Entre la violencia, las corridas, los saqueos y el humo de los gases lacrimógenos se podía distinguir el precio del kilo de asado en una carnicería de Moreno: 2,49 pesos. Las imágenes y los documentos que recopilaron Marcelo Bonelli y Edgardo Alfano en la última edición de A Dos Voces, conmemorativa de los estallidos de diciembre de 2001, trajeron a la memoria de los argentinos la peor crisis económica y política en más de un siglo.

La violencia del 19 y 20 de diciembre de ese año no solo terminó de derribar el gobierno del presidente Fernando De la Rúa, también dio paso a que se derogara la ley de Convertibilidad.

Con la caída del malogrado gobierno de la Alianza y el fin de la convertibilidad se dio una sucesión de presidencias interinas que duraban días o apenas horas, hasta que el Congreso terminó haciendo presidente a Eduardo Duhalde. Con la convertibilidad también se terminó la única pausa que tuvo la inflación en más de 70 años.

Para muchos analistas, la clave de esa estabilidad fue el “uno a uno”. Quizás los políticos argentinos se la hacen un tanto fácil -y tal vez engañen a la audiencia- al afirmar que basta con fijar la paridad del dólar o incendiar el Banco Central para resolver la inflación crónica que empobrece a la Argentina.

La paridad un peso/un dólar funcionó durante exactamente una década, hasta que el déficit fiscal -ese cáncer eterno de la Argentina- se volvió infinanciable y generó una monumental fuga de depósitos en dólares de los bancos que terminó de quebrar a todo el sistema. La “pesificación” de los dólares de los ahorristas que dispuso el gobierno de Duhalde al no disponer de suficientes reservas terminó generando una desconfianza sobre la Argentina que perdura después de 20 años; y la inflación, que renació con la derogación de la convertibilidad, nunca más paró.

El precio del kilo de asado en esa carnicería saqueada de Moreno es un testimonio de la inestabilidad económica que empezó con el estallido en diciembre de 2001: la Argentina solo fue superada por Venezuela en cumplir 20 años consecutivos de inflación descontrolada.

Para tener una noción de la inflación que padecieron desde entonces los argentinos, vale comparar el precio del asado de diciembre de 2001 de la carnicería de Moreno con el de hoy. Según los precios “acordados” por el gobierno y algunos frigoríficos para los días de Navidad, los valores se multiplicaron por 20. Pero si se tiene en cuenta el valor “real” al que el asado está verdaderamente disponible en carnicerías y supermercados, su precio se multiplicó por 30 en 20 años: un fenómeno único a nivel mundial.

Para entender el enorme desafío político y comunicacional que enfrentará cualquier gobierno que suceda al kirchnerismo en 2023 si realmente quiere enfrentar el flagelo de la inflación vale la pena aprovechar los 20 años de la caída de la convertibilidad para entender que uno de sus principales secretos en esa pausa de la inflación no fue tanto la paridad “uno a uno”, sino una de las cláusulas que estaba en el corazón de ese sistema: la “desindexación”.

El artículo se refería a que se prohibía la “indexación” de todo tipo de contratos, pero su espíritu fue la clave para doblegar la inflación en tiempo récord, mientras otros países, como el propio Chile o Israel, tardaron años en conseguir la estabilidad total de sus precios.

El ministro Domingo Cavallo consiguió en los 90 la inflación de un dígito en menos de dos años después de varias olas de hiperinflación gracias al respaldo político que le dio en ese momento el presidente Carlos Menem, y a la capacidad del propio economista para comunicar una visión de economía estable y próspera. Pero la clave no fue solo el “uno a uno”, sino la desindexación de la economía.

La inflación sigue siendo un gran problema de la economía argentina

El triste recuerdo del estallido de diciembre de 2001 se produce en medio de nuevas negociaciones paritarias en las que la mayoría de los sindicatos está pidiendo más de 50 por ciento de aumento para arrancar 2022. No les falta una cuota de razón: la inflación de 2021 terminará en 50 por ciento, y muchos trabajadores perdieron poder adquisitivo durante el año. Ya habían perdido durante el 2020 y venían de perder frente a la inflación ya antes: es la consecuencia inevitable de pasar de tener el PBI per cápita más alto de América latina a convertirse en un país pobre.

De hecho, las paritarias serán un nuevo impulso a esa eterna indexación: las empresas -excepto las reguladas de servicios públicos- trasladarán esos aumentos a sus precios y, si el gobierno no las autoriza, se retirarán del mercado: el desabastecimiento fue una de las “marcas” del recuerdo de los años 70. Los aumentos que no puedan dar las empresas reguladas de servicios saldrán de la impresión de billetes con los que se subsidiarán sus salarios: y la mesa queda servida para la próxima hiperinflación.

En 1975, cuando la inflación se acercaba al 80 por ciento anual, los sindicalistas, con el metalúrgico Lorenzo Miguel a la cabeza, reclamaban en las paritarias aumentos que iban del 80 al 200 por ciento. Abandonados por el gobierno de Estela Martínez de Perón, los empresarios terminaron acordando: la inflación subsiguiente llegó al 1.000 por ciento anual y se convirtió en la tristemente célebre primera “híper” de la Argentina, que terminó devorándose al gobierno peronista y dio paso a la dictadura militar en marzo de 1976.

El vocabulario kirchnerista de hoy disfraza esa carrera de indexación con el término de “puja distributiva”, como si fuera algo normal que cada año empresarios y sindicalistas se agarren a las trompadas en un ring de box por quién aumenta más. Pero detrás no hay otra cosa que una indexación que se retroalimenta constantemente y termina acelerando la inflación - hasta que algún día esa inflación se convierte en “híper”.

El político que alguna vez pretenda encarar el drama de la inflación crónica que empobrece cada vez más a los argentinos tendrá el enorme desafío comunicacional de convencer a la opinión pública argentina de que para terminar con la carrera de la indexación permanente de precios, salarios e impuestos, además de terminar con el déficit fiscal, todos tendrán que ceder: una vez convencida la opinión pública, los políticos no harán otra cosa que seguirla.

El hoy diputado de Juntos por el Cambio y exministro de Economía de la Alianza, Ricardo López Murphy, puede dar una clase de cuánta política y cuánta comunicación se precisa para convencer a la opinión pública -y a la política- de que todos deben ceder para terminar con la indexación. Durante su breve ministerio, quiso rescatar la convertibilidad bajando el gasto público 13 por ciento a principios de 2001, y líderes sindicales y estudiantiles le tomaron las calles: lo hicieron renunciar a los 15 días.

Meses después de la renuncia de López Murphy, la política dio por terminada la convertibilidad y la desindexación de precios, salarios y contratos. Y el kilo de asado, 20 años después, aumentó 30 veces su precio, tomando como base la oferta de la carnicería saqueada de Moreno.