¿Cómo se hace cuando un colapso productivo convive con un descalabro monetario y fiscal? Pablo Gerchunoff se hizo esa pregunta hace más de un año y contestó: “No sé”. Es probable que nadie sepa. Y tal vez sea por esa razón que la campaña electoral evita esta pregunta y prefiere convertirse en un torneo de chicanas. El acertijo, de todos modos, reaparece. Disfrazado. En el corazón del kirchnerismo acaba de abrirse una discusión en cuyo fondo palpita ese interrogante. Si se revisa el panorama conceptual que ofrece hoy la política, tal vez se trate del único debate al que vale la pena prestarle atención. De un lado, Juan Grabois, denunciando la situación de los que están sumergidos en la pobreza y requieren del auxilio del Estado. Del otro, Andrés “el Cuervo” Larroque, ministro de Desarrollo de la Comunidad de la provincia de Buenos Aires, arguyendo que la única política social exitosa es la creación de empleo, y que la asignación de asistencia a los más vulnerables no debe ser tercerizada en los movimientos sociales. En un país que ya superó el 42% de pobreza, es difícil encontrar una controversia más relevante.

Es obvio que se trata de un entredicho de poder. Desde el estallido del año 2001 está en disputa el control de la relación con los pobres. Punteros contra piqueteros. Intendentes contra líderes sociales. Los cuatro años de Cambiemos agravaron el problema: Mario Quintana y Carolina Stanley forjaron una alianza con Grabois y con el Movimiento Evita. Este último terminó siendo el sostén territorial de Florencio Randazzo en 2017, en una aventura electoral destinada a perjudicar a Cristina Kirchner, que remaba contra una corriente muy adversa para regresar al poder. El pasaje de Juan Zabaleta desde la intendencia de Hurlingham al Ministerio de Acción Social reactivó el conflicto. Los dirigentes sociales se lo hicieron notar con los aplausos con que despidieron a su antecesor, Daniel Arroyo, convertido por un instante en un revolucionario. Como el Che Guevara. O como Alberto Fernández. Alrededor de la vicepresidenta están inquietos por otras señales, menos nítidas. ¿Emilio Pérsico y Fernando “Chino” Navarro estuvieron detrás del intento de toma de la municipalidad de Lomas de Zamora la semana pasada? Suena disparatado. Pero hubo quienes defendieron esa tesis ante consultas de la señora de Kirchner.

Son detalles anecdóticos al lado de la pelea estructural. Larroque, que expresa a La Cámpora y es apreciado por los intendentes del PJ, levantó la bandera de la creación de empleo. ¿Se hará cargo de las derivaciones de esa posición? Porque es imposible crear empleo sin alentar la inversión. Y, más allá de las preferencias ideológicas, frente al desbarajuste fiscal y monetario, la única inversión posible es la inversión privada. Inversión que va a reclamar que se resuelva aquel desbarajuste. El dilema de Gerchunoff vuelve, reformulado: ¿cómo se hace para alentar la inversión privada y evitar el estallido social, el mismo tiempo, en un país con más del 42% de pobreza?

Victoria Tolosa Paz demostró no haberse planteado estos problemas cuando recomendó aumentar los impuestos a las grandes empresas. Hay una inclinación demagógica a condenar a las compañías de gran tamaño, más si son multinacionales, en supuesto beneficio de las medianas y pequeñas. Aunque esté demostrado que las que más empleo crean son las grandes, sobre todo en períodos de recuperación económica; y que los procesos de innovación solo son viables a partir de determinada escala.

Más allá de estas evidencias, la severidad de Tolosa Paz, que expresa a todo el oficialismo, está viciada por la ignorancia y la incoherencia. Ignora, por ejemplo, que en la Argentina ya existe una presión fiscal insoportable sobre todas las empresas. La Asociación de Bancos mandó a estudiar la carga impositiva que soportan los créditos y detectó que por cada $100 que paga un deudor por los intereses de un préstamo, $45 se los lleva el Estado. La asfixia impositiva es una de las razones por las cuales las grandes empresas abandonan el país. Se fue Walmart, por ejemplo, que está entre las cinco firmas que más empleo generan en México.

