Esta semana, el presidente de la República llamó la atención al mencionar en un discurso que “vamos a hacer de Internet un servicio público para que llegue a todos y todas. Y para que no nos estafen y no nos roben con las tarifas”. Dos frases que merecen ser analizadas.

Lo primero que vino a la mente de muchos fue la pregunta “¿pero Internet no era ya un servicio público?”. Y la respuesta es sí. Los servicios TIC fueron declarados “servicio público en competencia” por la ley 27.078 (Argentina Digital) en su art. 15, expresando claramente en el art. 48 que “los licenciatarios de Servicios de TIC fijarán sus precios”. Esta declaración como servicio público en competencia fue ratificada el año pasado vía el DNU 690, aunque aquí hubo un pequeño (aunque significativo) cambio. En su art. 2 explicita que los precios serán regulados por el Enacom. Algo que hizo inmediatamente luego de entrar en vigor el DNU, estableciendo un congelamiento hasta el fin del 2020. Este artículo fue el que dio lugar a un “milagro”: por primera vez, toda la industria (grandes operadores internacionales y nacionales, PyMEs y cooperativas) se unió detrás del mismo reclamo: la libertad de precios. Esta es la madre del borrego.

Difícilmente el presidente haya olvidado el DNU que firmara un año atrás, aunque reflotar el tema como una novedad tampoco puede dejar de ser visto fuera del contexto de la actual campaña electoral de cara a las elecciones legislativas de noviembre próximo. Visto así, su declaración podría ser interpretada como un mensaje a la justicia, a la cual recurrieron muchos operadores (los más grandes y cientos de PyMEs asociadas a ATVC) para obtener medidas cautelares que suspendieran la aplicación del DNU hasta tanto se resuelva la cuestión de fondo.

No obstante, también es importante tener en cuenta que el gobierno busca con los servicios TIC lograr algo que ya sucedió con otros servicios públicos: poner un freno a la actualización de precios y tarifas que exige una economía cuya inflación se ubica en alrededor del 3 al 4% mensual. Una estrategia de pisar precios y tarifas que demostró reiteradamente ser ineficaz: la inflación sigue su curso mientras se actúe sobre los síntomas y no sobre las causas. Pero no por probadamente ineficaz se deja de insistir con esta política que tiene un efecto colateral quizás no deseado pero inevitable: la degradación de la infraestructura resultante de menores recursos disponibles para la inversión. Algo de lo que dan fe las empresas de ingeniería que hacen los despliegues de redes, contratadas por los prestadores de servicios.

Por otra parte, el tratamiento de los precios de los servicios TIC difiere del de otros servicios públicos. Esto es así porque en el caso de la electricidad, el gas, etc., las tarifas son reguladas y fijadas por debajo de los costos, generando una brecha que es cubierta (a veces parcialmente) por subsidios otorgados por el Estado Nacional a las empresas en cuestión. Esto no ocurre con los servicios TIC, donde el subsidio generado por actualizaciones por debajo de la inflación debe ser solventado por los propios prestadores.

Resulta inexplicable por qué si con precios libres los servicios TIC lograron una alta penetración, la estrategia oficial de hacerlo para mejorar la conectividad de los argentinos sea replicando aquella que llevó a que los servicios públicos tradicionales alcanzaran penetraciones más bajas. Por más que lleven décadas y décadas como servicio público. Algo que puede apreciarse en el siguiente gráfico en base a información oficial.

Resulta evidente entonces que el hecho de que una actividad sea declarada servicio público no implica que ella pueda ser accesible y asequible para todos los más necesitados. Menos aún si, como se ha demostrado en la práctica, el objetivo principal pretendido por el Gobierno es ejercer un control de precios que distorsiona el mercado, dificulta las inversiones y genera incertidumbre regulatoria en el sector.

Un párrafo aparte merece la frase “para que no nos estafen y no nos roben con las tarifas”. Una afirmación muy fuerte considerando que proviene de lo más alto del poder político e institucional de Argentina. Porque al decir esto, está tratando a los operadores de ladrones y estafadores. Y siendo que el presidente es abogado y profesor universitario, tiene muy en claro la seriedad de su afirmación. Se trata de una acusación grave pero que la cotidianeidad argentina hace que pase sin demasiadas repercusiones. Estamos acostumbrados, como el sapo en la olla que va levantando temperatura.

Se trata de una expresión desacertada, no sólo por el tono. También en el fondo. Con los precios de los servicios publicados en Internet, es muy fácil hacer una comparación entre los cobrados aquí y en los demás países de la región (Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú y Uruguay). Haciendo este simple ejercicio, se puede comprobar que los precios locales de los servicios móviles están en línea con los regionales, mientras que los de acceso a Internet y TV paga están en general más baratos (comparando al valor del dólar oficial). Si a valores similares hubiera diferencias marcadas en cuanto a su asequibilidad, esto ya tiene más que ver con la macroeconomía que con un tema sectorial.

En definitiva, se trata de afirmaciones desafortunadas del presidente, quien endurece su discurso en campaña, profundizando una línea política que hasta ahora trajo más problemas que soluciones. Todo indica que el tono seguirá así. Hasta noviembre mínimamente. La esperanza es lo último que se pierde.