“Que se caiga el mundo a pedazos. ¿Qué tan terrible puede ser?”, Susana Gutiérrez.

Este jueves, el presidente Alberto Fernández, en el marco de la 27º Conferencia de la Unión Industrial Argentina (UIA), invitó al Fondo Monetario Internacional (FMI) a que “haga su evaluación de lo que fue el fallido programa Stand-By”.

“Le pedimos al FMI que antes de que cerremos un nuevo acuerdo, haga su evaluación de lo que fue el fallido programa Stand-By por el que se desembolsaron 44 mil millones de dólares que se mal-utilizaron en pagar deuda insostenible y en financiar salida de capitales. Eso nos va a ayudar a terminar de entendernos. Es un paso necesario en este camino”, mencionó.

Criticando al gobierno del ex presidente Mauricio Macri y desafiando a las principales economías del mundo, el jefe de Estado insiste en que el préstamo del organismo internacional fue destinado al ex mandatario.

No, Alberto, el préstamo se lo dieron al país. ¿El acuerdo pudo tener fallas? Por supuesto, pero ello no le entrega pericia alguna para sostener dichos que apuntan a la autoevaluación del Fondo.

A ello cabe agregar que no está hablando en calidad de mandatario de paises tales como Estados Unidos, Japon, Alemania, Gran Bretaña o Francia; con mayor aporte al Fondo. Lo hace desde Argentina, por lejos el mayor deudor.

Tampoco se puede destacar un crecimiento real de la economía. Con una pobreza superior al 40% y con índices inflacionarios que se ubican en el segundo lugar de la región, Argentina no está en posición de pedir la autoevaluación de un organismo como el FMI.

Mientras ello ocurre, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) calcula que hay unas 6 millones de personas pasando hambre en Argentina, y según se desprende del informe “Panorama Regional de la Seguridad Alimentaria y Regional” realizado por cinco agencias de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), es el país de América Latina donde más empeoró el acceso a los alimentos.

En tanto, el Gobierno inyecta más de 100 mil millones de pesos, básicamente, para asegurarse que durante el mes festivo no hayan piquetes y, por supuesto, para brindar la ilusión de poder acceder a mayor cantidad de alimentos.

Se habla de ilusión porque mientras más personas acceden a ser beneficiarias de la tarjeta alimentar, el precio de los alimentos aumenta significativamente.

Ello puede verse en el sector de la carne, que contando tres semanas atrás a la fecha sufrió un alza que ronda el 20% y es lógico que los aumentos continúen. Ello está directamente relacionado al incremento de las retenciones que propuso el secretario de Comercio Interior Roberto  Feletti, que pasaría del 9% al 15%.

Desde el Ministerio de Producción conducido por Matías Kulfas, aseguran que es necesaria la eliminación del cepo a la exportación de carne, sobre todo por el apremio que ostenta el Gobierno a la hora de conseguir divisas.

Si bien dicha iniciativa está bastante avanzada, desde el oficialismo ya se advierte que el año que viene la implementación del cupo volverá y podrá ser aún más restrictivo, reduciendo de esta manera a 6 mil toneladas las ventas al exterior, lo que supone un 25% menos de lo que se exportó este 2021.

Lo que sucede con el Banco Central merece un capítulo aparte. Para frenar el aumento del dólar la máxima entidad financiera del Estado sale a vender reservas que superan los 100 millones de verdes.

Si bien las reservas totales se ubican en los 42 mil millones de dólares, las liquidas (Cash cash) apenas superan los mil millones de dólares, lo que supone un real problema para el funcionamiento normal de la economía Argentina.

Es que mientras la portavoz presidencial, Gabriela Cerruti, afirma que las reservas del BCRA son “robustas”, se aplican medidas que resultan contrarias a esa aclaración, como el límite de importaciones o la eliminación del pago de viajes al exterior y servicios conexos en cuotas.

Las mencionadas decisiones tienen como fin evitar la salida de dólares que, claramente, no sobran. Para ello desde el Gobierno se aduce que la clase media alta puede viajar sin problemas. ¿Qué tan extensa es esa clase? ¿Las personas/familias que se ubican por debajo no se merecen realizar un viaje? ¿Aquellos que precisan salir del país por trabajo o negocios tampoco?

Para colmo, nuevamente a pesar de que la ex periodista Cerruti sostenga lo contrario, las agencias de viajes, que vienen de atravesar una situación delicada con las restricciones impuestas a raíz de la pandemia del coronavirus, vuelven a verse afectadas.

“Es como cerrar una juguetería antes de Navidad”, graficó Lucila Roth de Agencias de Viajes Agrupadas. “Siempre digo que no fue la pandemia lo que nos arruinó, sino cada una de las decisiones gubernamentales”, añadió.

Es que desde la creación del impuesto país que tuvo lugar a principio del mandato de Alberto Fernández, para el sector todo fueron trabas.

Como si lo antedicho fuese poco, esta medida también afecta al turismo interno. Los vuelos de cabotaje aumentaron, en algunos casos, por encima del 100%.

Como si la cosa no pudiese estar peor, tras la impericia de la Dirección de Sanidad de Fronteras, que dejó entrar un buque proveniente de Cabo Verde confundiendo África con Asia, el Gobierno puertas adentro habla de la posibilidad de cerrar nuevamente las fronteras por el avance de la variante Ómicron de coronavirus.

Ello significa menor ingreso de divisas y, por ende, la necesidad de continuar agregando cepo al cepo del cepo; porque ya no hay reservas para financiar la compra de dólares.

Por último, cabe destacar que Miguel Ángel Pesce, titular del Banco Central, anunció que, mientras el proceso inflacionario lo permita, se acelerará la devaluación.

Ya lo advirtió el politólogo Andrés Malamud, “2022 va a ser un año trágico para la clase media”, aunque puede que se haya quedado corto porque quienes peor la van a pasar son aquellas clases más vulnerables.

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