El pasado viernes 10 de diciembre, el titular del juzgado federal 3 de Mar del Plata, Santiago Inchausti, dictó el procesamiento de una pareja de productores agropecuarios y un abogado por el delito de trata de personas. Los imputados tenían a su cargo la explotación de un campo ganadero en la zona de Sierra de los Padres.

“Fueron las propias conductas de los imputados las que, a través del reclutamiento o captación de sus voluntades y acogimiento, los mantenían sometidos en condición de explotación laboral constante sin opción de modificarla”, expresó el magistrado.

En rigor de verdad, la noticia en sí misma no debería llamar la atención. De hecho, hasta podría pasar desapercibida. Salvo por un detalle: mientras avanzan numerosas causas en el distrito por trata y explotación, hay una en particular que permanece detenida en el tiempo. Es la que involucra a Pedro Etchebest y su hijo, denunciante aquel del fiscal Carlos Stornelli y del periodista Daniel Santoro en el expediente de Dolores por presunto espionaje y armado de causas, que está cerca de llevar a juicio oral al representante del Ministerio Público.   

El dato se vuelve más robusto si se tiene en cuenta el contexto. Es que entre 2008 y 2018, el departamento Judicial de Mar del Plata encabezó el ránking nacional de las jurisdicciones con más condenas por trata de personas, según un informe difundido en diciembre de aquel año por la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX), con 271 sentencias en las que fueron condenadas al menos 564 personas.

Además, cabe recordar que la titular del Programa Nacional de Rescate y Acompañamiento a las Personas Damnificadas por el Delito de Trata, dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, la psicóloga Zaida Gatti, consideró a comienzos de 2020 que la ciudad “tiene un altísimo nivel de trata de personas”, al tiempo que destacó “la desarticulación de redes afincadas” en el distrito. Un dato no menor: el citado Programa de Rescate fue el denunciante primario contra los Etchebest.  

El 14 de septiembre de 2018, el propio juez Santiago Inchausti, en el marco de la causa 29.337, dictó el procesamiento de Matías Albano Etchebest, por los delitos de “trata de personas con fines de explotación laboral, agravado por la cantidad de víctimas y sujetos activos, por el abuso de situación de vulnerabilidad, por haberse consumado la explotación y por haber sido cometido en perjuicio de menores de edad, bajo las modalidades de captación, traslado y acogimiento en concurso ideal con el delito de haber facilitado la permanencia irregular de personas extranjeras en el territorio nacional -siendo un total de 15-,doblemente agravada por el abuso de su necesidad, y por tratarse de menores de edad”.

Según altas fuentes judiciales locales, el proceso no registró ningún avance desde entonces. Pero en especial desde febrero de 2019, cuando Pedro Etchebest radicó la denuncia en el juzgado federal de Dolores, por entonces a cargo del hoy juez electoral Alejo Ramos Padilla, conspicuo miembro de Justicia Legítima.

Quien subroga actualmente el cargo es Martín Bava, que recientemente procesó al ex presidente Mauricio Macri, e insiste en enviar a juicio a Carlos Stornelli, a pesar de que el fiscal Juan Pablo Curi dictaminó que no estaba claro el procesamiento de su colega de Comodoro Py.

Los detalles de los hechos no justificarían la morosidad de la causa. En una entrevista mantenida con la Licenciada Ana Cordonnier, de Servicio Social, el 17 de mayo de 2018, una de las víctimas, de nacionalidad boliviana, manifestó que vivía en el campo de los Etchebest “desde hacía dos meses junto a su pareja, su hijo menor de edad y con otros grupos familiares también oriundos del Estado Plurinacional de Bolivia”, como consta en los autos de procesamiento.

También señaló que “el patrón –sin dar su nombre o alguna otra referencia– les abonaría los pasajes para viajar hacia la Argentina y les daría vivienda y buena paga”, aunque luego de arribar al lugar, “les manifestó que debían devolver el valor de los pasajes, por lo que dicha deuda los imposibilitaba para retornar hacia su país de origen, y les dio una sola habitación y un baño para 12 personas”. Asimismo, habría referido que “los niños y adolescentes estaban sin escolarizar y que trabajaban en las mismas tareas que realizaban los adultos”.

Las similitudes con la nueva causa que involucra a los productores agropecuarios son muchas. Para el juez Inchausti, las tres personas coimputadas “habrían actuado en connivencia y tenían pleno conocimiento de las tareas desarrolladas en el campo, y de la situación en la que se encontraban las víctimas”. Aquellos fueron procesados por el delito –agravado- de trata de personas con fines de explotación laboral y con el objeto de reducir o mantener a las víctimas en condiciones de esclavitud o servidumbre. Uno de ellos, además, está acusado del delito de coacción agravada, lesiones leves agravadas y lesiones leves y daño.