Pero en el planteo de Tolosa Paz también hay incoherencia. El gobierno de Alberto Fernández, ha autorizado la transferencia de las acciones de Edenor de Pampa Holding al grupo que integran José Luis Manzano, Daniel Vila y Mauricio Filiberti. Edenor no es una Pyme. Pero sus nuevos dueños, en el caso de Vila y Manzano, tienen una deuda de $11.349.431.405 con Cammesa, ya que su empresa, la mendocina Edemsa, que tampoco es una Pyme, no paga la energía que distribuye. En el área metropolitana esa mora podría justificarse en que el Estado no actualiza las tarifas. Pero en Mendoza no existe ese problema. Otro pormenor que indignaría a los dirigentes fóbicos ante el gran empresariado: el Estado aprobó la entrada de los nuevos dueños, sin saber siquiera quiénes eran. En la primera reunión de directorio de Edenor se presentó el hijo de Ricardo Depresbiteris para hacerse cargo del área financiera, ya que su papá sería uno de los socios. No solo los reguladores del sector ignoraban a este propietario, tan ligado a Hugo Moyano. Manzano y Vila, al parecer, tampoco sabían que tenían otro socio. ¿Sabría Cristina Kirchner a quién le estaba entregando semejante empresa de servicios? Deliciosa oportunidad para disciplinar al gran empresariado.

Más ejemplos para que analice Tolosa Paz: cuando se observa a qué empresas subsidia el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la Anses o, para decirlo como le gustaría a la candidata, “a qué se destina la plata de los abuelos”, se advierte que las principales beneficiarias son las petroleras Panamerican Energy e YPF. La Anses también se prepara para asistir a Vista Oil, de Miguel Galuccio, y CGC, de Eduardo Eurnekián. Además de un proyecto del grupo Albanesi, de Armando Loson, para ampliar una central eléctrica.

En esta asistencia a empresas que, sin dudas, son grandes, se consumirá casi todo el caudal prestable del FGS. ¿Hace un mal negocio la Anses? Es muy probable que no. Pero hay otras preguntas más difíciles de responder. ¿Por qué estas empresas y no otras? ¿Por qué no empresas más pequeñas, como le gustaría a Tolosa Paz? ¿Por qué el sector petrolero, que hoy cuenta con precios internacionales muy ventajosos, y no otro? Debe recordarse un detalle: la Anses está bajo el control de La Cámpora, a través de Fernanda Raverta. Aunque el FGS lo maneja Lisandro Cleri, quien ya pasó por esa agencia en tiempos de Diego Bossio.

Los grandes empresarios que consiguen estos créditos de la Anses pueden aducir, con razón, que la mala política del Gobierno los condena a financiarse de este modo. No resolverían, es cierto, la incógnita sobre el privilegio del que gozan. Igual vale la pena detenerse en el argumento. En la Argentina existe un costo del capital que repele a cualquier proyecto de inversión. Si hoy el Tesoro emitiera deuda en dólares en el mercado internacional, debería pagar una tasa del 19%. Es tan alta que por eso no emite. ¿El aislamiento financiero termina siendo un modo de inducir a las empresas a someterse a la tutela del Estado, vía la Anses? Una rara mala praxis. Mala praxis maquiavélica.

La asfixia financiera la pagan también las provincias. Axel Kicillof acaba de cerrar su negociación con los bonistas. Fue generoso, como de costumbre. No hizo recorte alguno al capital. Ni siquiera el 10% que pretendía en abril de 2020. También reconoció un interés acumulado, que antes retaceaba. En el escalonamiento de la tasa de interés que la provincia debe pagar, tampoco se fijó en gastos: arranca en 2,5% y llega hasta casi 6%.

Con estas ventajas, ya entraron al canje, que tuvo cerca de 20 postergaciones, los principales tenedores: sobre todo GoldenTree, Wamco y Amundi, que tienen el mayor volumen de papeles.

En el entorno de Martín Guzmán siembran cizaña. Hacen notar que si se considera la reestructuración de la deuda que vence en los primeros diez años, el gobernador mejoró su propuesta de US$3860 millones a US$6624 millones. Es decir, aumentó la oferta en US$2764 millones. Un 71% más.

