Los jueces de la Sala I de la Cámara Federal de San Martín confirmaron los procesamientos de los integrantes de una banda que, en los papeles, figuraban como beneficiarios del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) ante la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses), pero que, en realidad, vendían droga en la zona oeste del conurbano bonaerense, según el fallo al que accedió Encripdata. Para eso, se movilizaban en varios autos, algunos de alta gama.

Los camaristas Marcos Moran, Juan Pablo Salas y Marcelo Fernández le dieron la razón al juez federal de Morón Jorge Rodríguez al dar por comprobado, al menos con las pruebas necesarias en esta instancia, las acusaciones contra el sindicado jefe de la organización narcocriminal Leonadro Adrián Jauregui y sus cómplices. Por eso mismo, todos siguen bajo prisión preventiva y embargados por 8 millones de pesos.

La investigación contra Jauregui y compañía comenzó el año pasado cuando una persona aportó información sobre la comercialización de estupefacientes en Moreno y alrededores. En consecuencia, el juez anotó al informante como testigo de identidad protegida e impulsó el expediente.

En aquel momento, de los operativos simultáneos participaron agentes de la Dirección General de Operaciones Antidrogas Hidrovía del Paraná y del Departamento Operaciones contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Narcotráfico de la Policía Federal (PFA).

En una de las propiedades allanadas, encontraron 12 kilos de cocaína, elementos de corte, prensas y balanzas. También armas de fuego, dólares, pesos, papeles, celulares y, obviamente, los autos de alta gama.

En su defensa, el abogado de Jauregui dio a entender que la droga secuestrada en uno de los domicilios frecuentados por su cliente en realidad era de un familiar, también acusado, que la tenía para sí por su «grave adicción». Sin embargo, los camaristas recordaron las pruebas recolectadas contra ambos, por caso, varios seguimientos registrados por los detectives. También, obviamente, la cantidad de cocaína secuestrada, mucho más que para consumo personal. Por su acondicionamiento, remarcaron, estaba lista para vender.

Los camaristas hicieron lugar a la apelación en cuanto al procesamiento por lavado de activos provenientes del narcomenudeo. «Varios de los bienes por los que fueran indagados aparecen fuera del rango temporario del ilícito objeto de esta causa como hecho precedente», consideraron. En consecuencia, les dictaron la falta de mérito no solo a ellos sino también a dos mujeres allegadas, a las que ordenaron excarcelar de inmediato.

La investigación no terminó: además de seguir buscando pruebas para sobreseerlos o procesarlos por lavado de activos, el juez Rodríguez ordenó la captura nacional de un financista de Mar del Plata.