto la reubicación de miles de oficiales de ese país, retirados jóvenes y con mala paga, en roles de contratistas, asesores, personal de seguridad y hasta otros eufemismos, que terminan en misiones en el extranjero por su formación especializada y su disponibilidad.

Se estima que cada año dejan el servicio alrededor de 10.000 militares que se convierten al instante en una suerte de fuerza de reserva para tareas para las que aparecen bien preparados: servicios de consultoría, seguridad de personas, custodias de entidades y comercios, y la integración de equipos en el sector.

Las fuerzas militares colombianas viven entre dos extremos: prestigiosas para algunos por su combate permanente, en la selva y la montaña contra grupos de narcotraficantes y estructuras guerrilleras, por un lado, y cuestionadas por las organizaciones de derechos humanos y organismos internacionales por sus recurrentes excesos y violaciones a los derechos humanos, por otro.

El extremo de estas críticas tiene que ver con los miles de casos de "falsos positivos", como la prensa dio en llamar a los asesinados, mayormente campesinos y obreros, que luego eran presentados por los militares como insurgentes muertos en combate, en busca de ganar francos, premios o vacaciones.

A menudo entrenados por Estados Unidos, los militares colombianos fueron en su momento contratados para custodiar pozos de petróleo en los Emiratos Árabes Unidos (EAU) y en Yemen para combatir a los hutíes rebeldes, aunque algunas publicaciones marcan presencia también en Irak y Afganistán.

El propio jefe máximo de las fuerzas, el general Luis Fernando Navarro, señaló a propósito de Haití que no hay "ninguna norma" que prohíba contratar a exsoldados. "Sencillamente son incorporados, son reclutados y hay una cantidad importante de militares colombianos, por ejemplo, en Dubái", explicó.

Y en Colombia misma, donde innumerables locales y centros comerciales, bancos, clínicas, escuelas, clubes tienen seguridad privada a un nivel que solo se ve en otros pocos países, también los exmilitares son una fuerza laboral notable.

En el caso de Haití, según trascendidos de la prensa o declaraciones de familiares, los colombianos fueron contactados para tareas de seguridad y, se supone, casi ninguno sabía el objetivo final de la tarea.

El titular de la Asociación Colombiana de Oficiales de las Fuerzas Militares en Retiro (Acore) y consultor internacional en seguridad, John Marulanda, en diálogo con  la agencia de noticias Télam asume abiertamente esa nueva salida laboral.

"Hay dinero, posibilidades de mejorar económicamente haciendo algo que conocen muy bien. No combatiendo. Los que estuvimos en combate lo hacíamos por amor a la patria. Pero ahora le dicen a uno que le pagarán 8.000 dólares, que conocerá países, que tendrá algunas sumas extras, y sin usar armas", analizó Marulanda, quien suele renegar del concepto de mercenarios, que en reiteradas ocasiones ha pesado sobre los exmilitares colombianos.

Pone su propio caso como ejemplo porque mientras era docente universitario le "pasaron un dólar por delante de la nariz" y se dedicó 18 años a ser "contratista en seguridad de una petrolera, viajando por el mundo, para cuidar la seguridad y tener manejo de crisis", según relató a Télam.

El militar retirado acepta que el retiro a una edad temprana y los sueldos más bien bajos colabora con esa inserción en nuevos roles.

"Se retiran jóvenes y saludables. Hay una legislación que permite pensionar a los militares con pensiones mínimas. Todavía salen con mucha vida por delante, pero para modificar eso habría que modificar las circunstancias del país", evaluó.

Otros dos datos merecen ser tenidos en cuenta: por un lado, en el país el servicio militar de un año es obligatorio; y por el otro, como en otras naciones con un mercado laboral recortado, integrarse a una fuerza es una salida para vastos sectores necesitados.

El presupuesto que Colombia destina al área es el segundo de América Latina, después del de Brasil: 9.216.000.000 de dólares en 2020. Se trata del tercer gasto más importante del país detrás de Educación y Salud.

Así y todo, para Marulanda las Fuerzas Militares no son poderosas.

"Ojalá lo fueran. No lo son y hay pruebas de eso. Si algo caracteriza a los militares es la subordinación al poder civil y su rol constitucional, al punto que le garantizo que si en elecciones el pueblo elige a (Rodrigo Londoño) Timochenko, del narcocartel de las FARC, el mando tiene dos opciones: o pide la baja o se le presenta y se pone bajo su mando", aseguró, en referencia al líder de la guerrilla que firmó un acuerdo de paz con el Estado en 2015.

La discusión, igualmente, tiene más que ver con lo que ocurre después del retiro porque el Estado no tiene forma, afirma, de controlar qué hace cada exsoldado después de haberlo entrenado durante años.

Marulanda escribió en un diario bogotano que los militares "mantienen un gran reconocimiento mundial debido precisamente a su experiencia, disciplina y formación" y aclaró que no son mercenarios en los términos de la Convención Internacional sobre el Mercenarismo de las Naciones Unidas, sino contratistas, aunque asume que se trata de un concepto "genérico".

"Solo en Colombia hay cerca de 300.000 hombres y mujeres en el mercado de la vigilancia y la seguridad. La quinta fuerza le decimos nosotros, después de las tres fuerzas militares y la Policía Nacional. Esa industria de la seguridad aporta casi el 2% del PIB; mueve mucho dinero, y solo Brasil y Perú tienen situaciones similares", reseñó el titular de Acore.