Los funcionarios de Guzmán se ufanan de, en su canje, haber mejorado la primera oferta en “solo” 51%. Es decir: pasaron de US$31.945 millones a US$48.263 millones.

También hacen notar que el alivio que consiguió su jefe, Guzmán, para los primeros 10 años, fue del 38%: había que pagar US$77.594 y se pagarán US$48.263. En cambio, el alivio que obtuvo Kicillof fue, para un lapso similar, de apenas 20%: pasó de US$8300 millones a US$6624 millones. En La Plata refutan esa interpretación con un argumento corriente en el mercado: “Si tuvimos que ceder mucho más, fue por mal entorno financiero que genera Guzmán”.

Los defensores del gobernador pueden tener razón. Pero el pasado juega en contra. Según Alfonso Prat-Gay, si se tienen en cuenta los compromisos adicionales que asumió en sus negociaciones con Repsol, con el Club de París, con los acreedores bonaerense, y el error de haberse dejado estar en el pleito con los holdouts, el “costo Kicillof” es, hasta ahora, de US$24.024 millones. Mientras la llama revolucionaria de Fernández se enciende, tardísimo, la de Kicillof se va apagando.

Las de Guzmán y Kicillof no son las únicas contradicciones económicas que agitan al kirchnerismo. Cristina Kirchner y los dirigentes de La Cámpora tienen en la mira al ministro por lo que, interpretan, es una subordinación al FMI. Creen que hay un margen no explorado para conseguir un período de gracia superior a los 10 años en la renegociación de los vencimientos. Si no 20, por lo menos 15. Una versión muy verosímil afirma que esa imagen surge de conversaciones de Eduardo “Wado” de Pedro con funcionarios del propio Fondo que visitaron la Argentina. Guzmán insiste en la inflexibilidad del organismo. Pero su palabra está objetada: desde que deja entrever cierta ambición política, sus detractores temen que busque un acuerdo más estricto que lo convertiría en un interventor del Gobierno con terminal en Washington.

Un documento vino en auxilio del kirchnerismo duro. Al regresar de Buenos Aires, Juan González, el encargado de la Casa Blanca para América Latina, informó en una conferencia de prensa sobre la visita de su jefe, Jake Sullivan. En ese reporte se destacan, por lo menos, tres aspectos. El primero es cultural: la admirable transparencia con que los funcionarios informan sobre sus conversaciones diplomáticas; una diferencia abismal con lo que sucede en el país, donde todo es materia de resbaladizos trascendidos. Segundo: la guerra declarada a la empresa china Huawei como proveedora de tecnología para los servicios 5G. Tercero: González afirmó que el acuerdo del Fondo con la Argentina debería ser un caso testigo para un nuevo tipo de negociaciones de ese organismo con países en problemas.

La declaración agrava los resquemores ante Guzmán. Y fortalecen en la vicepresidenta y su entorno un objetivo: colocar en la jefatura de Gabinete a alguien más leal a ella. Para reemplazar a Santiago Cafiero y subordinar al ministro de Economía. Más otro cometido, desafiante: conseguir un pacto con la oposición con eje en el acuerdo con el Fondo. El candidato ideal, sobre todo por su relación con los opositores, era Agustín Rossi. A quien Fernández y Cafiero alentaron a salir de Buenos Aires para competir en Santa Fe como candidato a senador. ¿Por qué habrá sido?

Por este mar de fondo, ayer alcanzó una pequeña historia para provocar una tormenta: en la foto publicada por el PJ para festejar el triunfo de hace dos años en las primarias faltaba nada menos que Cristina Kirchner. La comunicación partidaria está a cargo de Cafiero. Gracias a la indignación de los seguidores de la vicepresidenta trascendió un pormenor gracioso: en el Instituto Patria a Fernández y Cafiero los llaman “Ki-taek” y “Ki-woo”. Cuando se indaga en esos enigmáticos sobrenombres, la respuesta sigue siendo misteriosa: “Por temas asiáticos, preguntar en Olivos” (Diario La Nación).