La decisión por parte de la Cámara Federal de Bahía Blanca de revocar el procesamiento de Lázaro Báez en la sensible causa de las facturas truchas tramitadas en aquella ciudad provocó no pocas suspicacias. Si bien las actuaciones se derivaron al expediente donde el presunto testaferro K está procesado por evasión tributaria, no dejan de llamar la atención algunos aspectos de la resolución de la Alzada bahiense, en especial aquel dedicado a Ricardo Echegaray, un hombre que en los últimos tiempos ha ido recobrando importantes cuotas de poder.

El 9 de agosto de 2012, el entonces titular de la AFIP decidió, a través de la disposición 299 y comunicando la decisión mediante una teleconferencia, rebajar de categoría a la Seccional Bahía Blanca de Dirección a Agencia, lo que implicó la cesantía de 49 agentes impositivos. La razón aducida fue un conflicto gremial, pero el motivo real habría sido que durante los años 2011 y 2012, sabuesos de la AFIP a cargo de Carlos Blanco habían detectado la emisión de facturas apócrifas por parte de empresas bahienses en favor de Austral Construcciones (ACSA), la nave insignia de Lázaro Báez. Las actuaciones obrantes pasaron a depender mayormente de Mar del Plata.

Aquella Disposición afirmaba que “la Administración Federal de Ingresos Públicos lleva adelante un proceso permanente de evaluación organizacional, orientada por los principios de economía, eficiencia y eficacia;  con la firme convicción de que no existen estructuras pétreas en su organización, sino más bien, que esta debe ser concebida con un grado de flexibilidad necesario para atender las cuestiones que genera una realidad en permanente cambio”.

En los argumentos del fallo de Cámara, firmado por los Jueces Pablo Candisano Mera y Leandro Picado, se hace especial mención al episodio, alegando que “tal nueva forma de estructuración organizativa se extendió hasta el 4 de diciembre del 2013, fecha en la que, por medio de la Disposición 525/13, Echegaray derogó, en lo que aquí interesa, la Disposición 299/12, restableciendo las estructuras orgánicas involucradas a la situación previa a su dictado”.

La pesquisa de las facturas truchas se inició a partir de una investigación publicada por el periodista del diario “La Nación”, Hugo Alconada Mon, en octubre de 2014, donde revelaba la disolución de la Regional Bahía Blanca. Y es en este punto donde la decisión de la Cámara adquiere ribetes sorprendentes, ya que se ocupa de hacer blanco, como suele hacer el kirchnerismo, en los medios de comunicación: “Con la publicación del artículo que diera origen a esta causa, se comenzaba a gestar la idea de la conexión entre el cierre de la Dirección Regional y ACSA, permaneciendo únicamente tal versión en los trascendidos públicos, pues hasta entonces, ningún agente de AFIP –ni informe oficial alguno– había sostenido tal perspectiva/posición”, agregando que “quello que publicaba el portal mencionado (por “La Nación”) era replicado y aseverado por gran parte de los medios de comunicación masiva de nuestro país”.

En función de ello, el Dr. Candisano Mera afirma que “no surge de ninguna constancia de esta causa que la firma ACSA haya estado siendo auditada en la Regional de Bahía Blanca al momento de la disolución”. Y va aún más lejos cuando sostienen que “esos dichos publicados por los medios de comunicación pasaron a tener un soporte institucional”, añadiendo que “me permito traer a colación que se observa que la disolución de la DRBBca en agosto 2012, desencadenó las más variadas suspicacias”.

Cabe recordar que el propio Candisano Mera ya había esgrimido en 2017 una defensa de la decisión de Echegaray. En aquella ocasión, ante una causa abierta por la disolución de la Regional, aseguró que “el Decreto 618/97 otorga al Administrador Federal de Ingresos Públicos la facultad de organizar y reglamentar el funcionamiento interno de la AFIP en sus aspectos estructurales, funcionales y de administración de personal, incluyendo el dictado y la modificación de la estructura orgánico funcional en los niveles inferiores a los que apruebe el Poder Ejecutivo Nacional. En ejercicio de tales facultades, la Administración dispuso una modificación en su estructura orgánica, suprimiendo algunos cargos jerárquicos, como el que ostentaba el actor, por lo que se reasignaron nuevas tareas para aquellos que ya no ocupaban tales funciones”.

Sin embargo, los camaristas parecen no haber tenido en cuenta declaraciones testimoniales que dieron funcionarios de la AFIP de Bahía ante la Justicia. El 13 de junio de 2016, Mirta Tapia declaró ante el Juez Héctor Plou, que “el conflicto alegado por Echegaray ya se había resuelto” al momento de la decisión. Se refería al presunto problema gremial. Por su parte, Elvira Martiarena alegó una razón distinta a la esgrimida por Echegaray: “La motivación de dicha disposición fue, decían, lograr un mejoramiento tecnológico. Fue una situación muy confusa, claramente no fue por los motivos que la resolución 299 consignaba”. Por último, Horacio Ponzoni, quien se desempeñaba como Jefe de Fiscalización 2 desde 2011, declaró que la decisión del jefe del organismo “se decía que era por una readecuación de la estructura de una parte de la AFIP al medio cambiante. Las jefaturas quedaron sin cargos. Fue un impacto muy fuerte, estábamos desorientados”.

