Los fuertes cuestionamientos de la vicepresidenta Cristina Kirchner a la política económica obligarán a introducir cambios en el proyecto de Presupuesto y aumentar la emisión monetaria antes de las elecciones legislativas de noviembre.

La vice se quejó por la subejecución de partidas en varios ministerios, y la pérdida de poder adquisitivo de los sectores más pobres y jubilados, y en toda su carta sobrevuela la idea de que el Gobierno deberá emitir todo lo que haga falta en las próximas semanas para poner plata en el bolsillo de la gente.

Esto plantea un desafío para el ministro de Economía, Martín Guzmán, a quien la inflación se le fue de las manos este año, ya que vaticinó 29% y los precios estarán más cerca de subir un 45%.

Esto genera fuertes dudas sobre la proyección realizada por el ministro para el 2022, para cuando prevé un 33% de inflación, una meta que la mayoría de las consultoras considera imposible, y la ubican por encima del 40%.

Un dilema que deberá resolver Guzmán es el malestar que existe en el ala kirchnerista de la coalición gobernante respecto del ajuste en las jubilaciones.

Quedó de manifiesto cuando la jefa de la Comisión de Finanzas de Diputados, Fernanda Vallejos, admitió que los jubilados "pierden" ingresos con la reforma previsional aprobada el año pasado que impulsó Guzmán para reducir el déficit fiscal y dar señales al FMI.

Al ministro de Economía también le llueven advertencias desde el presidente del bloque de diputados del Frente de Todos, Máximo Kirchner.

El hijo de la vicepresidenta pidió "no inventar programas económicos enlatados que siempre fracasaron" en la historia argentina.

De paso, apuntó contra la quita de subsidios a las tarifas prevista en el proyecto de Presupuesto del año próximo.

"Hay que observar cómo está la sociedad y no actuar en base a cuentas matemáticas", advirtió, lo que preanuncia cambios en el proyecto.

Tras la carta en la que Cristina reclamó que se avance en la ejecución de obras previstas, el presidente Alberto Fernández prometió "acelerar la gestión de anuncios sociales y económicos que dan respuesta a los que más lo necesitan" en los próximos días.

El Presidente, después de reunirse con una quincena de gobernadores en La Rioja, dijo que corregirá "rápido todo lo que haya que corregir en cada rincón de la Argentina".

Durante el encuentro que mantuvo con gobernadores hubo coincidencias en que la única chance de dar vuelta la elección general el próximo 14 de noviembre es "con más peronismo y un shock de consumo para darle respuestas a los que menos tienen".

Tras tomar juramento a los nuevos ministros, el Presidente quiere avanzar rápido con el anuncio del paquete económico con el que el Frente de Todos buscará revertir el complejo escenario social que lo llevó a la derrota en las PASO.

El martes se anunciará la suba del Salario Mínimo para llevar el 35% de aumento acordado meses atrás, a entre 46% y 48%. 

También se elevará a $175 mil el mínimo no imponible para el pago de Ganancias.

La suba del salario mínimo impactará sobre el valor de los planes sociales.

El Gobierno estudia, además, el lanzamiento de un nuevo Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), pero más acotado.

Se analiza también un nuevo bono de la ANSES para jubilados que cobran la mínima, a pagarse en octubre.

Plata del FMI para hacer campaña

Finalmente, como reclamaba la vicepresidenta, la plata enviada en forma de derechos de giro por el FMI será utilizada para la campaña electoral.

A través de un decreto, se dispuso que el Banco Central podrá emitir hasta $ 422.000 millones y esa plata podrá ser utilizada para inyectar dinero para el consumo.

El BCRA le prestará esos fondos al Tesoro a través de una Letra Intransferible.

Así, el Gobierno recuperará margen de acción con una de las fuentes de financiamiento que es la emisión.

Este miércoles la Argentina deberá pagar la primera cuota de casi USD 1.900 millones del préstamo que recibió del FMI en 2018. Y en diciembre deberá afrontar otra similar.

Pero en marzo de 2022 el monto del vencimiento será mayor y para esa altura el país deberá tener avanzado un acuerdo con el organismo, si busca evitar caer en default.