Cabe señalar que la causa se inició el 2 de junio de este año, luego de que una pareja junto a su hijo, según trascendió, “escapó del campo donde estaban trabajando y viviendo por las agresiones y amenazas que un hombre, a quien indicaron como dueño del lugar”. A partir de los hechos se formó una causa en el fuero provincial, que declinó luego la competencia en favor del fuero federal ante la posible configuración del delito de trata de personas, luego de que las víctimas relataron la situación en la que se encontraban.

En esa oportunidad la pareja relató en la sede policial de Balcarce que hacía dos meses prestaban funciones en la estancia Santa Catalina, ubicada entre aquella ciudad y Vivoratá, asegurando que les debían alimentos y denunciando las condiciones “denigrantes” en que estaban ante la imposibilidad de darle de comer a su hijo, un bebé de un año. La mujer contó que también fueron agredidos por el dueño del campo.

Cuando tomó intervención la Fiscalía Federal N°1, a cargo de Laura Mazzaferri, se ordenó la inmediata participación en el expediente del Programa Nacional de Rescate para asistir a las eventuales víctimas. Se trata del mismo Programa que inició la causa contra los Etchebest pero que luego no impulsó la investigación, al igual que la justicia federal marplatense.

El juez entendió que no puede soslayarse que todas las personas víctimas residían en la finca donde trabajaban, y las tareas “resultaban excesivas para sólo dos personas” ante la cantidad de animales que había en el predio, por lo que las jornadas de trabajo no se encontraban definidas, no contaban con francos ni tenían posibilidad de trasladarse por sus propios medios.

En un tramo de la resolución, el magistrado se refirió a la situación habitacional del predio: “Se trataba de un colectivo ubicado en la finca, al que le habían extraído los asientos para acondicionarlo como vivienda, conformando así un único habitáculo”. Y aclaró que “carecía de servicios básicos como luz, agua o gas, debiendo las víctimas adquirir una garrafa para calentar el agua, recurrir a una bomba para extraer agua y contaban con un baño improvisado ubicado fuera del lugar, con un inodoro en el interior de una dependencia hecha de chapa que, según relataron luego las víctimas, ellos mismos construyeron”.

En la causa contra los Etchebest, de acuerdo a la pesquisa instruida por el dr. Inchausti, en el campo habrían vivido 7 adultos y 8 menores de edad, “todos ellos oriundos de Bolivia, con su situación migratoria irregular, en condiciones de hacinamiento y en casillas de ostensible precariedad, quienes habrían sido víctimas del delito de trata de personas con fines de explotación laboral ya que los adultos y los adolescentes de entre 13 y 16 años de edad habrían trabajado en el mismo lugar en jornadas de excesiva duración, sin contrato laboral ni registración ante los organismos administrativos correspondientes, percibiendo por sus tareas salarios ínfimos o no acordes con la labor desarrollada, las que se habrían realizado además sin las correspondientes medidas de seguridad ya que no habrían sido provistos de elementos y herramientas propias para los trabajos que habrían realizado”.

También, según el magistrado, “se verificó la existencia de 4 casillas precarias con camas y colchones en mal estado”, por lo que se procedió a la detención de 6 personas, entre ellas, Pedro y Matías Etchebest, a quienes se los imputó por “haber participado desde el día 24 de enero de 2018 hasta el día 17 de julio de 2018, en las maniobras de captación, traslado y posterior acogimiento para su sometimiento a servidumbre con fines de explotación laboral”.

Los nuevos procesamientos que dictó Inchausti el pasado 10 de diciembre fueron altamente celebrados desde las esferas oficiales, tanto desde el mencionado Programa de Rescate, como por el Comité de Lucha contra la Trata y Explotación de Personas, que depende de la Jefatura de Gabinete de Ministros, creado por la ley 26.842 promulgada por el gobierno de la actual vicepresidente Cristina Kirchner el 26 de diciembre de 2012. Desde marzo de 2020 quien coordina las acciones del Comité es el amigo papal, Gustavo Vera.

Durante el primer semestre de gestión, el Comité elaboró el Plan Nacional para la Lucha contra la Trata y Explotación de Personas 2020 – 2022. El 23 de septiembre de 2020, en el marco del Día Internacional contra la Explotación Sexual y el Tráfico de Mujeres, Niñas y Niños el Plan Nacional se elevó ante la Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación. Finalmente, en junio de 2021 se promulgó la Decisión Administrativa 532/2021, que jerarquizó el rol y las funciones de la Dirección de Apoyo del Comité Ejecutivo, que pasó a denominarse Dirección Operativa. Pese a todo esto, el proceso contra los Etchebest no avanza.

“Posiblemente las dos causas estén un poco forzadas y se las intentó llevar al fuero federal cuando no debieron hacerlo, además de que detrás de esto quizá haya una especie de industria del juicio”, sostiene una alta fuente judicial marplatense. “Pero es muy llamativo que permanentemente salgan nuevos casos, y el de los Etchebest esté congelado”, agrega.