Primero fue la orden municipal de desmantelar la antena de la radio apenas un día después de la instalación de la misma. Luego, distintas evasivas y demoras por parte del Municipio para permitir que el medio tome vista del expediente, el cual presentaba serias irregularidades. Finalmente, la imposición de una exorbitante multa por presuntas dilaciones en la presentación de la documentación pertinente que ponen en serio riesgo la continuidad de las fuentes de trabajo y atenta contra la libertad de expresión.

Si dichos hechos hubiesen ocurrido en un medio de comunicación nacional, se habría producido un escándalo. Pero como ocurrió en la localidad bonaerense de Mar Chiquita, pasó casi desapercibido. No obstante, los graves sucesos merecen ser destacados. Se trata, como afirman los periodistas locales, de una clara persecución política y un intento de censura por parte de la administración local del kirchnerista Jorge Paredi.

FM Bunker inauguró el 10 de mayo de este año nuevas instalaciones sobre una de las avenidas principales de Santa Clara del Mar, donde también funciona el diario El Ciudadano, de la misma propiedad. El medio gráfico es el más leído de la zona y la radio la más antigua. El 20 de mayo, el Municipio ordenó la desmantelación de la misma a través del Decreto 852/2021, alegando “falta de documentación”. La antena se había colocado el día 17 y 24 horas después recibieron una inspección municipal.

Pero en su momento, la Dirección del medio, a cargo de Adrian Prestipino, confeccionó, tal como la normativa provincial y municipal ordenan, la llamada Memoria Descriptiva del proyecto, un pormenorizado trabajo de 22 páginas firmado por la Licenciada en Seguridad e Higiene Mariana García. La misma consiste, entre otras cosas, en el ineludible y necesario Estudio de Impacto Ambiental, que todo Municipio exige para la aprobación de cualquier emprendimiento. El detallado análisis fue aprobado por las autoridades provinciales el 17 de marzo de 2021. “Se le notifica que ha sido otorgado el registro solicitado”, afirmaron desde La Plata.

Dicha Memoria, sostiene la Lic. García, “evalúa los efectos asociados a la construcción e instalación de estructura portante de antena de radiodifusión FM, a desarrollarse en la localidad de Santa Clara del Mar, Partido de Mar Chiquita”, por lo que “se elaborará el análisis de los impactos ambientales generados en las fases de construcción y operación”. En otro orden, señala que “la obra que nos ocupa permitirá prestar el servicio de telecomunicaciones a la comunidad de Santa Clara del Mar y demás localidades de la zona costera del partido de Mar Chiquita”.

Por su parte, también asegura que “el edificio se encuentra implantado en contacto con las medianeras perimetrales”, y que “el proyecto de instalación de la antena de FM prevé la colocación de la estructura portante en el centro de la losa superior de la edificación de modo que su instalación y las actividades que se realizan en el lugar, no interfieran en el carácter residencial y comercial del barrio”. Así mismo, agrega que “no existen edificios linderos en alturas coincidentes o con vista a la estructura instalada, razón por la cual ésta no afecta la visual de los colinderos”.

Pese a ello, el 23 de julio Jorge Paredi dispuso una multa de $762.300. A pesar de que los responsables del medio recurrieron la decisión, la misma fue ratificada el pasado 3 de agosto mediante la Disposición 1186, otorgando un plazo de 5 días para abonarla. Para una radio de un distrito de 25.000 habitantes, significa una fuerte erogación de dinero.

Pero la cuestión se torna aún más espinosa cuando se conoce un detalle: pocas horas antes de la notificación de la multa, las autoridades de la radio presentaron, con la Constancia de Recepción Orden 399, la documentación requerida por el Municipio que acreditara el correcto y legal funcionamiento de la antena. Pese a lo cual, el Jefe Comunal apuró la sanción. Si bien se reconoce una demora en la presentación, se alega asimismo que el Municipio no solo actuó con una rigidez que no aplica con otros medios, sino que tampoco dio derecha de defensa.

Pocos días después del Decreto municipal que ordenaba el desmantelamiento de la Antena, exactamente el 31 de mayo, las autoridades de la radio se presentaron “en el municipio para pedir las copias certificadas de la ordenanza, normas que regulaban el procedimiento y las regulaciones que aprobaban la estructura administrativa municipal”. A su vez, también solicitaron “tomar vista del expediente que originó el procedimiento y suspender los plazos administrativos en vista del contexto pandémico –de acuerdo a lo establecido por el Gobierno Nacional-, y la necesidad de buscar asesoramiento técnico”.

Pero el 16 de junio les notificaron que trece días antes, el Intendente Paredi había negado lo solicitado, ratificando la clausura de la antena. En paralelo, asegura que el expediente estaba a disposición, por lo que se hicieron presentes en la sede comunal. Sin embargo, la documentación no estaba. “El mismo decreto del intendente que decía que no se concedían suspensiones de plazos por covid, también afirmaba que el expediente estaba y seguía estando disponible en la Dirección de Obras, para la vista. Evidentemente era mentira y los propios empleados de obras pueden asegurar eso”, afirma Prestipino.

