Las organizaciones que integran Infancia en Deuda (IED) presentaron un informe sobre el primer año de trabajo de la Defensoría de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. En el documento destacaron los avances en algunas problemáticas, aunque sostuvieron que aun faltan medidas administrativas y judiciales que garanticen el ejercicio total de los derechos.

El primer año de la defensoría estuvo marcado por los efectos de la pandemia que "profundizó la vulnerabilidad socioeconómica y las desigualdades que sufren las infancias y adolescencias de nuestro país”. En Argentina casi el 60% de las niñas y los niños viven en situación de pobreza y residen en hogares donde los ingresos no cubren la canasta básica total. Según el INDEC, en el segundo semestre de 2020, el 15,7% de niñas, niños y adolescentes (NNyA) de 0 a 14 años pertenecieron a hogares donde los ingresos totales no superan el valor de la Canasta Básica de Alimentos.

Infancia en deuda destacó distintos casos de vulneración de derechos en Argentina, por ejemplo, el estado de situación de niños de comunidades indígenas del Chaco Salteño. Remarcó especialmente lo que sucede en los departamentos de San Martín, Rivadavia y Orán, “donde se siguen registrando fallecimientos por cuadros de desnutrición o enfermedades asociadas a ella”. 

Lo que aún falta en Educación

Por otra parte, en materia de educación, hay un 63% de estudiantes de nivel primario y secundario de gestión estatal que no tuvo acceso a conectividad en tiempos de pandemia, lo cual impidió que puedan estudiar de forma remota. 

A nivel educativo también falla la implementación de la educación sexual integral. Según las organizaciones, la aplicación de la ley enfrenta numerosas barreras en todo el país y existen evidencias acerca de una ejecución heterogénea y dispar.

En el informe se detalla que las escuelas abordan la temática desde cuestiones biológicas y poco se tratan temas como violencia de género, diversidad sexual, embarazo en la adolescencia e igualdad de derechos entre hombres y mujeres. “Este reclamo no fue llevado por la Defensoría ante las autoridades educativas”, indicaron. 

Adolescentes en conflicto con la ley penal

Las organizaciones a cargo del informe pusieron el acento en la situación de adolescentes y jóvenes en conflicto con la ley penal, ya que hay un número importante de niños y adolescentes inimputables y no punibles privados de libertad o sancionados penalmente.

“La privación de libertad y encierro en la que se encuentran, más allá de ser arbitraria e ilegítima, determina la afectación de otros derechos fundamentales y de primordial importancia”, indica el informe.

“La privación de libertad en la que se encuentran, más allá de ser arbitraria e ilegítima, determina la afectación de otros derechos fundamentales y de primordial importancia”, reflexionaron las organizaciones. 

Desde la sanción de la ley 26.061, la Defensoría cuenta con funciones de control y supervisión sobre las entidades que integran el Sistema de Protección Integral de Derechos. En el informe se advierte que hay problemas relacionados con la financiación, la articulación entre sus actores y la falta de rigurosidad técnica entre los operadores, entre otras falencias.

“Valoramos positivamente el trabajo conjunto que se está desarrollando con UNICEF para la elaboración de un diagnóstico, línea de base y sistema de monitoreo del SPID”, explicaron las organizaciones. 

Espacios de escucha y denuncia

El organismo también debe garantizar espacios de escucha, atención, asesoramiento, tramitación de denuncias e interposición de reclamos. Desde IED aseguraron que desde un principio la Defensoría habilitó diversas líneas para esta tarea como correo electrónico institucional, redes sociales y consulta web.

El informe detalla que se recibieron 360 consultas/denuncias, pero que se desconoce cuáles fueron las medidas adoptadas, así como qué articulaciones se produjeron. Además, exigieron que se implemente un protocolo para gestionar los casos, así como la adopción de criterios de actuación para dar distintas respuestas institucionales. 

Si bien las organizaciones remarcaron que “el proceso de creación de este organismo representa un hito en la institucionalidad argentina”, en el informe solicitaron que se promuevan mecanismos internos para generar su autonomía e independencia. “Creemos relevante la implementación y publicación de protocolos de actuación”, argumentaron.  

Además observaron la ausencia de concursos u otros mecanismos de selección del personal de la institución. “Recomendamos a la Defensoría que, a través de la Secretaría de Coordinación y Administración Financiera, lleve adelante concursos transparentes y públicos, con criterios objetivos y claros para la designación de su personal, que aseguren la elección de las personas más calificadas y con más experiencia para cada rol”, indicaron en el informe.

Por último, pidieron que se cumplan los estándares vigentes en materia de transparencia activa y pasiva, como indica la Ley 27.275 de Acceso a la Información Pública, y que se sigan los lineamientos internacionales que exigen la publicidad de presupuestos desagregados que permitan monitorear los objetivos, funciones y metas tendientes a garantizar los derechos de niños y adolescentes.