Cuatro años después del operativo «Café de los Angelitos», el juicio por narcolavado contra la viuda y el hijo de Pablo Escobar, entre otros, todavía no empezó. La demora no fue por la pandemia ni por la cuarentena sino por las quejas, una tras otra, de Mateo Corvo Dolcet contra los investigadores, a los que acusó de armar «una imputación artificiosa» con «fórum shopping, excursión de pesca con participación de la AFI y la DAJuDeCO, invención de un arrepentido y un muy largo etc. que redundó en la privación real y concreta del ejercicio del derecho de defensa y que incluyó el ocultamiento de prueba nueva que confirmó la inexistencia de delito alguno en la Argentina». Aunque sin hacer juicio de valor sobre el concepto de fórum shopping, Encripdata pudo saber que los jueces de la Sala III de la Cámara Federal de Casación Penal (CFCP) finalmente le dieron la razón en cuanto a la competencia territorial: entonces, deberá ser un tribunal porteño -y no el Tribunal Oral en lo Criminal Federal (TOCF) 2 de San Martín- el que lleve adelante el juicio.

En esa serie de quejas, Corvo Dolcet intentó tirar abajo los acuerdos de colaboración y de juicio abreviado que alcanzó el narcotraficante colombiano José Bayron Piedrahita Ceballos con los funcionarios judiciales argentinos. No lo consiguió. También recusó a los integrantes del TOCF 2 San Martín, pero ese planteo quedó en abstracto porque los jueces de la Sala III de la CFCP ordenaron directamente que el debate lo realice un tribunal de Comodoro Py.

«Planteó la arbitrariedad del decisorio cuestionado, pues se obvió que ninguna de las acciones o conductas que conforman el objeto procesal, fue llevada a cabo dentro de la jurisdicción territorial del magistrado instructor y, por carácter transitivo, del Tribunal Oral. Explicó que se pretendió determinar la competencia por el lugar en el que se ‘planearon’ los hechos, prescindiendo de que los pagos por las compras de las acciones se efectuaron en CABA y que Piedrahita Ceballos fue categórico al afirmar que concretó su decisión de comprarle acciones a Corvo Dolcet mientras vivió en Puerto Madero», puntualizaron Corvo Dolcet y otros acusados.

«En consonancia con el criterio de los recurrentes y con cita de jurisprudencia de esta Cámara y del Alto Tribunal, el representante del Ministerio Público Fiscal entendió que lo relevante para la determinación de la competencia no es -como postuló el a quo- el lugar de planificación de los hechos o el de los efectos extratípicos del lavado de activos, sino el de la constitución del entramado societario utilizado para el despliegue de las maniobras de relevancia típica. Peticionó así que se disponga la desinsaculación del Tribunal Oral en lo Criminal Federal con asiento en esta ciudad que deberá continuar entendiendo en las actuaciones. Siendo ello así, cobra vocación aplicativa lo dispuesto por la Corte Suprem de Justicia de la Nación, en cuanto a que si el hecho investigado se ha proyectado en distintas jurisdicciones, la determinación de la competencia debe atender siempre a lo que resulte más conveniente desde el punto de vista de una mayor economía procesal y mejor defensa de los imputados», resolvieron.

Y la mayor economía procesal y la mejor defensa era en territorio porteño.

El fiscal general Raúl Pleé coincidió con el planteo de las defensas.

Mariana Barbitta, abogada de Mauricio Serna, más conocido como «Chicho», el exjugador colombiano multicampeón con Boca, no se quedó en el debate por la competencia territorial sino que fue al fondo de la cuestión: si existió o no delito o, en todo caso, si prescribió o no. «A nuestro criterio, sea la jurisdicción de San Martín o sea la de Comodoro Py, es indistinto: el caso es un disparate, la introducción de «Chicho» Serna es un disparate, la imputación en su contra es un disparate, una participación necesaria en un caso de lavado, ya lo hemos dicho varias veces, ya hemos planteado nulidades, ahora vamos a ver qué pasa con el nuevo tribunal. En el medio, por supuesto, Serna sigue obteniendo reconocimientos futbolísticos. Seguiremos trabajando», consideró ante Encripdata.

Una vez sorteado el tribunal, Corvo Dolcet y compañía podrán reeditar las quejas contra los acuerdos de colaboración y de juicio abreviado. En una declaración como «arrepentido» en una cárcel de Miami, Estados Unidos, Piedrahita Ceballos reconoció ante los fiscales Sebastián Basso y Diego Iglesias todos los delitos imputados a cambio de ser condenado a 5 años y 6 meses de prisión, entregar sus activos en la Argentina y pagar una multa de 165 millones de pesos. El acuerdo no está sellado, justamente, por la oposición de Corvo Dolcet. Según el punto 8 del artículo 431 bis del Código Procesal Penal de la Nación, «cuando hubiera varios imputados en la causa, el juicio abreviado sólo podrá aplicarse si todos ellos prestan su conformidad». Si Corvo Dolcet volviera a quejarse de eso, su suerte podría ser diversa: existen casos que le dan la razón y otros que avalan a los investigadores.

Una de dos: el tribunal porteño que resulte del sorteo convalida el juicio abreviado de Piedrahita Ceballos y, en consecuencia, fija implícitamente un piso de la pena de 5 años y 6 meses para Corvo Dolcet, de ser, lógicamente, encontrado culpable, porque, según el cierre de la instrucción, los dos fueron «coautores penalmente responsables del delito de lavado de activos, agravado por ser realizado como miembros de una organización formada para la comisión continuada de hechos de esa naturaleza»; o invalida el acuerdo y, entonces, obliga a participar al colombiano del juicio oral, al que llegaría como «arrepentido» y, por eso mismo, con la confesión de sus delitos grabada el 3 de junio de 2019, que podría provocar un resultado similar.

Piedrahita Ceballos también avanzó con su estrategia: en los Estados Unidos, reconoció haberle pagado en el 2010 unos 17.700 dólares a un funcionario de Homeland Security para que borrara su nombre de la Operación Piedra Angular por la que la DEA buscaba capturarlo desde 1996 junto a otros 17 integrantes del Cártel de Cali. Tras la confesión, fue condenado a 27 meses de prisión y otros tres años de libertad supervisada.

En Colombia, acordó con dos fiscales para entregar sus bienes en el país a través de un proceso de extinción de dominio.

En la Argentina, con los acuerdos de colaboración y juicio abreviado, confesó haber lavado 3.081.164 dólares y 1.713.035,15 pesos al invertir en negocios de Corvo Dolcet y otros empresarios. Tras salir de los Estados Unidos, se quedó en Colombia para arreglar sus cuentas pendientes, pero quedó a derecho en la Argentina. En su país, debe presentarse una vez por mes ante la Embajada de la Argentina en Bogotá para mantener ese estado.

Este año compareció vía Zoom por su estado: como publicó Encripdata, tuvo cáncer de piel y le detectaron un tumor maligno de próstata.

Así las cosas, será un tribunal porteño el que determine, seguramente a partir del próximo año, si el narco «arrepentido» Piedrahita Ceballos se asoció en la Argentina con el empresario Corvo Dolcet, el exfutbolista Serna y hasta la viuda y el hijo del extinto líder del Cártel de Medellín para lavar los millones que hizo con el Cártel de Cali o si, como a veces pasa, todo queda en la nada.