Unos días después, el 23 de junio, la Municipalidad informó que el expediente se encontraba nuevamente a disposición. Pero los responsables del medio se llevaron una gran sorpresa al constatar que el mismo poseía serias irregularidades, como “hojas mal foliadas, fechas incorrectas, documentos agregados fuera de término y sin nuestra correspondiente firma, actas que nunca fueron notificadas, entre varias otras”. Debido a ello, el 8 de julio se efectúa una presentación ante el Municipio informando tal situación.

Pero el 23 de aquel mes, mediante el Decreto 1131, se establece sanción pecuniaria, como se dijo, apenas horas después de una nueva presentación de documentación por parte de las autoridades de la radio. La multa fue apelada el 26 del mismo mes, y rechazada por el Gobierno de Jorge Paredi el último 3 de agosto. “No se explica el por qué de la acción desmedida del Intendente, ya que la documentación requerida consta efectivamente en la Dirección de Obras”, sostiene Adrián Prestipino.

A la par, también se realizó una presentación judicial. Respecto a ello, hay un aspecto que no se debe pasar por alto. Si bien la competencia natural para esta clase de conflictos es el Juzgado de Faltas, el mismo no tiene designado un responsable. El cargo fue creado por el Concejo Deliberante de Mar Chiquita en el año 2019, encomendando al Ejecutivo Municipal su organización y puesta en vigencia en agosto de aquel año. Pese a haber transcurrido dos años, la administración local aún no designó a su Titular. Por lo que, de acuerdo a la normativa municipal, ante la ausencia de un Juez de Faltas, quien asume tal responsabilidad es el propio Intendente. Con lo cual, la imparcialidad se ve seriamente bajo sospecha. Debido a tal dislate, FM Bunker presentó su descargo ante el Juzgado de Paz del distrito el 6 de agosto cerca de las 22 hs.

El Multimedio “El Ciudadano” fue fundado en octubre de 2013 con el objetivo de llevar servicios de información y comunicación pública sobre la realidad y la actualidad, tanto social, como política, económica, turística, cultural y otras también de interés general, para la ciudadanía y el turismo de la zona. Su actividad comenzó con el lanzamiento de su semanario. En agosto de 2014 se inauguró la primera estación de radio: BÚNKER FM 91.9.

Una vez conocida la confirmación de la sanción, FOPEA (Foro de Periodismo Argentino) expresó su preocupación por el decreto municipal contra la Radio y advirtió que la multa de Paredi puede derivar en restricciones a la “libertad de expresión” y pone en riesgo su continuidad. También desde el Movimiento Evita local repudiaron el intento de censura del Intendente, a través dela referente de la organización política en Mar Chiquita, Agustina Rocha, quien afirmó que “yo no quiero un municipio donde aquel que piensa distinto es perseguido”.

Así mismo, se supo que el tema ingresará a debate en la próxima sesión ordinaria del Honorable Concejo Deliberante. Fue a partir de un pedido de los concejales Valeria Velázquez y Eduardo Orlandini, quienes presentaron un proyecto de Resolución para ser tratado en la próxima sesión ordinaria del cuerpo, en el cual se solicita revisar todo el procedimiento referente a la clausura y “llegar a una conciliación entre las partes, de manera de no poner en peligro un medio periodístico, ni el trabajo local, asegurando así la transparencia de los actos administrativos”.

Jorge Paredi transita su cuarto mandato, habiendo gobernado previamente la localidad entre 2003 y 2015. Por sus modos, sus detractores lo apodan “Patrón de estancia”. Vale recordar que “El Ciudadano” había informado que el Jefe Comunal se vacunó contra el Covid el 22 de enero en el Hospital Municipal “Eustaquio Aristizábal” de Coronel Vidal con la vacuna Sputnik V. Ello ocurrió apenas un día después que la ANMAT recomendara su uso para mayores de 60 años. El 19 de febrero recibió la segunda dosis, al igual que otros funcionarios de su gobierno, cuando a algunos de ellos aún no les correspondía

También es necesario remarcar que el Delegado Municipal de Santa Clara, Antonio Contardo, protagonizó un grave hecho en julio de 2020 también ligado a ataques contra el multimedio. El hecho lo desató un pedido de informes sobre un convenio que firmó el Municipio con una empresa para una obra de tendido de red de agua potable, a partir de que se supo que el Presidente de Cooperativa Scyco, responsable de la obra, es Pablo Contardo, hijo del Delegado.

A raíz de estos hechos, Antonio Contardo amenazó a un periodista de FM Bunker, Pablo Hunger, por difundir la noticia. “A ese ladrón, hijo de puta, lo voy a partir”, bramó el funcionario. Pese a los pedidos de renuncia, Contardo no sólo continúa en su cargo, sino que además integra el privilegiado lote de vacunados.