También fueron determinantes las declaraciones de Silvia Huici y Carlos Blanco, los inspectores que supervisaron la mayor parte de las fiscalizaciones en 2011. Huici declaró que “llevé adelante inspecciones a firmas del Grupo Suris, como CVP Industrias SA, M-Magna SA, Bahía Acoplar SA, y las mismas fueron incorporadas a la base e-apoc (facturas apócrifas) de la AFIP, ya que se trataban de meros contratos societarios sin actividad”. Dicho en otras palabras, eran empresas “fantasmas”. De la documentación verificada, surgieron los nombres de los grupos de las familias Ficcadenti, Ferreyra, y Pedraza. Por su parte, Carlos Blanco le dijo al Juez que en una oportunidad se reunió con el contador Pablo Casanova, vinculado a la firma Iberoamericana de Servicios SA, y éste le “sugirió” que termine rápido con las fiscalizaciones ya que, caso contrario, “serán trasladados a lugares lejanos”. Y agregó que Casanova le dijo que él tenía mucha llegada al poder. Grupo Penta y Cía SA, fue incorporada en mayo de 2011 a la base E-Apoc.

El argumento principal de los camaristas para revocar el procesamiento de Lázaro Báez y su hijo Martín fue que “en la causa no se logró demostrar que la estructura conformada por las compañías locales haya sido creada por y para el Grupo Báez, es decir, generada por orden suya y para su único beneficio, extremo que los desvincula de esta investigación”. Pero aquellas inspecciones demostrarían lo contrario.

Y hasta los propios jueces reconocen en su fallo que Austral, en el período fiscal 2012, resultó ser prácticamente la única beneficiaria de la facturación de Terrarafi, propiedad del Grupo Ficcadenti, cuyos directivos están procesados, y Constructora Patagónica Argentina, perteneciente al otro conglomerado de Bahía, Ferreyra, representando la misma casi el 90%. Al respecto, un encumbrado funcionario de AFIP Mar del Plata arriesga que “no puede soslayarse semejante grado de participación y dependencia, en el caso particular de Constructora Patagónica, catalogada como “apócrifas. mixta”, que no podía subsistir entonces pagando sueldos a su personal y gastos de funcionamiento “sin esa dependencia directa” de ACSA, lo que a la postre sindica que al menos los miembros directivos de ACSA ( Lázaro y Martín) eran los que indirectamente conducían los destinos de Constructora Patagónica y a la postres miembros indudables de esa usina ( al menos como miembros participantes)”.

Retomando a la estratégica disolución de la Dirección Bahía Blanca, los camaristas vuelven a hacer una defensa de aquella decisión, incurriendo inclusive en cuestiones políticas. Los jueces aducen que “no surgió ningún reparo frente al hecho de que a partir de diciembre del 2015 –con la nueva dirección de AFIP–, se decidió disolver la DR de Río Gallegos y monopolizar el estudio de todas las auditorías a realizarse relacionadas con Austral Construcciones (incluyendo las empresas bahienses aquí investigadas) concentradas en una sola unidad de Fiscalización, dependiente de la Regional Mar del Plata, pese a que ninguno de esos contribuyentes tenía domicilio legal o fiscal en tal ciudad”.

Al respecto, el mismo funcionario de la AFIP consultado recuerda que “la propia disposición que produjo la disolución de Bahía, se hablaba de motivos de reestructuración que se producirían en el ámbito de DGI en general, pero al final fue la única Dirección del país que se disolvió en aquellos tiempos”. Y agrega que fue “la única que se disolvió en 30 años, luego en 2016 se disolvió Rio Gallegos que en realidad nunca debió haber existido por su intrascendencia económica, poblacional, etc. como Dirección Regional. Además fue fundada como “guarida de contribuyentes k” y dirigida por la entones cuñada de Máximo”. Se refiere a Virginia García, actual Jefa de la DGI a nivel nacional.

La evidente protección a Echegaray que hace la Cámara de Bahía no se puede desconectar de lo ocurrido recientemente en la Dirección Mar del Plata, que este medio reveló, cuando a través de la Disposición 278 publicada en el Boletín Oficial con fecha 2 de julio, la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) confirmó sugestivos y trascendentes cambios internos en la Regional marplatense. Los dos desplazamientos más importantes fueron los de los contadores Eduardo Bellini y Juan Pablo Bruschetti, Jefe y Supervisor de Fiscalización e Investigación, respectivamente.

Justamente, fueron quienes supervisaron la fiscalización de las reinspecciones de Austral Construcciones, de Lázaro Báez.